La OCDE recomienda a España que no suba impuestos hasta que la recuperación sea firme
- En un informe, apunta que si sube la presión fiscal deberá compensar a los hogares más vulnerables
- Defiende como prioridad mejorar el sistema sanitario, aumentar la productividad y luchar contra el cambio climático
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha instado a España a que no realice subidas de impuestos hasta que la recuperación esté "firmemente en marcha", por lo que solo se tendrían que tener en cuenta a medio plazo, según se desprende de su informe Going for Growth, publicado este miércoles.
El club de países ha valorado que un sistema tributario "más efectivo" podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y las emisiones. Además, un incremento en la recaudación "proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación".
"Cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables", ha alertado el organismo.
Su secretario general, Ángel Gurría, ha hecho un llamamiento: "Los gobiernos tienen que actuar ahora". Ha recordado que "todo no iba bien antes de la pandemia" ya que en muchos países la economía casi no crecía, los avances en productividad eran bajos y el desempleo era elevado por lo que considera que "la recuperación es una oportunidad para reformar nuestras economías".
Reducir las deducciones fiscales
La OCDE ha valorado de forma positiva el incremento del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales. Una vez la recuperación esté en marcha, el organismo ha recomendado "ampliar la base fiscal" reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas.
Asimismo, considera que España debería "limitar" el uso de tipos reducidos del IVA a medio plazo. También que debería los gravámenes sobre combustibles para "reflejar mejor" sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque esta medida debería llevar aparejada alguna medida para ayudar a los hogares más pobres.
A nivel general, gran parte de las recomendaciones van dirigidas a invertir y reformar la educación para crear empleos de calidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento.
Mejorar la cobertura sanitaria
La OCDE ha cambiado sus prioridades en las reformas estructurales y considera ahora más necesario mejorar la cobertura sanitaria y la protección social, así como incentivar inversiones y tecnologías que contribuyan a los objetivos medioambientales. En su informe anual prioriza "las redes de seguridad y de asistencia sanitaria (...) con un particular énfasis en la inclusión".
Su economista jefe, Laurence Boone, constata que "las debilidades estructurales pueden pesar sobre la resiliencia económica" y que la falta de preparación ante el coronavirus se ha traducido "en vidas perdidas, en medios de subsistencia dañados y en cicatrices sociales y económicas de larga duración". Las personas más vulnerables han sido las más afectadas, señala Boone, también por su falta de habilidades digitales.
El estudio fija tres ejes de actuación, el primero crear bases para una mayor resistencia en las cadenas de aprovisionamiento de materiales y productos médicos, la protección social y el cambio climático. Recomienda fijar impuestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas causante del calentamiento global, y suprimir los subsidios a los combustibles fósiles.
El segundo eje es reforzar la productividad, lo que pasa por aumentar la competencia en los mercados pero también promover la formación a lo largo de toda la vida, en particular para las personas más humildes.
El tercero consiste en apoyar a las personas en los cambios que van a tener que vivir, por ejemplo para adaptarse a la aceleración de la digitalización, que si bien ofrece nuevas oportunidades de crecimiento, también puede agravar la fractura entre los que no tienen acceso a las redes o no disponen de las capacidades para sacarles provecho.
Mejorar la educación y las políticas activas de empleo
El organismo considera necesarias mejorar la formación universitaria para alinearla más con el mercado laboral. Además, ha instado al Ejecutivo a que la financiación competitiva de las universidades esté ligada al rendimiento, de forma que se incentive la "investigación de calidad".
Además de la formación reglada, la OCDE también ha recomendado al Gobierno mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo mediante una mayor asignación de recursos a formación profesional para parados. Otra recomendación es crear programas públicos de formación laboral dirigidos a trabajadores poco cualificados o de mayor edad.
En lo que respecta a las empresas, el club de países receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad, implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles.
En el mundo en desarrollo, el principal problema identificado es la informalidad, y para corregirlo lo principal es asentar el Estado de derecho, reforzar la educación, las cualificaciones y las regulaciones laborales.
Coordinar la fiscalidad internacional
La OCDE hace notar que si bien las políticas dentro de cada país son "centrales" para la recuperación, la pandemia ha puesto en evidencia que hace falta una mayor cooperación internacional para organizar el aprovisionamiento de vacunas o equipos médicos, reducir las barreras comerciales o poner en pie un sistema fiscal que permita gravar las multinacionales de forma equitativa.
El ministro italiano de Economía, Daniele Franco, cuyo país preside el G20, ha subrayado que el objetivo internacional es cerrar un acuerdo para mediados de este año sobre la fiscalidad internacional.
Franco hizo notar que eso incluye dos pilares, tanto la fijación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades -un asunto que ha avanzado con reciente propuesta de Estados Unidos- como un mecanismo para que los gigantes digitales paguen impuestos en los países donde tienen su negocio, al margen de cuál sea su domicilio social o fiscal.