El juez del caso Púnica archiva la causa contra Cifuentes

• El juez no considera acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación irregular del PP
• No ve delito en la concesión de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco

La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes sale de la Audiencia Provincial el día que se hizo público que el tribunal la absolvía en el caso Máster.

El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha archivado la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya que considera que no se ha acreditado su participación en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

En la pieza separada número 9 seguida en la Audiencia Nacional se investigaba la posible participación de Cifuentes, que el juez considera no demostrada "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos". La propia Cifuentes solicitó el pasado 10 de noviembre el sobreseimiento del caso.

García-Castellón explica en su auto que esta investigación se ha basado en un informe policial en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de cafetería, cocinas y comedor en la Asamblea de Madrid, y el atestado policial partía de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Tras todas las diligencias practicadas hasta ahora, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes participase en la gestión económica de Fundescam, y considera que la imputación de que supiese de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a sus cuentas "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".

Cifuentes, que resultó absuelta hace unos meses del denominado 'caso máster', fue patrona de Fundescam, cargo del que cesó en 2008, de modo que, según el juez, tenía un "irrelevante nivel de implicación" en la organización.

Arturo Fernández, también exonerado

En el auto se acuerda también el sobreseimiento provisional para la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco, el empresario Arturo Fernández, investigados hasta ahora, como Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

El auto considera que no hay indicios que permitan sostener que Cifuentes supiese "quiénes eran los donantes" de Fundescam, que conociese las aportaciones vinculadas a Fernández o que su actuación en ese proceso de licitación investigado "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que este había realizado en la Fundación señalada".

García-Castellón también rechaza que haya quedado acreditada su participación en la presunta financiación ilegal del PP a través de la empresa Swat, algo que, indica, "no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno".

La imputación se sustenta en las manifestaciones de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, que son contrarias a las de la propia Cifuentes, que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz, quien también negó haberlo hecho.

La resolución, contra la que cabe recurso, señala también que Cifuentes "no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".

El juez, que en las últimas semanas ha archivado para otros imputados el caso Púnica, abierto desde 2014, deja claro en el auto que entiende "agotada" la investigación de esta pieza de la causa, y que la Sala de lo Penal ya se pronunció "sobre la necesidad de finalizar la instrucción" de la misma.