La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa por delitos societarios y contra el mercado
- El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el registro en una causa bajo secreto de sumario
- La multinacional sevillana de infraestructuras y energía está en concurso de acreedores con una deuda de 6.000 millones
Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede central de Abengoa en el complejo Campus Palmas Altas de Sevilla por mandato de la Audiencia Nacional en una causa relacionada con delitos societarios y contra el mercado y los consumidores, según ha confirmado la Benemérita
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha informado de que el registro de Abengoa está vinculado con "supuestos delitos en relación con el mercado y con los consumidores", durante una visita a la Comandancia de Algeciras.
La causa está bajo secreto de sumario y obedece a un mandamiento del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, que ya tenía abiertas varias líneas de investigación que afectaban a esta multinacional especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua.
Los guardias civiles se han llevado más de cincuenta ordenadores personales de las plantas de auditoría interna y contabilidad, según ha informado la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez.
Los agentes han accedido por la puerta de emergencia del edificio B de servicios centrales y han subido a las dos plantas donde se ubican los servicios de contabilidad y de auditoría interna. Allí han pedido a los empleados que pararan de trabajar y dejaran encima de sus mesas el DNI. Una vez que se han llevado los equipos informáticos les han dicho que se fueran a casa porque "hoy no trabajaban", según Rodríguez.
Sorpresa entre los trabajadores
Nada más comenzar la jornada laboral, los agentes han accedido a distintos departamentos de la empresa, en cuyas instalaciones trabajan unas mil personas. La representante sindical ha señalado que "todos los empleados están muy nerviosos" porque el registro les ha cogido por sorpresa.
En Palmas Altas está “el corazón de la empresa”, con las sedes centrales no solo de su administración principal sino de otras empresas filiales, como Abengoa Agua, Abengoa Energía o Abenewco. El complejo está formado por siete edificios, con una superficie de 96.000 metros cuadrados, de los que 47.000 se destinan a oficinas y el resto a espacios verdes y equipamientos.
En principio, no está previsto que se practiquen detenciones, según fuentes cercanas al caso. Abengoa se declaró el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración.
En la actualidad, la consultora Ernst & Young Abogados es la administradora concursal de la empresa, por lo que el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha desestimado el recurso de reposición de los accionistas minoritarios contra la suspensión de una junta general extraordinaria, en cuyo orden del día figuraba el cese de la cúpula de Abengoa, que ya se ha producido.
Petición de ayuda a la SEPI
La multinacional solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros, según informó la compañía a la CNMV.
A mediados de marzo, la empresa presentó a la SEPI una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías viables afectadas por la crisis del coronavirus.
La concesión de la ayuda queda pendiente de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos de due diligence en los plazos previstos y conformes a la normativa de aplicación hasta la resolución definitiva de la solicitud.
Larga batalla judicial
Un grupo de accionistas presentó hace años una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. En 2016, Abengoa se enfrentó a un proceso de relevo en la cúpula de la entidad, accediendo ya a finales de noviembre de ese año Gonzalo Urquijo a la presidencia, que estuvo encabezada entre 1991 y septiembre de 2015 por Felipe Benjumea, que se retiró con una indemnización millonaria.
En enero de 2018, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal absolvieron a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron Benjumea (11,5 millones de euros) y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega (4,5 millones).
La Sala señaló que se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal. La sentencia fue contraria al criterio del Ministerio Público, que solicitó cinco años de cárcel para Benjumea, cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado y cuatro años de prisión a tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones por el delito de administración desleal.
Nuevo frente contra Abengoa
En paralelo, la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra Abengoa, y el magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en Abengoa II. En 2019 se personó en el proceso la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.
Esta demanda por falsedad contable y estafa de inversores se interpuso en marzo de 2016 después de que la instructora del caso sobre las indemnizaciones, Carmen Lamela, rechazara ampliar su investigación a un posible delito societario por falsear las cuentas, al entender que no había conexión entre ambos hechos.
Así, se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración como contra Benjumea y Sánchez Ortega.