Radiografía de los interinos en el sector público: 800.000 trabajadores condenados a la temporalidad

• Más de 800.000 empleados trabajan con contratos en situación de abuso de temporalidad y reclaman regularizar sus puestos
• El Gobierno prepara medidas para reducir estas tasas que superan el 30 % en la Administración Pública

España lidera las tasas de temporalidad en la Unión Europea y emplea a más de 800.000 trabajadores en situación de abuso de esta fórmula.

La temporalidad en el sector público en España es uno de los problemas recurrentes a la hora de acotar los grandes males que azotan a nuestro mercado laboral y por ende a la economía. Una situación que no deja de crecer (30,4 %, según la última Encuesta de Población Activa, EPA) y que es especialmente alarmante si hablamos de trabajadores que llevan más de un trienio –en el mejor de los casos- prestando servicios en el conjunto de las Administraciones Públicas encadenando contratos bajo esta modalidad.

Los más de 800.000 interinos a los que atañe, según las distintas plataformas, esta “abusiva” política de personal, tal y como indicó hace un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), siguen protestando en las calles y reclamando el reconocimiento de sus derechos laborales y la regularización de sus plazas.

Manifestaciones que, hasta la fecha, no han servido para cambiar el rumbo de las soluciones propuestas desde el Gobierno que avanza en otras direcciones: la adopción de un nuevo plan de estabilización de puestos y la obligatoriedad de cubrir en un período máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

Esta es la radiografía de los interinos en el sector público:

Un dibujo antiguo y sin color político

Hablar de temporalidad en el sector público es hacerlo de un rompecabezas complejo y fortalecido con la sistemática contratación que se ha producido acudiendo a esta fórmula desde hace décadas. Actualmente, según datos de la primera EPA de 2021, en España un 30,4 % de las plazas públicas están ocupadas por interinos. Una radiografía empeorada por los efectos de la COVID-19 y que si bien es cierto que no contempla cuántos contratos se encuentran en fraude de ley, sí que arroja un porcentaje muy por encima de los que ofrece el sector privado y los que refleja la media nacional.

Lejos quedan los acuerdos de 2017 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, entonces con Cristóbal Montoro al frente, y las organizaciones sindicales. Cuatro años después, aquel pacto para reducir la temporalidad al 8 % sigue dejando una fotografía borrosa que solo encuentra algo de descanso en las cifras de la Administración General del Estado (AGE). Detalle insuficiente cuando autonomías y ayuntamientos parecen haberse abonado de forma permanente a los dos dígitos con sectores como la sanidad o la enseñanza como grandes reflejos de la situación a revertir.

El toque de atención de la Unión Europea y los primeros movimientos

El asunto de la temporalidad también es objeto de debate fuera del país. La Comisión Europea urgió en el mes de marzo al Gobierno español a acometer una reforma laboral “integral y ambiciosa” que formara parte del plan de recuperación del país y que, entre otros asuntos, ataque determinantemente este lastre en el mercado de trabajo patrio. La cuestión no es irrelevante, ya que con datos de cierre de 2020, España se encuentra a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea en contratación temporal.

En mitad de este complejo laberinto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ya ha iniciado en la Comisión de Coordinación del Empleo Público las conversaciones con autonomías y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para tratar de hacer frente y combatir el abuso de la temporalidad en esa área. Una serie de encuentros en los que ya se ha abordado la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público con la pretensión de clarificar la figura del interino y articular medidas que prevengan y sancionen condiciones de abuso o fraude. De hecho, el ministro Miquel Iceta ya ha explicado en el Senado una receta que, a falta de acuerdo definitivo, pretende dar respuesta a este fallo endémico del panorama laboral español: limitar a tres años las plazas de interinos en la administración y comenzar una nueva estabilización (procesos selectivos u oposiciones) para aquellos trabajadores que hayan concatenado contratos en situación irregular.

La solución, en manos del Gobierno

Pese a los avances que pretenden desde el Gobierno, los miles de interinos en situación de abuso reclaman la regularización de sus puestos y recuerdan la STJUE de 19 de marzo de 2020. Una sentencia que para estos trabajadores suponía un halo de luz de cara a resolver su situación. Sin embargo, el texto deja en manos de las autoridades nacionales la adopción de medidas que hagan frente al problema.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que encadenar contratos de interinos de manera ininterrumpida para cubir necesidades permanentes y estables vulnera la normativa comunitaria que prohibe el abuso de la atemporalidad.Ahora son los jueces nacionales son los que deben castigar esos abusos y decidir en cada caso si lo adecuado es cubrir las plazas mediante procesos selectivos, conversión a indefinido no fijo o pagar una indemnización por despido improdcedente.

Estas propuestas, según el tribunal con sede en Luxemburgo, podrían pasar por la indemnización y aunque no descartan la fijeza, tampoco dejan clara constancia sobre su idoneidad, ya que supeditan esta vía a lo estipulado en el derecho español que contempla el acceso a un puesto fijo previo paso por oposición o concurso-oposición.

Precisamente en la lectura e interpretación del texto radica uno de los grandes embrollos de esta cuestión que, de momento, está siendo estudiada caso a caso por los tribunales nacionales sin que exista un mismo criterio a la hora de abordar el fallo. Algo que deja en el aire el futuro de miles de trabajadores.