El Gobierno aprueba medidas para el fin de la alarma: control de viajeros y prórroga de la protección a inquilinos

• El Ejecutivo saca adelante un paquete de normas ante el decaimiento del estado de alarma el próximo domingo
• Junto a la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres, se prohíben las juntas de propietarios hasta 2022
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El Gobierno aprueba medidas para el fin de la alarma: control de viajeros y prórroga de la protección a inquilinos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas sociales y contra la pandemia de COVID-19, entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y la moratoria de los alquileres que ya anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, así como el control de los viajeros internacionales o la prohibición de celebrar juntas de propietarios de comunidades hasta el 31 de diciembre de este año.

El decreto, que también incluye una relevante modificación legal para establecer que el Tribunal Supremo sea quien decida en última instancia sobre la validez jurídica de las restricciones que impongan las comunidades autónomas una vez se extinga el paraguas legal del estado de alarma, se centra en sostener parte del denominado escudo social erigido contra la epidemia y entrará en vigor a las 00:00 horas del día 10 de mayo

Entre otras medidas, contempla la suspensión por otros tres meses de los desahucios a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos a aquellos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo, si así lo considera un juzgado.

Sánchez anuncia que el Gobierno ampliará tres meses la moratoria de alquiler y la suspensión de desahucios

Asimismo, continuará vigente hasta el 9 de agosto la moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Según detalló Sánchez hace tres semanas en el Congreso de los Diputados, hasta finales de marzo se habían concedido 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.

Por último, se suspenden otros tres meses los cortes de suministros, como luz o agua, y el bono social; de la misma forma, se mantiene hasta el 9 de agosto la consideración de servicio esencial la atención a las víctimas de violencia de género. "Hemos intentado abarcar todas aquellas medidas que necesitaban soporte para mantenerse en el tiempo", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, al presentar el decreto de medidas tras el Consejo de Ministros de este martes.

Control de los viajeros internacionales

Calvo ha señalado que el paquete aprobado este martes no recoge otras medidas de protección social que el Ejecutivo está abordando mediante legislación ordinaria, como el otro gran pilar del escudo social contra la pandemia, a saber, la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes), cuya vigencia no está vinculada hasta el estado de alarma, sino que alcanza, según el último acuerdo en el marco del diálogo social, hasta el 31 de mayo.

En cuanto al resto de medidas, el decreto que se aprueba este martes establece medidas para controlar a los pasajeros internacionales. Además, se mantiene hasta el 31 de diciembre la suspensión de las juntas de propietarios de las comunidades de vecinos, pese a la reclamación que han trasladado los gestores de fincas para que se permitan o se arbitren otras formas de adoptar decisiones.

El Gobierno establece por decreto que el Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones tras el estado de alarma

En el ámbito sanitario, se permite que los profesionales jubilados sigan en activo, dando vía vía libre a la extensión de la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID-19.

El decreto, por otro lado, también aclara los procedimientos judiciales para dirimir las medidas que adopten las Comunidades Autónomas una vez termine el estado de alarma y concede la última palabra al Tribunal Supremo: los gobiernos autonómicos podrán presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal, que deberá decidir en cinco días hábiles, si los Tribunales Superiores de Justicia tumban, como ya ha ocurrió el pasado año, alguna de las medidas sanitarias que se aprueben.

En este sentido, Calvo ha destacado que la actuación del Tribunal Supremo servirá para "unificar doctrina, tranquilizar a los ejecutivos autonómicos y poder seguir actuando incluso limitando derechos fundamentales y libertades públicas" para contener la COVID-19, ya que, tal como ha recordado en varias ocasiones, "salimos del estado de alarma, pero no salimos desgracidamente de la lucha contra la pandemia".