Técnicos del Supremo cuestionan el decreto del Gobierno para autorizar restricciones tras el fin del estado de alarma

• Alertan de que será "problemático" cumplir con el plazo de urgencia de cinco días para resolver los recursos
• El Ejecutivo estableció que el Alto Tribunal tendrá la última palabra sobre las medidas aplicadas por las comunidades

Fachada del Tribunal Supremo

El gabinete técnico del área de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha criticado este jueves la decisión del Gobierno de que sea este tribunal el que tenga la última palabra sobre las restricciones de las comunidades una vez decaiga el estado de alarma.

En un comunicado al que ha tenido acceso RTVE, los técnicos cuestionan varios aspectos de este decreto. Alertan de que el texto aprobado esta semana va contra la jurisprudencia vigente, según la cual los autos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas contra el coronavirus no se podían recurrir en casación.

También critican que el plazo que plantea el real decreto, de máximo cinco días hábiles para resolver el recurso, es de difícil cumplimiento. "Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo", aseguran en el comunicado, ya que prevén una probable llegada simultánea de múltiples recursos provenientes de varios tribunales.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado martes que con el recurso al Supremo, este dictaría la última palabra en "tiempo récord", en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben alguna medida restrictiva, de forma que "nos ofrezca seguridad jurídica e igualdad en la capacidad de proteger a todos".

De esa manera, se adoptaba un procedimiento urgente cuando el plazo normal por parte del Alto Tribunal para resolver este tipo de recursos puede llegar a ser de cinco meses. Pero los técnicos recuerdan que esto se podría alargar, ya que es necesario dar traslado para posibles alegaciones a la parte interesada. Por ejemplo, si la Fiscalía recurre una medida de una comunidad autónoma, el tribunal debe dar traslado de este recurso a dicha comunidad, lo que retrasaría los plazos.

Critican la falta de claridad y detalle del decreto

En el texto, los técnicos no entran en la constitucionalidad del decreto o si es adecuado o no para regular algo que afecta a derechos fundamentales, aunque insinúa una posible "insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada". Señalan que los tribunales serán una "suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas".

Al margen de estas cuestionas, las críticas se centran en aspectos formales del decreto. Por ejemplo, se preguntan qué forma ha de tener la resolución final del Supremo una vez resuelva los recursos -si es un acto o una sentencia- y advierten de, en contra de la pretensión del Gobierno de que estas resoluciones "fijen doctrina", esto "puede no ocurrir" si el recurso finalmente no se admite.

La sentencia "puede decir que el recurso carece de interés casacional y que por tanto es inadmisible", lo que impediría fijar doctrina. En otras especificaciones técnicas, critican que hay terminología ambigua, confusa y equívoca en el decreto.

Reclaman más personal

Ante la situación que se espera una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, con una posible cascada de recursos por las restricciones de las autonomías, los técnicos trasladan que el Supremo "necesitará con alta probabilidad de la asistencia del Gabinete Técnico, para poder cumplir los plazos procesales así fijados".

Por ello, reclaman mejorar "la dotación de medios personales y materiales para el personal del Gabinete", que ya se encuentra "saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general".

Con el decreto aprobado el pasado martes, el Gobierno pretende evitar el caos jurídico que se creó el pasado verano, cuando decayó el primer estado de alarma y los tribunales superiores de justicia actuaron con criterios distintos en el caso de cada comunidad.

El Supremo niega que este informe represente al tribunal

Poco después de la publicación del texto, el presidente de la Sala Tercera del tribunal, César Tolosa, ha aclarado que se trata de "un informe interno, provisional y no vinculante y que no anticipa la postura del Tribunal". Tolosa considera que el informe es un "punto de partida" para el estudio del nuevo recurso de casación "y de los problemas que su aplicación pudiera plantear".

El texto "no vincula en modo alguno a los miembros de la Sección Cuarta, que serán los encargados del conocimiento de este tipo de recursos", ha señalado.