La difícil y larga lucha en Ecuador para despenalizar el aborto en caso de violación

• La victoria del conservador Guillermo Lasso preocupa a las organizaciones feministas
• Un aborto puede conllevar penas de hasta dos años de cárcel

Reportajes 5 Continentes - En Ecuador, la difícil y larga batalla por un aborto legal

Interrumpir un embarazo en Ecuador es casi imposible. Primero porque solo está despenalizado en dos supuestos: si la vida de la mujer está en peligro o si es el resultado de la violación de una mujer con una discapacidad intelectual superior al 30%. Y segundo, existen muchas dificultades para hacerlo en los servicios sanitarios públicos.

En su lucha por una legislación más amplia que permita a las mujeres elegir sobre su salud sexual y reproductiva, las organizaciones feministas llevan años exigiendo que cualquier mujer que sea violada (tenga o no discapacidad intelectual) pueda optar por un aborto seguro y legal. A lo largo de los últimos años se han encontrado con la negativa de los partidos políticos para modificar el Código orgánico integral penal ecuatoriano.

14 horas - Latinoamérica, la región con más abortos pese a tener la legislación más restrictiva - Escuchar ahora

Se han encontrado con un rechazo frontal desde los grupos parlamentarios conservadores, pero también desde el movimiento de izquierdas liderado por el expresidente Rafael Correa, cuyo candidato Andrés Arauz fue derrotado el pasado 11 de abril en las urnas. De cara a la próxima legislatura, el 'correísmo' contará con el mayor grupo parlamentario de la Asamblea Nacional y su coordinador Pabel Muñoz, ha reconocido a RTVE que el aborto les provoca una “diferencia interna porque somos un grupo democrático”. “No me cuesta reconocerlo y yo personalmente apostaría por avanzar en la despenalización del aborto por violación. De hecho, se habla mucho de nuestras discrepancias, pero no se dice que en este mandato votamos a favor de la iniciativa”, afirma. Ahora, tendrán que defender esta postura desde la oposición y frente a un Gobierno que contará con pocos apoyos parlamentarios.

Menores víctimas de violaciones

El debate es de gran importancia en un país en el que se estima que cada día quedan embarazadas 14 menores de edad, de las que finalmente dan a luz siete. “Podemos decir que casi en todos estos casos, estas niñas han sido violadas por miembros de su entorno cercano”, nos cuenta Mayra Tirira, abogada de Surkuna. Ella se dedica a acompañar a aquellas que denuncian una violación y que tienen que soportar “auténticas humillaciones en los juicios, siempre se da más credibilidad al testimonio que exculpa que al de la mujer que denuncia”, señala.

La mayoría de esas menores de edad violadas y embarazas solo tienen acceso a una casa de acogida donde prácticamente quedan al margen de la sociedad. Esta letrada insiste en que los violadores suelen ser parte de la familia o vecinos y que con la pandemia y los confinamientos las cifras de embarazo adolescente han crecido. “¿Cuántas niñas habrá hoy en el país sin poder salir de la casa que tienen que compartir con su agresor?”, se pregunta además de criticar que la atención a los enfermos de coronavirus que ha colapsado los hospitales de las grandes ciudades hace imposible solicitar métodos anticonceptivos o incluso pruebas forenses de una violación.

También acompaña a aquellas mujeres que son juzgadas por realizar un aborto clandestino o por haber sufrido uno espontáneo. “Una mujer que ha abortado es tratada como una delincuente desde que entra en el hospital aunque no se sepan las causas. Aquí lo que hay siempre es una presunción de culpabilidad”, nos cuenta. “Tuvimos un caso en el que se rechazó la condena del violador porque la mujer no lloró en el juicio”, nos dice.

Condenas por abortar

El código orgánico integral penal establece penas de hasta dos años de cárcel para castigar una interrupción del embarazo. Saraí Maldonado, miembro de Las Comadres, nos cuenta el caso de una mujer indígena que sufrió un aborto espontáneo y que fue condenada a realizar trabajos comunitarios durante un año en una guardería “para resarcir que no quisiera ser madre, tergiversando el instinto que se supone tenemos que tener todas las mujeres”.

“Es una tortura”, nos señala esta participante en un colectivo independiente que intenta acompañar a todas aquellas mujeres que están embarazadas y que quieren abortar. “Intentamos dar toda la información y estar con ellas. Que no se sientan solas, que puedan hablar de su trauma y, sobre todo, que no arriesguen sus vidas comprando pastillas por internet al 3.000% de su precio real”, nos cuenta.

Asegura que hay muchos casos de mujeres desesperadas que incluso piensan en el suicidio y que se toman dosis descontroladas de medicamentos que no conocen. “Nosotras informamos, damos contactos de profesionales que les pueden ayudar porque cuando analizas los perfiles de las mujeres criminalizadas te das cuenta de casi el 100% de estas mujeres son pobres, indígenas y afrodescendientes. Es una forma clara de criminalizar la pobreza”, afirma.

En 2020 Argentina hizo historia aprobando la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14

Nuevo rumbo político en Ecuador

La noche del 11 de abril, las organizaciones feministas vieron a un nuevo presidente celebrando su victoria en las urnas. Ante sus seguidores, el conservador Guillermo Lasso prometió un Ecuador del encuentro tras una campaña muy polémica. En uno de sus mensajes se dirigió a las jóvenes embarazadas y dijo que él y su esposa serán “sus padres”. "Las protegeremos, las vamos a cuidar, que nadie las estigmatice, que sigan en sus colegios, que puedan seguir la universidad y que puedan tener oportunidad laboral para seguir adelante ellas y sus hijos. Vamos a trabajar con voluntad para hacer realidad sus sueños".

Un discurso “paternalista que no se preocupa en si el embarazo ha sido fruto o no de una violación”, asegura a RTVE la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Cristina Vera que afirma que un estado “tiene que dedicarse a generar políticas públicas de protección no a ejercer como un padre que castiga”.

De todos es sabido que Lasso es conservador, insistía al día siguiente de ganar que él cree en la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural y como persona no voy a cambiar de opinión”. A preguntas de RTVE en una comparecencia ante la prensa en Quito, añadía que como presidente de un estado laico, “no tengo derecho personal a imponer mi punto de vista a los 17 millones de ecuatorianos. Voy a respetar las diferencias y a buscar que a través del diálogo y mecanismos democráticos resolvamos posiciones al respecto”.

Unas palabras que tampoco gustaron mucho a defensoras de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres como Ana Cristina Vera porque, señala, podría apuntar a la convocatoria de una consulta popular. “La gran amenaza con Lasso podría ser una reforma constitucional para moldear un pronunciamiento de la Corte y él debería tener claro que en una democracia los derechos no se consultan”.