Más de 2.500 jueces reclaman a la UE que actúe ante el riesgo de violación grave del Estado de Derecho en España

• Denuncian afectación de la independencia judicial por las últimas reformas legislativas y piden la imposición de sanciones
• El Tratado de la UE recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos

Bandera de la UE frente al Parlamento Europeo

Más de 2.500 jueces han dirigido un escrito ante la Comisión Europea en el que solicitan que si el Gobierno continúa desatendiendo las recomendaciones de la Unión Europea (UE) se inicie un procedimiento para constatar "el riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" en España ante las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han remitido el escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado.

Inquietud por las dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos

En el documento, de seis páginas, los firmantes recurren a Europa por su "inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España", tras las dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos.

Una en tramitación que propone que los vocales se elijan por mayoría simple y no reforzada en las cámaras a la que se refieren como "una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento", lo que supone "el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".

Y otra, ya aprobada, que impide los nombramientos cuando el Consejo esté en funciones y reduce sus funciones "a aspectos meramente burocráticos", en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial a la que tildan de "Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ".

Así, solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE, como son los derechos humanos o el imperio de la ley, e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

A juicio de los firmantes, se pone en riesgo el Estado de Derecho, "lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión".

El sistema de elección del CGPJ

Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Añaden que, "en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada", se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE, puesto que "la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE".

En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (TC), si bien la condición de constitucionalidad pasaba por que las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria. "Después de 35 años, los riesgos previstos por el TC se han convertido en lamentables realidades", añade el escrito.

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos". Antes esto se hacía discretamente, añaden, "pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa".

El proceso de renovación del órgano judicial

También explican a la UE que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo. "De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo hemos reclamado conforme a las recomendaciones europeas", agregan.

En este contexto, relatan el intento de reforma dirigida a rebajar las mayorías necesarias para designar a los nuevos vocales y la recientemente aprobada "y que tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado".

La reforma legal suprime otras facultades del CGPJ que las asociaciones consideran esenciales, como la legitimación para promover conflictos de competencias entre órganos constitucionales. "En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial", recuerdan los jueces.

Adelantan que siguiente paso, que ya ha sido anunciado, "consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución".