La pandemia agudiza la precarización de los trabajadores de la hostelería
- Jesús Soriano, camarero, evidencia en redes sociales la precarización del sector
- Empresas y sindicatos denuncian la parcialidad y piden más inspecciones de trabajo
Jesús Soriano trabaja como camarero desde los 16 años. A través de las redes sociales cuenta su día a día, incluso ha escrito un cómic en el que narra anécdotas y experiencias en su profesión. Hace unas semanas lanzó una publicación por Instagram, con esta frase: “Comenta cuántos años trabajados y cuántos cotizados”. La reacción fue masiva, con centenares de respuestas que evidenciaban un problema: la falta de concordancia entre las horas que se reflejan en los contratos y las que se trabajan de forma efectiva.
“El 95% hace jornada completa cuando su contrato pone media jornada“
“Pregunté cuántas horas trabajaban y cuántas en realidad estaban cotizando. Y el 95%, por no decir más, hacen jornada completa cuando en su contrato pone media jornada”, afirma Jesús. “Entonces, a la hora de pedir ayudas o para los ERTE, se cobran en relación a esa media jornada”.
Alta temporalidad y parcialidad
Diferentes sindicatos llevan denunciando esta problemática mucho tiempo. Dicen que está motivada por la alta temporalidad y la parcialidad en los contratos en este sector. “Parcialidad que, en ocasiones es falsa porque igual el contrato es de 20 horas, pero la realidad es que, en el día a día, acaban haciendo 40 semanales, y esto afecta a las cotizaciones”, asegura Raquel Bernabé de Comisiones Obreras. “Si uno coge su vida laboral, después de trabajar 4 años en la hostelería, puede ser que se refleje una cotización de solo 2 años”.
“La parcialidad acaba afectando a las cotizaciones“
Jesús Soriano profundiza en el problema. “Muchos están contratados como ayudantes de camarero, porque así el sueldo es menor. Tal vez hay gente como yo que tiene 15 años de experiencia de camarero y estamos aún como ayudantes. Los sueldos, por tanto, te puedes imaginar cómo son”.
Otro efecto del coronavirus
La pandemia, como en todo, ha agravado esta situación. Según Gonzalo Aranda, de UGT “en este sector, el fraude es algo histórico, pero con la pandemia ha aumentado. Va desde jornadas parciales contratadas de 4 o 5 horas, se trabajan 8 o 10, e incluso 12 horas. Directamente algunas pequeñas empresas no te dan de alta, los pagos son en negro, hay horas extra que no se cobran…”.
“Algunas empresas pagan en negro, no dan de alta, no pagan horas extra... “
El principal reflejo se produce en los ERTES. “Hemos comprobado que, cuando una empresa ha cerrado y ha habido un ERTE, la cotización de muchos de sus trabajadores era del 50%. A lo mejor estaban cobrando un salario mayor porque una parte la cobraban en negro, con lo que no cotizaban lo que en realidad debían”, denuncia Aranda.
Un sector esencial en la economía
Hay 32.000 empresas en el sector de la hostelería de la Comunitat Valenciana. Es uno de los motores de su economía. Desde algunos ámbitos empresariales también denuncian estas prácticas fraudulentas. “Estamos muy concienciados y cumplimos con la normativa, pero hay una pequeña minoría que se ve mucho”, asegura Rafael Ferrando, Director General de Conhostur, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana. “Al final nos perjudica tanto a los trabajadores porque les afecta en sus condiciones laborales como a las propias empresas porque es una competencia desleal”.
“También perjudica a las empresas porque es competencia desleal“
Para Gonzalo Aranda, estas prácticas deben ser perseguidas con inspecciones de trabajo, pero también “con las denuncias de los propios trabajadores a través de los sindicatos, pero muchos nos dicen que tienen miedo a perder el puesto de trabajo en un momento como el actual”.
“La hostelería es uno de los sectores más precarizados y donde además se da como algo normal”, denuncia Raquel Bernabé, de CCOO. “Se ha implantado esta política de o lo tomas o lo dejas y ahí está la puerta. Necesitamos herramientas, como el control horario, pero que sean eficientes para fiscalizar que se cumpla la ley y que los trabajadores estén protegidos”.
Aranda concluye: “El último informe en la Comunitat Valenciana habla de un fraude de 8.300 millones de euros, según un estudio de los técnicos de Hacienda. Todo esto supone recaudar menos impuestos, menor acceso a las ayudas y demuestra una gran insolidaridad entre los trabajadores”.