Un juez investiga a excargos de la Generalitat por malversar fondos públicos para "internacionalizar" el 'procés'

• La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019

El exconseller de la Generalitat Raül Romeva en un acto organizado por Òmnium Cultural

Una juez de Barcelona investiga al exconseller de Exteriores Raül Romeva, al exsecretario del Diplocat Albert Royo y al secretario de Govern, Víctor Culell, además de a otros siete cargos de la Generalitat, por malversar casi un millón de euros de fondos públicos para "internacionalizar" el 'procés' mediante contratos a dedo y arbitrarios.

La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial, y se centra en once contratos y subvenciones otorgadas entre 2012 y 2017 por un valor de 972.228 euros.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha acordado citar como investigados a los cargos del Govern, acusados de desviar fondos públicos de la Consellería de Exteriores entre los años 2011 y 2017 para "internacionalizar el derecho a decidir", es decir, la promoción exterior del 'procés', mediante subvenciones y contrataciones de trabajos académicos supuestamente "arbitrarias", excediendo el ámbito competencial autonómico.

La magistrada ha imputado también a Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Acción Exterior, Roger Albinyana, exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Teresa Prohias, exdirectora de servicios de Presidencia, Roser Clavell, ex secretaria general del Diplocat, Manel Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarollo, y Gerard Figueras, secretario general del Deporte y que presidió el Consell Català de l'Esport.

Tras conocerse la apertura de la investigación a los cargos de la Generalitat, Ciudadanos ha presentado una solicitud a la Mesa del Parlamento para que comparezca Laura Foraster, secretaria general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña.

Contratos otorgados "a dedo" y trabajos académicos

Según sostiene la juez en su auto, fechado el pasado 3 de mayo, la denuncia de la Fiscalía tiene su origen en el informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y pueden "perturbar" la dirección de la política exterior española.

La Fiscalía halló supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones -otorgados "a dedo" o troceados para evitar concursos públicos-, que según la juez no iban dirigidos a "promocionar la imagen del país, objetivo de la acción exterior, sino a internacionalizar el proceso sobre el derecho a decidir".

Entre los contratos investigados figuran trabajos académicos en materias en principio ajenas al ámbito competencial de la Generalitat, algunos "orientados a contar con estudios para la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Cataluña alcanzara la independencia", según la juez.

También se investiga la contratación directa y sin concurso en 2015 de dos informes sobre tratados multilaterales y procedimientos de un nuevo Estado para entrar en organizaciones internacionales, a una misma persona y en dos pagos de 17.500 euros.

Y, ese mismo año, la contratación directa por parte de Víctor Cullell -ex director general de Análisis de Presidencia- de un informe por 13.636 euros al sociólogo Salvador Cardús sobre los distintos instrumentos de cooperación internacional entre España y Cataluña en caso de independencia.

Subvenciones a la FOCIR

Una de las subvenciones que investiga la juez -de 40.000 euros- es la que otorgaron en 2016 el exconseller de Exteriores Raül Romeva y Villatoro a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), "sin justificar las razones" de que no hubiese concurrencia pública.

Cardús también hizo de intermediario, según la Fiscalía, en la adjudicación directa en 2015 a una empresa belga, de la que se desconocen datos, de un informe sobre la política europea de defensa por el que consta se abonaron 5.000 euros, un caso que la juez ve "especialmente destacable", ya que no se ha podido acreditar quién es el titular de la cuenta de Bélgica al que se transfirió el pago.

A Roser Clavell le atribuye la Fiscalía la concesión de una subvención directa en 2012 a FOCIR por importe de 50.000 euros, sin concretar el destino, ni realizar un seguimiento de esta ayuda, que no fue publicitada.

Respecto a Royo, que dirigió el Diplocat de 2014 a 2016, la juez le investiga por unas subvenciones por importes de 100.000, 125.000 y 125.000 euros en que FOCIR fue designada directamente como entidad colaboradora, sin concurso, y un convenio que firmó en 2017 con el secretario de Deportes, Gerard Figueras, y el director de la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD), Manel Vila, para otorgar una subvención directa de 165.000 euros a esa entidad.

El secretario general del Diplocat también encargó al Instituto de Barcelona Estudios Internacionales (IBEI) un estudio sobre el estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un estado miembro, lo que se acabó adjudicando a dos centros europeos por valor de 196.920 euros.

Promocionar el derecho a decidir para el 9N

Según la Fiscalía, también se hizo una contratación fraccionada para producir 20 vídeos, por 48.230 euros, para promocionar el derecho a decidir a las puertas de la consulta del 9N, en la que el Diplocat asumió 10.000 euros del coste generado por el viaje a Cataluña de ocho parlamentarios europeos.

Otra de las contrataciones de Royo que investiga la juez es la de un espacio coworking en Bruselas entre mayo y noviembre de 2017, coincidiendo con los meses en que se preparó y celebró el 1-O y se votó la DUI en el Parlament, por valor de 13.352 euros.

La denuncia de Fiscalía se dirige también contra el exconseller Quico Homs, por fragmentar un contrato de servicios para desplazar a asistentes a un encuentro mundial de comunidades catalanas, una adjudicación sobre un proyecto de una zona de dinamización internacional y una subvención directa a Catdem -afín a CDC- por su pertenencia a la European Liberal Forum.

Sin embargo, la juez considera que ni del informe del Tribunal de Cuentas ni de la documentación analizada "se evidencian indicios delictivos", más allá de "meras irregularidades administrativas".