Denuncian al presidente chileno Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

• Piden investigar las manifestaciones masivas de 2019, que dejaron más de 30 muertos y miles de heridos
• Organizaciones de derechos humanos y el exjuez Baltasar Garzón han interpuesto el recurso en La Haya

El presidente de Chile, Sebastián Piñera

Varias organizaciones sociales han pedido este jueves a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad. Piden que se investiguen las masivas manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

De acuerdo al escrito al que ha accedido la Agencia EFE, los actos que se denuncian fueron "ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque" y son "constitutivos de crímenes de lesa humanidad".

Un millón de personas marchan en Chile contra Piñera y la desigualdad social

El recurso lo ha interpuesto en La Haya (Países Bajos) el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).

Las mayores protestas desde el fin de la dictadura de Pinochet

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales.

Las revueltas dejaron episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Según los denunciantes, los crímenes cometidos durante el denominado estallido social son "fraudulentamente" calificados en Chile como delitos comunes "con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad".

La investigación de los abusos, agregó el texto, ha sufrido "demoras injustificadas" y las actuaciones tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial "no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de igualdad ante la ley".

Víctimas ciegas tras disparos de la policía

Aparte de los fallecidos, los casos más polémicos protagonizados por agentes durante la ola de protestas fueron los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que se quedaron completamente ciegos tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en su rostro.

"El elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte", insistieron los denunciantes.

Piñera, un multimillonario empresario que accedió a la presidencia de Chile en marzo de 2018 para un segundo periodo no consecutivo,  ha negado reiteradamente que existiese una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y en los primeros meses del estallido social se refirió a los abusos policiales como "casos aislados".

Distintas voces del Gobierno han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos en las manifestaciones, tal y como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en una entrevista con EFE el pasado diciembre.

El mandatario conservador sí se comprometió, sin embargo, a reformar el cuerpo policial de Carabineros, el más señalado durante las marchas y cuyo director general dimitió tras varios incidentes, y al menos dos de sus ministros de Interior fueron suspendidos por el Parlamento.