El Congreso aprueba el paquete de ayudas directas a empresas con una elevada abstención y críticas a Calviño

• La oposición considera que es "insuficiente", "llega tarde", "deja fuera a sectores" y no han sido negociadas
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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, durante su intervención en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, aunque con una elevada abstención, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas dotado con un total de 11.000 millones, que incluye un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos afectadas por la crisis de la COVID-19. Las ayudas han sido criticadas por la mayoría de grupos parlamentarios porque, entre otros motivos, consideran que son "insuficientes", "llegan tarde", "dejan fuera a sectores" y no han sido negociadas.

A pesar de que la medida entró en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada Real Decreto-ley debe someterse al examen del Congreso en el plazo de un mes para su definitiva convalidación. En este caso, la norma ha sido aprobada por 177 votos a favor, 118 en contra y 113 abstenciones, entre ellas las del Partido Popular (PP), Ciudadanos o PNV, que habían solicitado que se tramitase como proyecto de ley para poder proponer cambios en forma de enmiendas.

La formación que lidera Pablo Casado, por ejemplo, ha exigido la inclusión de sectores no beneficiados de las ayudas, como el de la elaboración del vino, las peluquerías y estéticas, el sector del calzado, o centros educativos de enseñanza reglada. También Unidas Podemos, formación integrante del Gobierno de coalición que ya negoció en el seno del Ejecutivo el contenido de la nueva norma, ha avanzado su intención de realizar modificaciones.

"Este Real Decreto-ley no es perfecto", ha aseverado el portavoz de la formación 'morada', Pablo Echenique. Por ello, pedirán que se excluya entre los sectores beneficiados por las ayudas el de las casas de apuestas y también que se elimine el requisito de no haber presentado pérdidas en el ejercicio 2019, por considerarlo demasiado restrictivo.

La oposición critica el alcance, el retraso y la falta de negociación

Todos los grupos en general han mostrado su disconformidad con la norma por considerar que las ayudas "llegan tarde" y son "insuficientes", principalmente porque sólo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de 'souvenirs'. También han criticado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por no haber negociado la norma con la oposición.

El PP ha justificado su abstención "por responsabilidad", pero ha instado al Gobierno a simplificar el proceso de concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez "un procedimiento de gestión largo, costoso" y que "recae sobre las comunidades autónomas, sin además haberlo debatido ni consultado con ellas. Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto "claramente ineficaz", con medidas "insuficientes" que, a su juicio, "sólo aplazan el desastre".

Desde Vox, la diputada Patricia Rueda ha denunciado que el texto establece "tantos condicionantes" -entre los que ha destacado la obligatoriedad de mantener la actividad hasta junio de 2022- que hará "prácticamente imposible" que muchos negocios puedan acceder a las ayudas. "Llegan tarde no, tardísimo", ha reprochado Ferrán Bel (PDeCAT), señalando que sectores con pérdidas del 40 % y el 50 % se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente, y por tanto hay sectores más afectados en comunidades concretas.

Expectación e incertidumbre en las empresas por las ayudas aprobadas por el Gobierno

Una de las formaciones más críticas ha sido el PNV. Su diputada Idoia Sagastizabal ha considerado que el decreto no es "eficaz" ni "eficiente", ya que la crisis no ha afectado por igual a todos los sectores en todas las comunidades autónomas, al tiempo que existe el riesgo de que ciertas actividades puedan ser "doblemente subvencionadas" mientras que otras podrían quedarse fuera de dichas subvenciones.

Entre quienes han apoyado el decreto también ha habido críticas. Ana Oramas (CC), ha asegurado que el decreto "llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino", mientras que Inés Sabanés (Equo) ha calificado de "incomprensible" la "resistencia a la aplicación de ayudas directas", cuando otros países menos dependientes a actividades afectadas por las restricción se adelantaron a estas medidas. "Votaremos que sí, pero sólo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos", ha explicado Joan Cadpevila (ERC), que cree que en el Ejecutivo "merecían un 'no'" a su decreto "por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado".

Calviño dice que este año se movilizarán 29.000 millones, el 2 % del PIB

Ante esto, la vicepresidenta económica ha defendido este fondo de ayudas porque, tras el daño "significativo" causado por la pandemia, "tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos".

“Tenemos por delante semanas complicadas“

Durante su intervención, Calviño ha asegurado que este año se van a movilizar unos 29.000 millones de euros, el 2 % del PIB, "para dar una respuesta adecuada en el plano sanitario, educativo y económico". Así, a los 11.000 millones de euros aprobados este jueves, se suman las cuantías dedicadas a los ERTE u otras dedicadas a proteger el empleo y los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros.

"Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo", ha defendido la ministra, que ha pedido a la Cámara el apoyo a la citada norma.

7.000 millones en ayudas directas

En total, el decreto ley contiene 7.000 millones de euros en ayudas directas que se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación. De este importe total, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.

Respecto al reparto de las ayudas, los autónomos que tributan en módulos recibirán 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas. Las ayudas, que se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de este año, compensarán, como máximo, el 40 % de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20 % para el resto de empresas.

Las comunidades autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio, aunque está pendiente de publicación la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones y que se aprobará en los próximos días.

Además de ayudas directas, se prevé un conjunto de medidas, dotada con 3.000 millones de euros, de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera. Además de un fondo de recapitalización de empresas medianas afectadas por la crisis dotado con 1.000 millones de euros y gestionado por Cofides.