Los registros en las sedes de Alcoa acaban con tres detenciones

• La jueza María Tardón investiga la presunta despatrimonialización fraudulenta de sus plantas de producción de aluminio
• Una cuarta persona que iba a ser detenida se encontraba de viaje pero ha sido también citada a declarar

Agentes de la Policía Nacional a las puertas de la factoría Alu Ibérica en A Coruña, antigua planta de Alcoa.

La operación realizada este jueves por agentes de la Policía Nacional, en la que se han registrado por orden de la Audiencia Nacional las instalaciones de Alcoa en Madrid, Avilés (Asturias), A Coruña, Málaga y Castellón, se ha saldado con la detención de tres personas, dos en Madrid y una en Málaga, que serán puestos este viernes a disposición de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, señalan que una cuarta persona que iba a ser detenida en Castellón se encontraba de viaje en el momento del registro, pero se ha puesto en contacto con los agentes y ha sido también citada para que declare también mañana. A los cuatro se les imputa delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Los registros se realizaron en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de la metalúrgica en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Once registros y 100 efectivos

Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, en el operativo se registraron un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Y han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Fuentes de Alcoa España consultadas por Europa Press, puntualizaban a media mañana que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019.

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su "improductividad".

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a "problemas estructurales intrínsecos", y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su "menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", unidos a factores externos de mercado, como la "sobrecapacidad de producción de China", el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años "que previsiblemente continuarán en el futuro", alertaba Alcoa.

De esta forma, Alcoa argumentaba que el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña permitirá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián (Lugo), donde se produce tanto aluminio como alúmina. Sin embargo, posteriormente anunció también su intención de desprenderse de esta planta, y actualmente negocia su venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Querella presentada en diciembre

Fue en diciembre del año pasado cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara "una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella", para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, "teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella", la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, "eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros".

Feijóo cree que la venta de Alu Ibérica se cerró "en falso"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que la venta de las plantas de La Coruña y Avilés por parte de Alcoa a Parter Capital en julio de 2019 "se cerró en falso".

En cuanto a la operación policial en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha dicho que "es evidente" que Alu Ibérica "no puede seguir en la situación en la que está" y ha lamentado que el Gobierno no cumpliera la petición de los sindicatos y administraciones autonómicas de convocar la mesa industrial de seguimiento.

Además, el jefe del Gobierno gallego ha asegurado que desde la Xunta les sorprendió desde el primer momento que el Ejecutivo central autorizase la venta a un fondo de inversión: "Desde el primer momento dijimos que en el proceso de venta todo parecía indicar que se cerrara en falso", ha subrayado el presidente gallego sobre la operación de traspaso de Alcoa a Parter de las factorías firmada en julio de 2019.

Aunque ha llamado a esperar a los resultados de la investigación abierta por la Audiencia Nacional, el presidente ha recalcado que "la preocupación sigue siendo muy alta" y ha tildado de “anómala” la situación de la factoría.