El juez rechaza retirar el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros

• La Fiscalía lo solicitó como medida cautelar, "en el plazo más breve posible", al considerar que podría constituir un delito de odio
• Los llamados 'menas' son "doblemente vulnerables" y deben ser protegidos de ataques "gratuitos y prejuiciosos", justificó

El líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en un acto de campaña.

El Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha denegado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del cartel electoral de Vox contra los menores inmigrantes no acompañados, al considerar que no hay peligro por la demora ni apariencia de buen derecho.

En adelante, será el Juzgado de Instrucción nº 53, el que continúe el procedimiento iniciado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio.

La solicitud de la Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Madrid había pedido la retirada del cartel electoral de Vox, como medida cautelar al considerar que podría ser constitutivo de un delito de odio. En el escrito de denuncia ante el juzgado de Instrucción número 53, se pedía al juez la retirada de los afiches del partido de ultraderecha "en el plazo más breve posible" para proteger a los menores "frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos".

Afectaba a todos los carteles que incluyesen las frases "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes", junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'. En la imagen en cuestión figuran dos personas: una mujer de avanzada edad con la mirada hacia el suelo y un joven "racializado de piel oscura", encapuchado y enmascarado, que la mira directamente.

Ataques "gratuitos y prejuiciosos"

La medida cautelar planteada por la Fiscalía obedecía a que “estos menores no nacionales, son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional". Esta situación los convierte en un colectivo "doblemente vulnerable", tanto por la edad como por el desarraigo estructural, al tener su origen en el extranjero, se argumentaba.

Todo ello "no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.

Para el Ministerio Público, el cartel traslada "el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un MENA enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal". Además, ofrece "una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado", según el escrito.

Como ya explicó Verifica RTVE, la cifra de los 4.700 euros al mes sale de los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero es engañosa, ya que no tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas dirigidas a estos niños y adolescentes no van a parar a ellos directamente, sino a aspectos como el pago de trabajadores del sector social o a la gestión de instalaciones.

Rechazo al cartel, de Podemos al PP

"Era un cartel ignominioso", ha valorado este jueves la ministra portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, y ha subrayado que el mensaje buscaba estimular el odio a personas menores. "La declaración política quedó clara. A la justicia le tocaba actuar", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso sobre las medidas cautelares solicitadas, sin dejar de recordar su respeto hacia "la independencia de la Fiscalía".

Este jueves, Vox ha continuado trasladando su mensaje que criminaliza al colectivo de menores no acompañados. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Rocío Monasterio, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido de ultraderecha, habla con vecinos de las inmediaciones del metro de Batán, en la capital, que se quejan de la "inseguridad" y "miedo" por la presencia de un centro de menores.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias de oficio este martes para investigar el presunto delito constituido con el cartel, que había levantado críticas en todo el espectro político. Además del Gobierno, Más Madrid y Unidas Podemos anunciaron su intención de presentar acciones legales, mientras que Ciudadanos afeó a la ultraderecha su conducta y a presidenta madrileña y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, negó la veracidad del cartel y recordó que estamos "obligados a integrarlos y a darles la oportunidad de integrarse".

Monasterio insiste en criminalizar a los 'menas' e Iglesias le acusa de "indecente" y difundir "propaganda filonazi"

Monasterio lo defendió en el debate: "Decir la verdad se considera delito"

Monasterio también defendió el cartel durante el debate televisivo con el resto de candidatos. Aseguró que "sin seguridad no hay libertad" y que en España se considera "delito de odio decir la verdad". "El delito de odio es sacar el listado de todos los acuerdos de Gobierno donde ustedes han pagado sistemáticamente las plazas de menas y quieren negar lo evidente", apuntaló.

El candidato de Podemos, Pablo Iglesias tildó su mensaje y el cartel de "propaganda filonazi" y recordó que desde Vox han "amenazado con deportar a un ciudadano español que milita en Unidas Podemos solo por ser negro". "Lo que ustedes defienden no tiene cabida en la democracia", lanzó Iglesias.

Sin vulnerar el derecho a la propaganda electoral

La denegada solicitud de retirada del cartel por parte de la Fiscalía no solo afectaba al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, sino también “a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado”, según el escrito de la Fiscalía.

El Ministerio Público entendía que la dignidad y seguridad de los menores quedaba, de este modo, protegida “sin vulnerar el derecho del partido político Vox de realizar propaganda electoral, puesto que el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda" para pedir el voto durante la campaña.

Por el momento, los carteles podrán continuar exhibidos hasta que exista una decisión del juez sobre si existe delito de odio, como argumenta la Fiscalía, o no.