Un juzgado de Madrid investiga a varios altos cargos del Gobierno por el rescate a la aerolínea Plus Ultra

• Abre diligencias contra el expresidente y el consejo de la SEPI tras una denuncia de Manos Limpias por presunta malversación
• La aerolínea ha defendido que ha sido "totalmente transparente" en el proceso para acceder a la ayuda de 53 millones

Imagen de archivo en la que aparece un avión de la aerolínea española Plus Ultra, bautizado como "Virgen de la Macarena".

El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo, entre los que se encuentran varios altos cargos del Gobierno, tras una denuncia de Manos Limpias por presunta malversación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La magistrada Esperanza Collazos señala en un auto fechado el pasado 8 de abril que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

14 horas - Los datos detrás de la polémica por el rescate de Plus Ultra - Escuchar ahora

Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

El proceso de instrucción está aún en su fase inicial, y aunque la jueza ha solicitado documentación con relación a la denuncia, de momento no ha llamado a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo. Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.

La polémica por el rescate

La denuncia ha sido presentada por el secretario general de Manos Limpias (sindicato que ejerció la acusación popular en el caso Nóos), Miguel Bernard, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el marco de la causa sobre Ausbanc. Llega después de que el pasado 9 de marzo el Gobierno diera luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Esto suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española "no estratégica" con gran peso de capital venezolano y panameño.

Se trata de la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.

Plus Ultra dice que ha sido "totalmente transparente" para acceder a la ayuda

Fuentes cercanas al consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han manifestado a Efe "la plena disposición a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento".

Las mismas fuentes explican que la operación cumple con todos los requisitos de elegibilidad, y que se trata de una ayuda amparada por la normativa comunitaria; Plus Ultra es compañía española estratégica para el Hub Madrid-Barajas, que no estaba en crisis al cierre de 2019 pero sufrió una fuerte caída de ingresos por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, la aerolínea ha defendido este mismo miércoles que ha sido "totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos" para acceder a la ayuda y ha manifestado que colaborará "plenamente" con el juzgado de Madrid en el que se instruyen las diligencias.

Tras conocerse la noticia, desde Plus Ultra también han reiterado que se sienten "absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requisitos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos".

La aerolínea insiste en que "el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA-, todas ellas entidades independientes (...), dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas".

De hecho -prosigue- la petición contó además "con la consultora PwC para elaborar el 'Corporate Review' en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado".

Plus Ultra comenzó a operar en junio de 2015 y da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500 personas. Opera vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes destinos con aviones A340/300 y A340/600.