La justicia decreta la intervención de las plantas de Alu Ibérica ante el riesgo de "descapitalización"
- La juez constata la existencia de irrregularidades en la venta de los centros de producción y en los acuerdos con los trabajadores
- Funcionarios públicos de la IGAE y la IGSS se harán cargo de la gestión como administradores judiciales de la sociedad
Nuevo giro de guion en el recorrido judicial sobre la venta de Alcoa al fondo suizo Parter y la posterior adquisicion por parte del Grupo Riesgo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha decretado la intervención de Alu Ibérica, la sociedad propietaria de las plantas de alumninio de A Coruña y Avilés y otras satélites, como medida "más adecuada y proporcionada en este momento procesal", determina la resolución, para evitar que durante el procedimiento abierto las entidades querelladas puedan llevar a cabo procesos, ahora mismo indiciarios, de descapitalización y despatrimonialización.
El decreto, derivado a raíz de la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) y que responde también a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, tendrá una vigencia de seis meses y se podrá prorrogar por períodos de seis meses. Tiempo en el que las plantas serán gestionadas por funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social como administradores judiciales de la sociedad.
La compraventa en el ojo del huracán
La intervención, que no tiene efecto sobre la actividad empresarial, afecta concretamente a las sociedades Iberian Green Aluminium Company, Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ibérica AC y Alu IBérica AVL y pone el foco en los procesos de compraventa acaecidos en los últimos tiempos que, según la magistratura, podría evidenciar operaciones de descapitalización.
En el 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas de Avilés y A Coruña. Sin embargo, la firma se desprendió poco después de las dos plantas, hasta entonces bajo el nombre de Alcoa, cediendo su gestión al Grupo de Inversión Riesgo y dando paso a la denominación Alu Ibérica. La medida cautelar conocida este martes se toma después tras estudiar el desfase millonario producido en los sucesivos procesos de venta y que, tal y como determina el auto, podría afectar a las plantas contribuyendo a "la imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio a los acreedores y trabajadores".
Querella y registros
La querella presentada por CCP, admitida a trámite a finales del pasado año y que da lugar a la medida cautelar, abordaba hechos relacionados con las distintas operaciones realizadas y que, a juicio de la organización, son constitutivas de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal y fijaban su diana a Alcoa y otras 18 personas jurídicas.
Tras ese episodio, hace dos meses la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en diversas provincias españolas relativo a la supuesta despatrimonalización fraudulenta. Una investigación que acabó con varias detenciones con las que se pretendían esclarecer las cirncunstancias investigadas.
Con el nuevo movimiento, los trabajadores confían en resolver la encrucijada, y hacer viable el futuro industrial de las plantas.