EE.UU. transmite a Israel su oposición a la CPI tras abrir investigaciones de crímenes de guerra en Palestina

• Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI) puesto que no acepta su legitimidad
• La Corte, con sede en La Haya, determinará si se cometieron crímenes por ambas partes del conflicto en Cisjordania y Gaza

Un palestino pasa junto a un mural de periodistas asesinados en el 2014 entre Hamas e Israel en la ciudad de Gaza

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha hablado por teléfono este jueves con el primer ministro de Israel,  Benjamin Netanyahu, con el que ha coincidido en la oposición de sus Gobiernos a los "intentos de la Corte Penal Internacional de ejercer su jurisdicción sobre personal israelí".

Durante esa conversación, Harris subrayó el "compromiso" de EE.UU. con su alianza con Israel, según un comunicado de la Casa Blanca.

"La vicepresidenta hizo énfasis en el compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel. Expresó el fuerte apoyo a los recientes acuerdos pioneros de normalización de Israel con países del mundo árabe y musulmán", indica la nota.

Asimismo, Harris destacó la importancia de progresar en la paz, la seguridad y la prosperidad tanto de israelíes y palestinos. En la llamada, ambos "coincidieron en la importancia de continuar con la estrecha cooperación y colaboración en asuntos regionales de seguridad, incluido el programa nuclear de Irán y el peligroso comportamiento regional del régimen" iraní, dice el texto.

Se investigan los actos tanto de Israel como de Hamás

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio este miércoles luz verde a una investigación en Palestina después de que los jueces confirmasen en febrero que el tribunal tiene jurisdicción para juzgar supuestos crímenes de guerra presuntamente perpetrados por todas las partes en conflicto en los territorios ocupados por Israel.

Las pesquisas abarcarán supuestos crímenes de guerra cometidos tanto por las Fuerzas Armadas Israelíes como por Hamás y otros grupos palestinos, en ambos casos por ataques contra la población civil.

De acuerdo a un reciente informe de la Fiscalía de la CPI, el Ejército de Israel ha cometido algunos de los delitos que van a ser investigados en relación "con el traslado de civiles israelíes" a Cisjordania.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional iniciase una investigación.

Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, y se ha opuesto en todo momento al inicio de las pesquisas. El pasado 26 de enero, el entonces embajador en funciones de EE.UU. ante la ONU, Richard Mills, esbozó la postura del Gobierno del presidente Joe Biden ante el conflicto palestino-israelí durante una reunión sobre Oriente Medio en el Consejo de Seguridad.

La Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) supuso un vuelco en las políticas de EE.UU. con el traslado de la embajada del país a Jerusalén y la promoción de una serie de acuerdos para la normalización de los lazos de Israel con estados árabes, como Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Mills señaló que, con Biden, EE.UU. regresaría a sus posturas más tradiciones respecto al conflicto, con un apoyo a la solución de dos estados, uno palestino y otro israelí, aunque por el momento el nuevo mandatario estadounidense no ha dado señales de revocar las políticas de Trump al respecto.

El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, dijo durante sus audiencias de confirmación en el Senado, que creía que Jerusalén es la capital de Israel y aseguró que Washington mantendrá su embajada en esa ciudad.