El Gobierno lleva al Constitucional la ley gallega que abre la puerta a la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID

• El Ejecutivo plantea un recurso al entender que la norma introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,

El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Salud de Galicia. La reforma, que prevé multar con hasta 60.000 euros a quienes se nieguen a vacunarse sin justificación, fue aprobada el pasado martes en el Parlamento gallego con los únicos votos a favor del Partido Popular (PPdeG) y la crítica de la oposición.

Tras la pregunta que el Ejecutivo trasladó hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la modificación de ley llevada a cabo en Galicia, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha apuntado que la ley autonómica "obliga a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención, como, por ejemplo, la vacunación obligatoria".

Según detalla el Gobierno, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que pueden ser objeto de inconstitucionalidad, tal y como han señalado los correspondientes departamentos ministeriales.

Posible limitación de los derechos fundamentales

El recurso, que puede ser presentado hasta el próximo, introduce, según detalla el Ejecutivo, restricciones y limitaciones a derechos fundamentales que, tal y como determina el artículo 81 de la Constitución española, quedan reservadas a una Ley Orgánica. "Los derechos fundamentales solo se pueden recoger en una Ley Orgánica y como tal solo puede ser dictada por el legislador estatal", ha manifestado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

La respuesta del Gobierno a la ley gallega pone concretamente el foco en el artículo 5 de la norma que habla del "sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización", es decir, abrir la posibilidad a una vacunación obligada, tal y como entienden desde La Moncloa. También se encuentra bajo la lupa el artículo 7 que podría interferir, observan, con lo establecido en una Ley Orgánica al incluir materias preventivas en materia de salud pública.

Además, el Gobierno también contempla posibles puntos de desencuentro en lo contenido en los apartados 'Doce','Trece', 'Catorece' y 'Quince', que abordan el régimen de infracciones y sanciones referidas a las conductas que regula el apartado 5 y siguientes.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo ha criticado la fórmula elegida por el Gobierno central, a quien reprocha "falta de diálogo" y censura lo que entiende como "hacer oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia".