Enlaces accesibilidad

Estados Unidos pone fin a las sanciones de Trump contra algunos integrantes de la Corte Penal Internacional

  • La Administración Biden las ha revocado por "inapropiadas e ineficaces"
  • Sin embargo, ha expresado sus discrepancias por las medidas de ese organismo sobre la situación en Afganistán y Palestina

Por
Imagen de archivo del 23 de noviembre de 2018 de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda (i), durante un juicio en La Haya, Países Bajos.
Imagen de archivo del 23 de noviembre de 2018 de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda (i), durante un juicio en La Haya, Países Bajos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado este viernes por "inapropiadas e ineficaces" las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que investiguen a tropas estadounidenses o a aliados, aunque ha expresado sus discrepancias por las medidas de ese organismo sobre la situación en Afganistán y Palestina.

En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha indicado que con esta decisión se pone fin a la "amenaza e imposición de sanciones económicas y restricciones de visado en relación con la Corte".

Como resultado de la determinación se han levantado las sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, ha agregado la nota.

Además, la Administración Biden ha acabado con una medida separada de 2019 que contemplaba restricciones de visado para cierto personal de la CPI.

"Estas decisiones reflejan nuestra valoración de que las medidas adoptadas eran inapropiadas e ineficaces", ha puntualizado Blinken en la nota.

En junio del año pasado, Trump autorizó sanciones económicas a los funcionarios de la CPI "directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento" de su país.

Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a EEUU.

La CPI pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.

Además, Bensouda considera que existen bases para iniciar una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Palestina, y que implicarían tanto a Israel como al movimiento islamista Hamás.

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998.

Blinken ha expresado que Estados Unidos, ahora bajo la Administración del demócrata Biden, sigue "discrepando firmemente con las medidas de la CPI relativas a las situaciones de Afganistán y Palestina".

"Mantenemos nuestra antigua objeción a los esfuerzos de la Corte por hacer valer su jurisdicción sobre el personal de Estados que no son partes, como Estados Unidos e Israel", ha afirmado.

"Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor a través del compromiso con todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de la imposición de sanciones", ha puntualizado Blinken, quien ha apoyado que Estados firmantes del Estatuto de Roma -carta fundacional del alto tribunal- “estén estudiando una amplia gama de reformas” a esa instancia.

La CPI acoge " con satisfacción" la decisión de EE.UU.

Por su parte, la Corte Penal Internacional ha acogido "con satisfacción" la decisión de Estados Unidos, tal y como ha manifestado a través de una publicación en su perfil de Twitter.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma -órgano legislativo y de supervisión de la CPI-, Silvia Fernández de Gurmendi, también ha expresado, a través de un comunicado, su "profundo reconocimiento" por la decisión adoptada este viernes por el Gobierno de Estados Unidos.

"Esta decisión contribuye fortalecer la labor del tribunal y, de manera más general, a promover un orden internacional basado en el derecho", ha subrayado.

Fernández de Gurmendi ha confiado así en que la decisión "marque el inicio de una nueva fase de nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad de tales crímenes".