Las "grandes olvidadas" de la sanidad pública: odontología, fisioterapia, podología y salud mental

• Hay personas que prescinden del tratamiento que necesitan por no poder pagar el coste de una clínica privada
• Según los expertos, ampliar la cartera de la sanidad pública mejoraría la prevención y evitaría algunas enfermedades graves

Varias personas esperan para ser atendidas en la clínica de un especialista privado.

Odontología, fisioterapia, podología o salud mental son algunas de las especialidades sanitarias que en España no cuentan con una cobertura plena dentro del Sistema Nacional de Salud y que, por esta razón, abocan a muchas personas a recurrir a la vía privada para poder someterse a algún tratamiento que necesitan o a prescindir del mismo, si el bolsillo no puede asumir el gasto..

Resulta fácil pensar que esa segunda opción se estará extendiendo mientras una crisis económica como la derivada de la pandemia de COVID-19 azota al país, y esto es algo que, según los expertos, dejará a muchas personas sin la posibilidad de atender algunos problemas de salud que a corto plazo empeoran su vida y que a la larga podrían desencadenar enfermedades más graves.

Después de que el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, reclamara el pasado mes en el Congreso un plan nacional de salud mental que garantizara un tratamiento rápido y universal, profesionales de otras ramas también "olvidadas" explican a RTVE.es por qué es es conveniente ampliar la cartera de servicios sanitarios públicos. Lo hacen en el Día Mundial de la Salud y en defensa de una sanidad pública de mayor calidad.

Salud bucodental: un gasto medio de 475 al año en las familias

Desde el Consejo General de Dentistas de España lamentan que, siendo claro e indudable que todas las partes del cuerpo humano están “interconectadas” e influyen en la salud, haya especialidades que queden “en segundo plano” dentro del sistema público, como ocurre, dicen, con la salud bucodental.

En contra de esa realidad, el presidente de esa corporación, el doctor Óscar Castro Reino, argumenta que una persona que padezca, por ejemplo, una infección de encías tiene más posibilidades de tener un infarto de miocardio, de sufrir problemas cerebrales o de salir peor parado tras contraer el coronavirus. Por eso, defiende la necesidad de mejorar el sistema de prevención en esa rama sanitaria y ampliar los servicios de la sanidad pública, que actualmente deja fuera algunos tratamientos como la ortodoncia o los implantes y que no cuenta con personal suficiente para atender de manera ágil los procedimientos odontológicos que sí están cubiertos.

Si ese cambio llega, las visitas al dentista dejarán de depender de forma tan directa de la economía de las familias y será menos probable que se produzcan nuevas estafas como la de iDental, opina Castro.

“Aproximadamente, en una unidad familiar de cuatro personas se hace un gasto de unos 475 euros al año en tratamientos bucodentales. Y hablamos de medias, que no es del todo una cifra real porque hay gente que se gasta 10.000 euros”, apunta el doctor, quien también señala que el 98 % de los más de 40.000 dentistas colegiados en el país trabaja en el sector privado.

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“Si no llego a pagarme primero un privado, no habría solucionado un problema de mandíbula“

Marcelo, de 40 años, ha pasado por muchos sillones de consultas privadas en los últimos años por un problema bucodental que parecía estético y que comenzó con una ortodoncia —tratamiento que no está cubierto ni en adultos ni en niños en España— pero que terminó en una operación de mandíbula y una nueva ortodoncia tiempo después. El coste de la cirugía maxilofacial se lo cubrió la Seguridad Social, pero ha tenido que pagar las dos ortodoncias y las múltiples pruebas a las que se ha sometido en los últimos años.

En total, más de 7.000 euros, sin contar con que algunas consultas y estudios se los ha cubierto el seguro privado de su empresa. Lo peor, dice, es saber que, si no llega a pagarse primero una consulta privada, “no habría llegado a solucionar” un problema de mandíbula al que sigue haciendo frente y que le llegó a ocasionar fuertes dolores de cuello.

"Una asociación vecinal me ayudó a pagar la factura"

Cuando se trata de niños la cobertura dental es más amplia, pero cada comunidad tiene un programa distinto y no todos ofrecen la atención que algunas familias necesitan.

La experiencia que Fátima vivió recientemente sirve de ejemplo. Ella llevó a un hospital público a su hija porque tenía una infección en la boca y le dijeron que allí no podían hacerse cargo de todas las intervenciones (extracción y varios empastes) que necesitaba la pequeña "porque aún no había cumplido los seis años", que es la edad a la que se inicia la cobertura en su comunidad (Madrid), cuenta en una conversación con RTVE.es.

La mujer tuvo que recurrir finalmente a una clínica privada y fue una asociación vecinal, La Incolora, la que se hizo cargo de la mayor parte de la factura porque su frágil economía familiar no podía asumir el coste: “Soy una persona que ha trabajado siempre hasta ahora. He cotizado y no me parece bien que la sanidad pública se lave las manos con el dentista. Creo que debería cubrirlo”, opina Fátima.

Su caso encaja con lo que refleja la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística: las personas con mayores ingresos acuden con mayor frecuencia al dentista que aquellas con ingresos bajos (60,6% frente al 35,3%).

Podología: únicamente cubierta en dos comunidades

La reinvindicación que desde hace años hacen los especialistas en salud bucodental también la han hecho los profesionales de la podología, especialidad que este mes de marzo ha dado un primer paso. La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados respaldó, por unanimidad, una proposición no de ley de Grupo Plural, PSOE y PP que pide al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a analizar la incorporación de los servicios podológicos en Atención Primaria y especializada.

Mientras esto no se materialice, únicamente Cantabria y Baleares ofrecen derecho al diagnóstico y tratamiento de patologías de los pies en el marco de la sanidad pública, algo que lamentan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

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Según sus estimaciones, más del 70 % de las dolencias en los pies podrían ser tratadas por podólogos en los Centros de Atención Primaria (CAP) sin necesidad de acudir a hospitales, “liberándolos de la sobrecarga y saturación que estos padecen”.

Además, el 40 % de las lesiones en el pie diabético y el 80 % de las amputaciones ligadas a esta enfermedad podrían evitarse si se diagnosticara y tratara de forma precoz, en fase ambulatoria, algo especialmente relevante teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad tras la amputación por pie diabético supera el 70 %, por encima de los cánceres más comunes.

Fisioterapia: solo hay 1 profesional por cada 10.000 habitantes

Una tercera rama sanitaria que se siente ninguneada dentro del Sistema Nacional de Salud es la de la fisioterapia. Los profesionales dedicados a ella consideran que su labor juega un papel muy relevante en el sector sanitario porque, además de poner fin a dolencias puntuales, ayuda a mejorar la condición física de pacientes con enfermedades cardiacas y respiratorias o a tratar lesiones medulares y traumatismos. También mejora la vida y autonomía de las personas, siendo especialmente relevante en quienes tienen una edad avanzada.

Sin embargo, la presencia de estos profesionales es mínima en la sanidad pública, donde solo hay un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 1 por cada 1.000, como apunta el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Gustavo Paseiro.

Según los datos que este doctor aporta, de los 60.000 fisioterapeutas que hay en el país, únicamente 5.000 trabajan en el sistema público.

“La fisioterapia no puede ser un lujo que solo algunos puedan pagar“

"Con la pandemia han aparecido numerosas patologías que no han podido ser absorbidas por el sistema público y que se están tratando en la privada, pero la fisioterapia no puede ser un lujo que solo algunos puedan pagarse porque es algo necesario (...) Además, está demostrado que con más fisioterapeutas en la pública se podría reducir el gasto sanitario", recalca Paseiro, quien apunta que un gran número de las secuelas que deja la COVID-19, como la fatiga, la disnea o las cefaleas, pueden ser tratadas a partir de esa disciplina sanitaria que también es "capaz de disminuir la estancia en UCI de los pacientes".

Reflexión AN-La importancia de la fisioterapia en pacientes COVID-19 - Escuchar ahora

Salud mental, sin personal suficiente en el peor momento

También a través de los datos es sencillo comprender cuán olvidada está la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud: España apenas cuenta con una ratio de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 por cada 100.000 que tiene como media la Unión Europea.

Esa realidad es especialmente preocupante en estos momentos, ya que la pandemia ha agravado los trastornos psicológicos o psiquiátricos previamente diagnosticados y ha disparado los casos de ansiedad y depresión, sin que haya recursos suficientes para atenderlos.

En Atención Primaria, la puerta de entrada a la atención en salud mental, hay una carencia tanto de profesionales como de formación específica en salud mental que no permite detectar de forma temprana los trastornos mentales y hacer derivaciones a los recursos comunitarios disponibles. Un adecuado tratamiento, señalan los expertos consultados, mejoraría la vida de numerosas personas, reduciría el número de suicidios y disminuiría el elevado consumo de psicofármacos.

Desde la Confederación Salud Mental España llevan meses reclamando que esas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los niveles con el fin de "prevenir una pandemia de salud mental”.

Si el objetivo de la cobertura sanitaria universal, según la OMS es “asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”, hay motivos para pensar que España todavía no ha llegado a la meta.