Serret admite que desobedeció al Constitucional "por mandato popular" pero niega pagos para el 1-O

• La exconsellera insiste en que continuará trabajando "por una solución política para este conflicto político"

La exconsellera Meritxell Serret atiende a la prensa a su salida del Tribunal Supremo este viernes en Madrid.

La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña Meritxell Serret, huida en Bélgica durante más de tres años hasta su regreso el pasado 11 de marzo, ha reconocido que pese a que recibió las advertencias del Tribunal Constitucional decidió seguir adelante con el 'procés' por ser "un mandato popular", si bien ha defendido que su departamento no destinó ningún pago para el 1-O.

Serret ha declarado durante algo más de una hora este viernes en el Tribunal Supremo ante el instructor del 'procés' Pablo Llarena que le ha comunicado su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia. La exconsellera ha salido de la sede del alto tribunal sin que ninguna de las partes haya pedido para ella ninguna medida cautelar.

En declaraciones a los medios, Serret ha calificado su declaración como un "paso consecuente" tras su comparecencia del pasado marzo y tras ser informada de los delitos que le imputan ha expuesto cual fue su papel en los hechos admitiendo la desobediencia pero negando la malversación.

"He reconocido haber recibido los requerimientos del TC y he asumido los acuerdos de Gobierno que realizamos siguiendo el mandato popular de esa mayoría parlamentaria de impulsar el referéndum", ha señalado la exconsellera, si bien ha asegurado que desde su departamento "nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delito".

Desde su posición actual como diputada de ERC en la actual Cámara catalana, Serret ha asegurado que continuará trabajando "por una solución política para este conflicto político" que, según ella, ha derivado en un "causa general contra el independentismo", por lo que tratará así de "sacar ya el conflicto político de la judicialización".

No responde a la acusación popular

Por su parte, la abogada de Vox ha señalado que Serret, al igual que el resto de procesados en esta causa se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular y ha señalado que pese a reconocer su desobediencia ha tratado de justificarla en una actuación colectiva del entonces Govern.

"No ha negado su conocimiento de la ilegalidad de oponerse al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró nulos los acuerdos tendentes a declarar la independencia", ha afirmado Castro a las puertas del tribunal, para añadir que pese a negar los pagos para el 1-O "no ha podido negar que era parte del Gobierno y tenían una actuación conjunta".

Arropada por el independentismo

La exconsellera ha estado arropada por una delegación de líderes soberanistas encabezada por el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts Pilar Calvo y el de la CUP Albert Botrán, que han reclamado una ley de amnistía como "solución democrática" en Cataluña y la han aplaudido a su entrada en el Supremo.

Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del 'procés' dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.

Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consellería de Serret.

La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años. Por el momento el juez mantiene su imputación por ambos delitos.