El Tribunal Constitucional suspende el artículo de la ley gallega que prevé la vacunación obligatoria

• Admite el recurso del Gobierno al considerar que ciertos puntos deberían formar parte de una ley estatal
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Una mujer recibe una dosis de la vacuna anticovid de Pfizer en el Hospital Universitario de Lugo.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad a petición del Gobierno contra la Ley de Salud de Galicia y, mientras resuelve sobre el fondo, ha dejado en suspenso la vigencia de los apartados recurridos, donde se incluyen, entre otros aspectos, la vacunación obligatoria de la población, según han informado fuentes del Tribunal Constitucional.

La decisión del Constitucional de tramitar el recurso presentado por el Gobierno se produce al entender que ciertos puntos de esta norma deberían formar parte de una ley estatal y no autonómica y después de escuchar al Consejo de Estado, que avaló la presentación de recurso de inconstitucionalidad para el apartado cinco de la reforma de la ley sanitaria, el cual, a su vez, incluyó el nuevo artículo 38 de la normativa.

La decisión acordada por el tribunal de garantías supone la suspensión cautelar de la norma a la espera de que los magistrados entren a resolver el fondo del asunto en un plazo máximo de cinco meses. El ponente será el conservador Andrés Ollero.

Recurso avalado por el Consejo de Estado

El Gobierno central presentó el recurso el pasado 30 de marzo, tras el informe, preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado en el que avalaba la presentación contra el apartado cinco de la reforma de la ley de salud, en la que se definen actuaciones concretas como la obligación de vacunación. El órgano consultivo también sugirió al Estado en su informe la necesidad de elaborar una ley orgánica que atendiera las necesidades de la gestión de la pandemia.

La idea inicial del Gobierno central, tal y como expresó en la petición de informe ante el Consejo de Estado, era recurrir tres aspectos: las medidas preventivas (es decir, las cuestiones a regular), la adopción de las medidas preventivas ('el modus operandi' para ejecutar las medidas, recogido en el apartado cinco de la reforma de la ley, es decir, el nuevo artículo 38) y el régimen de sanciones (en varios artículos y, especialmente, en lo referido a las multas por incumplimientos de las medidas que el Gobierno central cuestiona).

El Consejo de Estado consideró pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad, o como dice textualmente, "existen fundamentos jurídicos suficientes", a uno de los apartados concretos, el relativo a las medidas. Literalmente, señalaba que cabe este recurso al apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, en lo relativo al apartado 2 del artículo 38 que introduce en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia

Feijóo lamenta el "error sanitario y político" del Gobierno

Tras conocerse la presentación del recurso por parte del Gobierno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censuró este martes el "vacío jurídico" que habrá en España para combatir la pandemia una vez que decaiga el estado de alarma, el próximo 9 de mayo, por lo que ve como un "error sanitario y político" del Gobierno que haya recurrido al Tribunal Constitucional.

Entre el pasado viernes y este lunes ha habido sendas reuniones técnicas entre la Xunta y el Gobierno en las que la administración autonómica ha recibido la confirmación del recurso y la petición de suspensión inmediata de la parte recurrida por entender que la norma gallega excede sus competencias.

Núñez Feijóo ha lamentado, tras la reunión con el delegado del Gobierno, José Miñones, que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, "que decía que sobre Cataluña todo se podría negociar" se haya negado a retirar el recurso "antes de hablar", y ha tachado "deslealtad" esta actuación del Gobierno.

"A ver si concretan en los próximos días el contenido y alcance del recurso y, si es posible, que el Gobierno lo retire y que la ley (gallega) recobre su vigor antes del 9 de mayo (fin del estado de alarma). Hay unos días aún, a ver si es posible una solución extrajudicial", ha concluido.

Por su parte, el delegado del Gobierno, que tomó posesión recientemente, se ha limitado a recordar que ya ha habido dos reuniones técnicas y a reivindicar que el Ejecutivo cree "en el diálogo".