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Elecciones Madrid 4M

La Fiscalía recurre el archivo del cartel de Vox porque busca la "exclusión social" de los menores extranjeros

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El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a la candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.
El líder de Vox, Santiago Abascal, junto a la candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

La Fiscalía de Madrid ha recurrido el archivo de la causa del cartel de Vox sobre menores extranjeros no acompañados al considerar que sus "imágenes, símbolos y elementos comparativos" tienen como finalidad "generar el rechazo y, por tanto, la exclusión social de todo un grupo".

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza de instrucción número 53 de Madrid de decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados constituyan un delito de odio, y considerar que Vox ha ejercido su derecho a la libertad de expresión en el marco de la campaña electoral en Madrid.

En la imagen en cuestión figuran dos personas: una mujer de avanzada edad con la mirada hacia el suelo y un joven "racializado de piel oscura", encapuchado y enmascarado, que la mira directamente, con el texto: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes. Protege Madrid, vota seguro".

Respuesta "negativa" hacia un colectivo vulnerable

En su escrito, al que ha tenido acceso RTVE, la Fiscalía sostiene que del cartel subyace la idea de dar una respuesta social "negativa" hacia un colectivo doblemente vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados a través de "las imágenes, símbolos y elementos comparativos" que aparecen en la imagen.

Según considera el Ministerio Público, "una cosa es la amplia libertad de expresión permitida en el marco del discurso político y otra muy distinta la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora del rechazo a un colectivo concreto.

El recurso de apelación afirma que el objetivo que persigue el cartel es "ahondar en la idea del coste que para la sociedad supone" mantener a un menor no acompañado, para lo cual enfrente su imagen a la de una pensionista "cuestionando así su carácter ético y legal". Para ello, afirma el recurso de apelación, traslada una imagen "totalmente prejuiciosa" de un menor extranjero no acompañado como un delincuente, mostrando a "una persona joven de piel oscura, embozado y encapuchado", lo que se corresponde con la "imagen del delicuente que socialmente se tiene incorporada".

El objetivo, afirma, es "la búsqueda de la respuesta social negativa hacia ese colectivo cuyos centros se pretende cerrar. Para la Fiscalía, existe una estigmatización "negativa, intolerante y prejuiciosa" hacia todo el grupo que genera "hostilidad y rechazo" hacia estos menores, lo que incluso constituye -afirma- un "ataque a la dignidad de todo el colectivo". Por ese motivo, considera que "se ha traspasado el límite de libertad de expresión del anunciante",

Por otra parte, el recurso explica que la denuncia interpuesta se limitaba al mensaje del cartel que se exhibe en las instalaciones de Cercanías Renfe de Madrid en la estación de Sol, por lo que "en modo alguno se desconoce que estamos en un contexto de campaña electoral por las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid". "No hay la más mínima mención en nuestra denuncia al lema o programa electoral sobre la política migratoria de un partido que concurre legítimamente a unas elecciones", subraya el fiscal, que además de pedir que se revoque el archivo de la causa, solicita que se investiguen los hechos denunciados.

El PSOE se unirá al recurso de la Fiscalía

El PSOE, que también había denunciado a Vox por un supuesto delito de odio, ha anunciado este sábado que se unirá a la Fiscalía en el recurso. "Nos vamos a sumar al recurso de la Fiscalía y este tema, sin duda, si tiene que acabar en el Constitucional, acabará", ha señalado el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

"Puede ser que hoy no lo consigamos, pero sin duda es un desafío y un reto que queremos que se respeten los derechos humanos en este país. Hablamos de menores, de derechos constitucionales… no se puede alegremente despachar mensajes como este. Más allá de la coyuntura electoral, tenemos ahí un reto, una batalla política y también jurídico-constitucional", ha sentenciado.