El Gobierno recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar a los Franco por la recuperación del Pazo de Meirás

• El fallo reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos de conservación del inmueble
• Un estudio de la Abogacía del Estado sobre los fundamentos de la sentencia ha observado "errores de interpretación"

El Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada.

El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, de 12 de febrero de 2021.

Un fallo que, si bien es favorable a las principales pretensiones del Gobierno al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble.

Pese a que el Ejecutivo, tras conocer esa sentencia, avanzó que no la recurriría fundamentándose para ello en motivos estrictamente jurídicos, este martes ha anunciado que sí lo hará.

Un cambio de criterio que justifica en que la Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia y observa "errores de interpretación" o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda.

"Conclusiones que no se corresponden con la realidad"

Así, señala que la sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una "serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad".

"La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio", ha asegurado el Gobierno en un comunicado en el que ha anunciado el recurso de casación.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la Audiencia Provincial de A Coruña declaró que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado tras el recurso presentado por los herederos de Franco.

No obstante, les reconoció el derecho a ser indemnizados por los gastos de conservación.

Aunque el Gobierno subraya que ese fallo era favorable a sus principales pretensiones, el estudio detallado por parte de la Abogacía del Estado ha llevado a decidir finalmente la presentación del recurso.