La junta militar birmana acusa a Suu Kyi de aceptar ilegalmente 600.000 dólares y oro

• La represión de las manifestaciones contra la asonada militar ha causado este jueves al menos 12 bajas
• Un experto de la ONU afirma que la junta "comete probablemente crímenes contra la humanidad"

Imagen de archivo de la líder birmana Aung San Suu Kyi

La junta militar de Birmania ha acusado este jueves a la líder de facto derrocada, Aung San Suu Kyi, de haber recibido pagos ilegales de 600.000 dólares (alrededor de 501.400 euros al cambio) y cantidades de oro, un nuevo cargo contra la antigua líder del Gobierno que se encuentra detenida desde el golpe de Estado el 1 de febrero.

El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, ha señalado que la Nobel de la Paz recibió el dinero y el oro durante su mandato del jefe de la región de Rangún --la ciudad más grande del país--, Phyo Min Thein.

Las nuevas acusaciones llegan después de que la brutal respuesta de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que protestan contra la asonada militar dejara este jueves al menos 12 muertos y tras la solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que cese la violencia y la liberación de Suu Kyi.

Otros cargos contra Suu Kyi

Desde que fue detenida el día del golpe de Estado, la Nobel de la Paz, de 75 años, ha sido acusada de diversos cargos y mantenida prácticamente incomunicada. La primera acusación fue presentada el 3 de febrero por infracciones de la ley de importación y exportación del país por unos 'walkie talkies' que la Policía encontró en su vivienda. También presentaron cargos en su contra por violar leyes de gestión de desastre en el marco de la pandemia.

Un mes después del levantamiento militar, un tribunal birmano presentó un nuevo cargo por "incitación" contra la líder de facto derrocada al vulnerar el artículo 505(b) del Código Penal, que castiga la publicación de mensajes que inciten "miedo o alarma" o que alguna persona cometa algún crimen contra el Estado.

Un tribunal birmano presenta nuevos cargos contra Suu Kyi

Este jueves, la junta militar ha acusado a Suu Kyi aceptar ilegalmente dinero y oro. "El antiguo jefe de Rangún Phyo Min Thein ha afirmado que entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, él entregó personalmente 600.000 dólares en efectivo" y oro, ha señalado el portavoz militar. Los cargos pueden suponer una condena de varios años de cárcel para la Nobel de la Paz.

Más de 70 muertos por la represión contra los manifestantes

Al menos 12 personas han muerto este jueves por disparos de las fuerzas policiales en varias ciudades de Birmania durante las manifestaciones contra la junta militar, elevando a más de 70 la cifra de bajas desde que comenzaron las protestas. Además, al menos 1.689 personas, entre ellas políticos, estudiantes y monjes, se encuentran detenidas desde el levantamiento militar.

Esta nueva jornada de brutalidad policial se produce después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara este miércoles condenar la represión violenta de las protestas, pero no denunciar el golpe de Estado protagonizado por los militares --que justifican por un supuesto fraude en los comicios de noviembre-- o hablar de posibles medidas en respuesta a la asonada militar.

Los quince países han dado el visto bueno a un texto de compromiso en el que se solicita la contención a los militares y se reclama la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria, según fuentes diplomáticas.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha verificado 55 vídeos realizados por miembros del público y medios y compartidos en las redes sociales, que asegura que demuestra una estrategia crecientemente letal por parte de las autoridades militares.

La ONU acusa a la junta de cometer "crímenes de lesa humanidad"

El experto independiente que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Thomas Andrews, ha acusado este jueves a la junta militar birmana de haber cometido "crímenes de lesa humanidad" desde el levantamiento militar.

"Existen pruebas" de que los militares y sus máximos líderes "probablemente estén cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, desapariciones forzosas, persecución, tortura y violación de las normas fundamentales del derecho internacional de encarcelamiento", ha señalado.

Asimismo, Andrews ha pedido imponer sanciones multilaterales a los líderes de la junta y a la empresa de petróleo y gas de Birmania, de propiedad militar, cuyos ingresos por proyectos de gas natural llegarán este año a 1.000 millones de dólares.