¿Quién resuelve el futuro de los interinos públicos?

• Gobierno, sindicatos y plataformas de afectados difieren en la respuesta que permita resolver la temporalidad abusiva
• Los trabajadores temporales abogan por una reforma legislativa que avala la expresidenta del TC, María Emilia Casas

Plataformas de interinos se manifiestan en toda España para protestar contra la precariedad, el fraude en la contratación y reclaman su fijeza.

Se suele decir que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, una frase que puede resumir bien la acción de las Administraciones Públicas con relación al trabajo temporal en las últimas décadas. El error de entendimiento a la hora de acudir a este modelo de contratación ha llevado a la acumulación de empleados (más de 800.000, según las asociaciones de interinos) en situación de abuso que hoy temen quedarse fuera de sus puestos labores tras un largo recorrido en puestos estructurales.

De nada parece servir el diagnóstico compartido por trabajadores temporales, organizaciones sindicales y Gobierno. Las opciones para resolver esta encrucijada son dispares y se están topando con una respuesta asimétrica por parte de los tribunales.

El cumplimiento de la Directiva comunitaria, las sentencias del TJUE o un reciente informe jurídico firmado por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, que aborda una posible reforma legislativa son las grandes esperanzas del colectivo interino que demanda sanciones mientras planea la sombra de nuevos procesos de estabilización que, según las plataformas, suponen un castigo para los denunciantes y no para la Administración infractora.

Una realidad incómoda

Los principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) reconocen la compleja fotografía actual y lamentan la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2017 con el Gobierno para reducir la temporalidad.

"Desde hace muchos años se han establecido limitaciones a las ofertas públicas de empleo y eso ha limitado las convocatorias, las necesidades existían y se ha tirado de temporalidad dejando una situación antinatural y antilógica", destaca el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Frederic Monell.

“Lo que tenemos ahora es la foto consecuencia de esa especie de dejación de funciones“

Las organizaciones aseguran que las distintas velocidades con las que las Administraciones han adoptado procesos de estabilización y consolidación ha generado un tapón importante que evita una fácil solución. "Principalmente en el ámbito autonómico y local no se han hecho los deberes y lo que tenemos ahora es la foto consecuencia de esa especie de dejación de funciones", afirma el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama.

Este sindicato considera que ha llegado el momento de "instaurar inspecciones y complementar la legislación para evitar los abusos y transponer definitivamente a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 1999/70/CE", destaca Lama en referencia al texto comunitario que aborda dos puntos clave: garantizar la igualdad de trato entre trabajadores temporales y fijos, además de incidir en la necesidad de evitar el exceso de la temporalidad.

"Creemos que la solución pasa por tres pilares: determinar la casuística de la temporalidad, delimitarla en el tiempo y establecer un sistema de responsabilidades para la gente que gestiona los recursos humanos en las distintas Administraciones Públicas", subraya el secretario de Empleo de la Federación De Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), Juan del Campo.

¿Quién paga los 'platos rotos'?

De momento, el camino que plantea el Ejecutivo es explorar la limitación a tres años de las plazas de interinaje y abrir nuevos procesos de estabilización a través de pruebas selectivas. Un primer acercamiento, anunciado por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que pretende la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 10 relativo al funcionario interino.

“No es un asunto que haya nacido con los recortes de la anterior crisis y ahora se quiere castigar al interino“

Desde las distintas plataformas de trabajadores temporales públicos rechazan esta vía y muestran preocupación por unos procesos que, afirman, pueden dejar en la estacada a miles de empleados que hoy y en situación de fraude de ley ejercen en la Administración. "No es un asunto que haya nacido con los recortes de la anterior crisis y ahora se quiere castigar al interino que ya accedió a través de un proceso selectivo a su puesto y no a la Administración que ha causado esta situación", declara la portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, Ana Dueñas quien sostiene que seguirán manifestándose por toda España.

Colaboradora activa en el resto de asociaciones nacionales e interina desde hace tres décadas, Dueñas recuerda que ya concurrieron a su puesto, según determina el artículo 103 de la Constitución Española (CE), atendiendo a principios de mérito y capacidad y recalca que "el colectivo no está pidiendo ser funcionario de carrera, sino la estabilidad en su plaza como reparación al abuso sufrido después de ejercer durante décadas el mismo trabajo que aquellos que realizan funciones con caracter permanente".

La experiencia acumulada y el paso del tiempo juegan aquí un doble papel relevante y antagónico en los procesos pretendidos por el ministerio: "En muchos casos hablamos de personas mayores de 50 años, con cargas familiares, que demuestran estar sobradamente preparadas y que tendrían muy poco tiempo para prepararse un temario", subraya Dueñas.

Trabajadores interinos de la Administración pública se manifestan para reclamar empleos fijos

La consolidación se antoja para estos interinos como una salida lógica: "Cuando un Gobierno no quiere establecer que hay un abuso o sancionar ese abuso, la multa más fuerte es la fijeza de los trabajadores, algo que se está haciendo en la empresa privada por el mismo motivo".

Solución excepcional a una situación excepcional

El conflicto que viven los interinos en situación de abuso con las Administraciones Públicas se ha trasladado ya a los tribunales y lo ha hecho con sentencias dispares. Decisiones que critican los trabajadores al considerar que contradice lo estipulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A este tablero hay que sumarle otra pieza: un informe firmado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, que avala hacer fijos, con apoyo normativo, a los 800.000 empleados que han encadenado contratos temporales o firmado sucesivas prórrogas en puestos estructurales.

Bajo el nombre de Temporalidad de las prestaciones de servicios para las Administraciones Públicas: situación, escenario normativo y alternativas, el documento, al que ha tenido acceso RTVE.es propone la conversión de estos trabajadores en personal fijo a extinguir, perfil ya existente en la Ley 11/ 2020, reseña el texto, y la creación de personal estabilizado que, con carácter indefinido, cumpla con la normativa europea que insta a los Estados miembros de la Unión a prevenir y sancionar el uso indebido de contratos temporales con medidas disuasorias y efectivas, aclara.

Trabajar en el consenso y la prevención del fraude en este tipo de contratación

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no entran a valorar las conclusiones del informe jurídico, "ya que la Administración fundamenta su actuación en el mandato constitucional y legal de servicio a los intereses generales", aseguran desde el departamento para RTVE.es.

Asimismo, estas mismas fuentes recalcan que "en ningún caso las sentencias dictadas por el TJUE otorgan la fijeza a trabajadores temporales" y que el Derecho de la Unión "no establece sanciones específicas en caso de que se compruebe la existencia de abusos". Inciden también en que corresponde a las autoridades nacionales adoptar las medidas apropiadas para hacer frente a esta situación y que, actualmente, existe una sanción específica establecida con carácter básico por la Disposición adicional cuadragésima tercera (exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 .

Un texto, prosiguen, que "con vigencia indefinida y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE establece que los órganos competentes en materia de personal en las Administraciones Públicas velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo".

Preguntados sobre las líneas de acción del ministerio, más allá de lo expuesto relativo a la modificación del EBEP, confirman que ya han solicitado a las distintas Administraciones Públicas datos en el ámbito de sus competencias de cara "a comenzar solucionar el problema de las bolsas de interinos existentes". Una petición con la que continuarán, dicen, "la línea de trabajo basada en el diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales para reducir la temporalidad".