El PP recurre ante el Tribunal Constitucional la 'ley Celaá': "Es un atentado contra la libertad"

• Anuncia también que recurrirá a las instituciones europeas y que derrogará la ley cuando llegue a la Moncloa
• Vox también ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley educativa

El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la 'ley Celaá'

El PP, junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como 'ley Celaá', aprobada en el Congreso a finales del año pasado, porque, según el líder de los 'populares', Pablo Casado, el texto "es un atentado contra la libertad".

En un acto conjunto con el presidente de UPN, Javier Esparza, en un colegio concertado J.H Newman de Madrid, ha asegurado que la nueva ley del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos conlleva problemas "contra de la libertad, contra la unidad del sistema y contra la calidad del mismo".

El líder de los 'populares' ha recriminado al Ejecutivo de Pedro de Sánchez "no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma" por la pandemia del coronavirus. Y ha asegurado que cuando el PP estaba en el Gobierno intentó llegar a un Pacto Educativo "desde el principio".

"Atentado contra la libertad"

Para Casado, la 'ley Celaá' supone un "atentado contra la libertad". En primer lugar, el líder de PP considera que atenta contra la elección de centro educativo que tienen las familias al margen de la zonificación. También es un "ataque frontal a la educación concertada" y la capacidad de los padres para escoger esta enseñanza. Y por último, cree que la ley "pone en grave riesgo que los niños con discapacidades puedan ir a colegios de enseñanza especial".

En este punto, el presidente del PP ha lamentado "las palabras impresentables e inadmisibles" de la titular de la cartera de Educación y FP, Isabel Celaá, tras su respuesta al diputado 'popular' Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles. "En mi opinión, merecerían su cese inmediato", ha subrayado.

En cuanto a los problemas de unidad, Casado ha subrayado que la ley "ataca al castellano como lengua vehicular", algo que ha considerado "absurdo" pues es la "segunda lengua más enseñada en el mundo y la tercera más hablada". También cree que atenta contra la unidad porque limita las materias troncales y los curriculos comunes en materias como Historia o Geografía. "Estamos viendo un uso torticero de la educación", ha reprochado.

Además, considera que "no refuerza la alta inspección" frente al adoctrinamiento, que dice está sucediendo en algunas comunidades autónomas.

El último problema que ve el PP es que la 'ley Celaá' va en contra de la calidad educativa porque se rechazan las "evaluciones públicas" y una EBAU (pruebas de acceso a la universidad) nacional, así como que se permita pasar de curso con suspenso. Además, lamenta que no se acepte un MIR para el profesorado.

Derrogará la 'ley Celaá'

Además del recurso ante el Constitucional porque considera que vulnera el artículo 27 de a Carta Magna, Casado ha anunciado que acudirá a las instituciones europeas porque también vulnera el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Asimismo ha recordado que ya anunció que cuando llegue al Palacio de la Moncloa derogará la 'ley Celaá' y restablecerá la 'ley Wert' auque con "mejoras".

Por otro lado, ha asegurado que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP, ya están haciendo frente a la nueva ley educativa. En este sentido, ha explicado que en estas regiones se ha adelantado la matriculación para "garantizar la libre elección de colegio", que se han ampliado los "conciertos educativos", se ha limtado el número de supensos para pasar de curso y se ha mantenido el castellano como lengua vehicular.

Los principales preceptos que impugna el PP

El recurso de inconstitucionalidad del PP contra la 'ley Celaá' impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales. En concreto, Recurre los artículos uno, ocho bis, diez, doce, dieciséis, diecisiete, veintisiete, veintiocho, veintinueve, cincuenta, 51 bis, 56, 78, Ochenta y uno 2 bis, 83, 89, Disposición Adicional Tercera y Disposición Adicional Cuarta de la Lomloe, conocida como Ley Celaá.

Los 'populares' recurren el artículo 50 sobre la educación especial, al entender que ante discrepancias, "sólo se tiene en cuenta la voluntad de las familias" que optan por la educación ordinaria y que se asume "de forma prejuiciosa y manifiestamente inconstitucional, que el régimen más inclusivo es el seguido en centros que no son de educación especial". El PP considera que la ley restringe la libertad de las familias para elegir centro.

En cuanto a la educación concertada, considera que al limitar el cobro a las "actividades extraescolares y servicios escolares" y reclamar que no haya discriminación económica en las complementarias se produce una "asfixia económica" de este tipo de enseñanza.

Recurre también el artículo 81 porque, a su juicio, "el precepto impone a los municipios un deber de cooperación para la obtención de suelo necesario sólo para la construcción de centros docentes públicos, no de centros docentes privados o concertados", lo que demuestra la voluntad del Estado "de crear un sistema educativo monolíticamente público, arrinconando y marginando a los centros educativos que no sean públicos".

Impugna el artículo uno que, según el PP, impone que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos apliquen la coeducación, o sea, la educación mixta, "con lo que excluye" de la percepción de fondos públicos a los centros que apliquen en sistema de educación diferenciada entre alumnos y alumnas.

Sobre la lengua vehicular, la razón de la inconstitucionalidad denunciada por el PP radica en que la calificación como lengua propia "solo para designar las materias referidas a las lenguas cooficiales deja al español o castellano, por contraposición, la consideración de lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta, que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más" en las CCAA con lenguas cooficiales. Además, la ley "omite garantizar el carácter vehicular en la enseñanza del castellano, vulnerando así los arts. 3.1 y 2 y 149.1 de la Carta Magna".

Vox también recurre la 'ley Celaá' ante el TC

El recurso del PP no es el único que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la 'ley Celaá'. También el grupo parlamentario de Vox en el Congreso registró el pasado jueves ante el Alto Tribunal un recurso de inconstitucionalidad por considerar que es "sectaria y excluyente".

Así definió la ley la diputada de Vox Macarena Olona, quien a las puertas del Tribunal Constitucional explicó que piden la nulidad íntegra por defectos de tramitación o bien la subsidiaria nulidad parcial de varios apartados, entre ellos los referidos a la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana.

Respecto a la "ausencia de garantías democráticas" durante su tramitación, Olona ha indicado que faltaron informes consultivos del Consejo de Estado y el Consejo Escolar.

Si esa nulidad íntegra fuese desestimada, Vox pide que se supriman los artículos sobre la educación concertada por, a su juicio, suprimir el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público.

La nulidad del apartado sobre educación especial es solicitada por fijar un plazo de diez años para suprimir progresivamente los centros concertados especializados en la atención al alumnado, ha señalado Olona, quien además ha opinado que la opción pedagógica de la educación diferenciada por sexos sí es constitucional, por lo que no puede tener diferenciación en la financiación pública.

El recurso también atañe a la asignatura de religión, que "se suprime" porque "se impone la ideología de género y la educación afectiva-sexual como principios de todo el sistema educativo".

La exclusión del castellano como lengua vehicular es objeto también del recurso de Vox. Vox pide al Constitucional también que se pronuncie sobre "el suelo de competencias básicas del Estado", por la "inhibición" que aprecian en la 'ley Celaá'.