La hostelería teme que desahucios e impagos de alquiler le condenen a servir la 'última ronda'
- Propietarios e inquilinos de locales avivan la crisis en el sector con la amenaza de un aumento de litigios
- Coronavirus: última hora en directo | Mapa de España | Hospitales y UCI
- Vacunas en España | Guía de restricciones | Mapa mundial | Especial: La gran vacunación
Los bares y restaurantes en España forman parte de la cultura del país. Salir de cañas, tapear en la barra o comer en grupo en una terraza aprovechando el buen tiempo son acciones intrínsecamente ligadas a nuestra forma entender la vida y relacionarnos con los demás. Costumbres que desde hace ya más de un año sufren las consecuencias de la crisis sanitaria a través de sucesivas y cambiantes restricciones.
Si bien es cierto que la pretensión de este freno a la interacción social ha buscado siempre contener el virus, lo cierto es que el sector palidece al hacer una cuenta que, según la patronal, arroja pérdidas de 65.000 millones de euros y cierres que alcanzan los 85.000 negocios. Persianas bajadas por la incapacidad de hacer frente a la situación y que esconden impagos, deudas y amenazas de desahucio.
En el caso de Ion, hasta febrero dueño de un bar en el pueblo de Cuntis (Pontevedra), un burofax con ultimátum de desalojo dio al traste con su esperanza de poder renegociar el contrato de alquiler y crecer en el sector. Un objetivo de progreso ya conseguido por Nino, propietario de un conocido restaurante en Bilbao y arrendador de tres locales dedicados a la hostelería, cuya aparente estabilidad se ha visto duramente golpeada por la incertibumbre sanitaria y la "voluntaria dejadez en el pago", nos cuenta, de un inquilino que, al contrario, desdeña cualquier tipo de acuerdo.
Hosteleros 'con la soga al cuello' y sin perspectiva de mejora
La de Ion y Nino son las dos caras de un mismo problema que, tal y como subrayan desde Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), "debe ser analizado pormenorizadamente caso a caso para evitar situaciones de desequilibrio", asegura para RTVE.es su presidente, José Luis Yzuel.
Ion inició su actividad en el sector en noviembre de 2019, solo unos meses antes de la pandemia. "En aquel inicio nos fue muy bien, pero luego todo se nos empezó a torcer", afirma. Tras la declaración del primer estado de alarma, empezó a tener serias dudas sobre la viabilidad del negocio: "Empezamos a registrar caídas del 70 u 80 % en los ingresos e intentamos negociar una rebaja del alquiler, pero nos encontramos con la negativa de unos propietarios que no querían reconocer la crisis en la que nos encontrábamos".
“Empezamos a registrar caídas del 70 u 80 % en los ingresos e intentamos negociar una rebaja del alquiler“
Pese a que en un principio la relajación de restricciones del verano permitió una apertura con ingresos a medio gas, las nuevas olas del virus dieron forma al peor de los escenarios. "Después de estar poniendo dinero de mi bolsillo llegó un momento en el que no pudimos pagar, volvimos a intentar negociar a través de escritos y meses después recibimos la carta de desahucio". Para Ion y para su pareja, también partícipe del negocio, el anuncio que fijaba el 15 de febrero como fecha tope para pagar las mensualidades atrasadas o la ejecución judicial del desalojo del local fue un jarro de agua fría, ya que su idea era continuar. "No queríamos marcharnos, hablamos con nuestro abogado y sabíamos que en caso de juicio podíamos haber evitado el desahucio por falta de actividad, pero la evolución de la crisis y la amenaza de la notificación nos llevó a coger nuestras cosas y marcharnos en la fecha indicada", destaca. Hoy reconoce que su situación es complicada, pero no pierde la fe en volver a regentar un bar: "Logramos recuperar parte de los enseres en los que invertimos y mantenemos la esperanza de instalarnos en otro lugar cuando todo esto pase".
La casuística en este asunto es tan amplia como locales siguen en activo. Establecimientos como el de Nino, en Bilbao, quien tras tres décadas en el sector nunca imaginó tener que enfrentarse a una situación como la de ahora. "No estamos bien, hemos reducido plantilla y también acudimos a un préstamo ICO por la falta de liquidez teniendo que rehipotecar un negocio que ya estaba pagado", recalca.
Poseedor de otros tres locales, reconoce que la pandemia le ha llevado a condonar parte de la renta pactada con sus inquilinos, aunque su comprensión ha chocado con alguien que, asegura, se ha desvinculado de toda responsabilidad de pago aprovechándose de las circunstancias. "De los arrendatarios, dos son dignos pagadores a los que se les ve vinculación y ganas de intentar salir adelante, pero hay un tercero que ya era mal pagador antes y ahora se ha desentendido". Con una deuda que Nino cifra en 51.000 euros, ni siquiera la posibilidad de una salida amistosa ha logrado dar respuesta a la encrucijada: "Amistosamente le ofrecimos dejar el local en diciembre asumiendo la mitad de ese descubierto, pero la respuesta fue negativa". Ante la imposibilidad de un nuevo pacto, Nino lamenta que solo queda la opción de denunciar: "Ahora hay un aval que se ha mandado ejecutar, pero es una fianza insuficiente así que no tendremos más remedio de acudir a los tribunales si no accede a negociación".
La doble vía que desliza la patronal: negociación y legislación
En un momento de especial vulnerabilidad para el sector y en el que la llegada de ayudas directas en toda España sigue siendo un lunar a resolver, desde CEHE insisten en una mayor implicación por parte del Gobierno para buscar soluciones y evitar el avance de los cierres. "Hay ayudas que ahí están, pero no terminan de llegar y ya hay empresas muy tocadas, al límite, con deudas, pérdidas y muchas heridas", explica el presidente, José Luis Yzuel.
El posible aumento de desahucios y la proliferación de impagos son para Yzuel una consecuencia más de la crisis. Serios contratiempos que deben ser abordados, opina, desde la negociación: "Lo normal es que se alcancen o busquen acuerdos, esto es lo que ha ocurrido en muchos casos, porque lo lógico es que en situaciones anormales no se cobre lo mismo".
Sin embargo, la patronal pone también deberes en este aspecto al Ejecutivo afeando la falta de norma o legislación que permita redibujar esos nuevos pactos. "No se ha querido legislar y nos encontramos con desequilibrios, ni un señor debe tener un local sin pagar absolutamente nada, ni se debería cobrar la totalidad de una renta sin estudiar las limitaciones que provoca la pandemia", declara Yzuel.
En sus propias palabras, el equilibro y el sentido común deben primar para evitar tensiones, ya que "cuando uno tiene que llegar a tribunales con su casero la situación es prácticamente de ruptura y son típicos pleitos en las que todas las partes salen perdiendo", manifiesta.
La importancia de la cláusula rebus sic stantibus
Precisamente, en ese goteo judicial ya empiezan a conocerse casos en los que los magistrados, ante la falta de acuerdos, optan por adoptar medidas cautelares para reducir la cuantía de las rentas establecidas. Fórmulas de arbitraje temporales que se apoyan en la cláusula latina rebus sic stantibus (mientras continuen así las cosas) y que ya cuenta con una sentencia a favor en Barcelona. Una resolución que, a falta de posible recurso ante el Tribunal Supremo, ha conseguido por vez primera la reducción del 50 % del alquiler al reconocer las pérdidas provocadas por la COVID-19 en un caso de arrendamiento en la industria hotelera.
"Es una figura jurídica que garantiza que ninguna de las partes se vea excesivamente damnificada por una causa de fuerza mayor que impacte en la base del contrato", confirma para RTVE.es el abogado especializado en derecho inmobiliario y que ha llevado el caso catalán, Alejandro Fuentes-Lojo Rius. El letrado advierte, no obstante, que su aplicación dependerá de la letra pequeña de cada pacto suscrito entre las distintas partes y de la lectura que se haga en los juzgados sobre el equilibro que se pueda haber visto afectado en estos textos, "cada situación es distinta porque la equidad no es salomónica y hay que observar la conmutatividad del comercio jurídico", afirma.
Entretanto y mientras los tribunales empiezan a cobrar peso para dilucidar el presente en el sector, la hostelería mira al verano apurando lo que ansía sea el último trago de una pandemia que ha puesto en riesgo su futuro.