El Congreso avala la reforma de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ caducado su mandato

• La reforma ha salido adelante por mayoría absoluta de 195 votos frente al rechazo de 126 -principalmente PP, Vox y Cs-
• La reforma impedirá, entre otras cuestiones, que el CGPJ haga nombramientos estando en funciones

El Congreso debate la reforma para limitar las funciones del CGPJ cuando ha caducado su mandato

El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado este jueves con mayoría absoluta la reforma de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su aprobación y su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.

La reforma de ley orgánica ha salido adelante con 195 votos a favor emitidos, principalmente, por el bloque de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En contra han votado 151 diputados -principalmente de PP, Vox y Ciudadanos- y ha habido una única abstención. La ley, al ser orgánica, solo podía ser aprobada con mayoría absoluta de, al menos, 176 diputados.

Con esta reforma, se impedirá, entre otras cuestiones, que el CGPJ haga nombramientos mientras está en funciones. Precisamente, desde que caducó su mandato en diciembre de 2018, el CGPJ ha designado 78 cargos judiciales, los últimos esta pasada semana.

Dos años y tres meses de bloqueo para su renovación

El Gobierno presentó esta reforma ante el Congreso después de que Bruselas censurara su primera iniciativa: una reforma legal para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los nuevos vocales y poder así sortear el veto del PP -reforma que se mantiene congelada-.

El mandado del CGPJ caducó hace ya dos años y tres meses y los contactos entre el Gobierno y el PP para renovarlo volvieron a encallar en las últimas semanas tras el veto de los 'populares' a dos magistrados propuestos por el Ejecutivo: el magistrado José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel, y la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y exdiputada de Podemos. Se suponía que el clima político era el adecuado una vez superada la cita electoral en Cataluña del 14 de febrero, pero el acuerdo no fructificó.

Ahora, con nuevas turbulencias políticas traducidas en mociones de censura en Murcia y Castilla y León y la duda de si en Madrid habrá elecciones u otra moción de censura, la posibilidad de limar las distancias parece más lejana si cabe.

En este contexto, durante el debate parlamentario, los partidos del Gobierno y buena parte de sus socios han reivindicado en la Cámara Baja la reforma frente al bloqueo del PP para renovar la institución, mientras que los 'populares' han insistido en que la iniciativa es un "chantaje" para obligarles a pactar la renovación del órgano judicial, que lleva dos años y tres meses en funciones.

PSOE y Podemos tildan la reforma de "necesaria" y culpan al PP

El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha defendido que es una reforma "necesaria y oportuna", apuntando por un lado al bloqueo del PP, al que ha instado a volver a la mesa de negociaciones, y, por otro, a todos los nombramientos que ha hecho el actual órgano de gobierno de los jueces en situación de interinidad. Es una ley "necesaria 'per se'", ha dicho.

Aranda ha achacado la falta de acuerdo para renovar el CGPJ al "miedo" del PP a Vox y, en este sentido, ha recordado que "el patriotismo no va de decibelios". "En política, el patriotismo se mide por la utilidad para la ciudadanía y en esto, señorías del PP, son muy poco patriotas, son muy poco útiles. Su corta visión política les hace bloquear cargos y alimentar la bancada ultra que se sienta a su derecha", les ha avisado.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha ratificado que "esta reforma viene impuesta por el incumplimiento del PP", al que ha echado en cara que cuando está en el Gobierno hay renovación y cuando está en la oposición es "imposible". Con su bloqueo y sus vetos, ha denunciado, "el trío de Colón mantiene un comportamiento antisistema".

Para Santiago, el "espectáculo de vetos y bloqueos" del PP ha herido de muerte el actual proceso para renovar el CGPJ. "El mal ya está hecho", ha sostenido, al tiempo que ha propuesto "empezar de nuevo" presentando nuevas candidaturas de jueces y magistrados "con toda transparencia". En concreto, ha pedido presentar candidaturas paritarias, para que "por primera vez en la historia de España" haya un CGPJ con igual número de hombres y mujeres, y que la presidenta sea mujer.

El PP "no se viene a aceptar las trágalas" ni "chantajes"

En el otro extremo, se ha situado el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, que ha explicado que el Gobierno debería saber que "obedecer y escuchar no son sinónimos" y que han aprobado una reforma que "merecería un suspenso en primero de Derecho de cualquier facultad", que está "huérfano de informes jurídicos" y que aglutina "el rechazo unánime del mundo del derecho".

A su juicio, la única finalidad de esta reforma era "chantajear al PP" con "técnicas facinerosas de un gobierno que comienza a demostrar demasiados tics autoritarios". "Aprobarán esta ley porque pueden y si el PP no se aviene a aceptar las trágalas, aprobarán la rebaja de las mayorías que tienen en la recámara", ha augurado.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha acusado a los socios del Ejecutivo de usar su "apisonadora de votos" para sacar adelante esta reforma, subrayando que "ni siquiera" han escuchado al CGPJ, que pidió emitir informe. También ha advertido de que con esta reforma lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos es "nombrar a su gente", llamando la atención sobre "la agotadora agenda judicial" por casos de presunta corrupción que tiene la formación 'morada'. En consecuencia, ha vuelto a exigir un cambio en el sistema de designación de los vocales del CGPJ.

Desde Vox, Javier Ortega Smith, que ha vuelto a hablar igualmente de ataque a la independencia de los jueces, ha reiterado la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para "bloquear las manos de los políticos, para que dejen de meterlas en la Justicia, y desbloquear las manos de jueces y magistrados", para que la decisión recaiga en ellos.

Los otros grupos parlamentarios han coincidido en denunciar el bloqueo de la renovación del CGPJ y el hecho de que siga realizando nombramientos en las altas magistraturas, pero también han criticado el "reparto de cromos" que tradicionalmente han hecho PP y PSOE de los asientos del CGPJ y han calificado la reforma de insuficiente. En esta línea se han manifestado Compromís, Bildu, CUP o los regionalistas cántabros.

El PNV, por boca de Mikel Legarda, ha rechazado tanto el "injustificable bloqueo" del PP, que considera una "anomalía constitucional", como la "reforma exprés" ideada por PSOE y Unidas Podemos. Respecto de esta última, ha criticado el procedimiento y el contenido por entender que no ataca "el problema de raíz", que ha situado en "la aplicación de criterios partidistas" en la elección de los vocales.

Dos años y tres meses en funciones y sin acuerdo entre el Gobierno y el PP

El Gobierno presentó esta reforma ante el Congreso después de que Bruselas censurara su primera iniciativa: una reforma legal para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los nuevos vocales y poder así sortear el veto del PP.

El mandado del CGPJ caducó hace ya dos años y tres meses y los contactos entre el Gobierno y el PP para renovarlo volvieron a encallar en las últimas semanas tras el veto de los 'populares' a dos magistrados propuestos por el Ejecutivo: el magistrado José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel, y la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y exdiputada de Podemos. Se suponía que el clima político era el adecuado una vez superada la cita electoral en Cataluña del 14 de febrero, pero el acuerdo no fructificó.

Ahora, con nuevas turbulencias políticas traducidas en mociones de censura en Murcia y Castilla y León y la duda de si en Madrid habrá elecciones u otra moción de censura, la posibilidad de limar las distancias parece más lejana si cabe.