La cara oculta de los interinos: "Nos sentimos trabajadores de segunda, pero con funciones estructurales"
- Los empleados públicos temporales lamentan la ausencia de soluciones desde el Gobierno y la incomprensión de la sociedad
- La sombra de nuevos procesos selectivos profundiza la herida de un colectivo que se siente doblemente castigado
Conchi (51 años), Diego (53 años) y Andrés (44 años) son empleados de la función pública. Sus hojas de servicio son intachables y contemplan una dedicación exclusiva en la Administración a la que accedieron a través de procesos selectivos. Los tres han recibido el aplauso de la sociedad en tiempos de COVID-19: Conchi como profesora de Música y Artes Escénicas en conservatorios de música gallegos, Diego desde su posición de informático en el servicio de salud pública de Castilla y León y Andrés como médico de Urgencias en un centro hospitalario madrileño.
Sin embargo, ese mismo reconocimiento social se convierte en los tres casos en crítica y desconfianza cuando reclaman la fijeza en sus puestos de trabajo. La, tal vez, pedestre idea que asocia empleo público a relajación laboral y condiciones envidiables entierra a ojos ajenos la realidad que pretenden visibilizar y a la que se enfrentan día a día. Conchi, Diego y Andrés son tres de los más de 800.000 trabajadores de la Administración Pública en abuso de temporalidad y para ellos el futuro profesional y personal pende periódicamente de la firma de un contrato.
Una situación precaria que vulnera la ley y que ahora refuerza la amenaza de nuevos procedimientos de estabilización y la limitación a tres años de los contratos de interinaje pretendidos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Miquel Iceta.
Contratos y más contratos
La voz de Diego al otro lado del teléfono suena firme y su mensaje, como el de Andrés y Conchi, denota una indignación palpable tras 30 años como temporal: "Desde 1991 he superado dos procesos para acceder a los dos centros de trabajo que me han empleado", asegura este informático vallisoletano refiriéndose a las pruebas escritas que le valieron los contratos, el último correspondiente a una interinidad por vacante suscrito hace 17 años, que le permiten seguir ligado a la Administración en un hospital pucelano.
“Se ha tomado la temporalidad como un mal menor habitual“
Andrés forma parte del enorme nivel de temporalidad (90% ) que viven los médicos de Urgencias de los servicios de salud pública madrileños. Accedió a su interinidad en 2018 tras encadenar firmas como eventual desde 2012. "Estuve casi 7 años con un contrato diseñado para cubrir guardias de mayores de 55 años exentos de realizarlas, pero que en la práctica se utiliza para realizar trabajo estructural", subraya. La interinidad en su sector, cuenta, es casi un lujo al que accedió tras un procedimiento de méritos organizado por la propia Administración. "Algo a lo que también se vieron obligados después de que Europa diera un toque y que contó con el amparo del Tribunal Constitucional", dice.
"No he tenido suerte ni privilegios para acceder a mi puesto, realicé una prueba que marcó mi comunidad autónoma ", destaca Conchi desde Galicia. Su empleo actual en un conservatorio gallego se renueva anualmente en una espiral que ya dura 17 años. "Aquí se ha tomado la temporalidad como un mal menor habitual", recalca.
Unidos por una condición laboral que se ha enquistado en el mercado de trabajo español donde la temporalidad en el sector público (30,4 %) aventaja ampliamente a la del privado (22 %), sus testimonios desde distintos puntos geográficos son la evidencia de un fenómeno a erradicar, según constata también el propio Gobierno.
Temporalidad como modus vivendi
"He tenido la suerte de que cuando me he planteado un proyecto vital no he pensado en los problemas de no recibir un préstamo en el banco o en el hecho de poder verme en la calle", confiesa Diego dirigiendo su pensamiento a compañeros que sí han visto trastocados todos sus planes personales, aunque matiza que "el miedo a que todo se desmorone está ahí".
En caso de una futura convocatoria de oposiciones, su caso dejaría una curiosa paradoja: "Mi hijo terminará la carrera de informática el año que viene y podríamos coincidir en un mismo examen", expone. Este hecho le sirve para mostrar otra realidad a la que este colectivo ha de hacer frente: el paso del tiempo.
"Por edad podría haber concurrido a cuatro o cinco oposiciones", sostiene Andrés. Como a Diego y Conchi, la ausencia de convocatorias le ha privado de poder prepararse a una prueba que le habría permitido ser funcionario de carrera.
“No hemos elegido esta forma de vida y es la Administración la que debe ser sancionada“
"Ahora entre las horas de trabajo, las dedicadas a la labor investigadora, la docencia y la propia vida familiar no es posible dedicar tiempo al estudio". Padre de dos niños, este médico enuncia otro de los inconvenientes de vivir sin estabilidad en la Administración: "Al final haces tu vida pensando también en el trabajo, intentas que tu casa o el colegio de tus hijos esté cerca del centro, pero si te echan o te condenan tras tantos años de servicio a un nuevo proceso cambian todo".
"No hemos elegido esta forma de vida y es la Administración la que debe ser sancionada y restituir a la víctima que somos nosotros", comenta Conchi. Sin hijos, la gallega tiene que cuidar a sus padres: "Simplemente pensar en una oposición, en continuar con mi trabajo, mis padres supone un estrés añadido terrible", lamenta.
La 'propuesta Iceta' y el papel sindical
De momento y a falta de acuerdo con comunidades autónomas, ayuntamiento y negociación con sindicatos, el recetario del Gobierno está lejos de convencer al colectivo. "Nos sentimos trabajadores de segunda, pero realizamos funciones estructurales como cualquier empleado con plaza", asevera Andrés para el que el ministro Miquel Iceta "acierta en el diagnóstico y no en el tratamiento". Una solución que pasa por la obligación de limitar a tres los años de un contrato temporal y realizar un nuevo proceso de estabilización "no resuelve este problema estructural al que Europa ha dado solución y que en el sector privado obliga a la conversión en fijo del empleado", incide.
"Es una cuestión de voluntad y valentía para acometer lo que dicen las leyes y reconocer que la regularización tras tantos años es la única forma de corregir la infracción", acentúa Diego.
Y ante este maremágnum de medidas por definir, el rol de los sindicatos también juega un papel relevante que no convence. "Son cómplices de la situación porque la directiva que regulaba la situación se tenía que haber transpuesto en 2001 y aquí no hemos visto huelgas generales para que se apliquen las mismas directivas en el sector publico que en el privado", opina Andrés.
La indefensión que dicen sentir por parte de estas organizaciones les ha llevado a crear plataformas y asociaciones tras, lo que entienden, ha sido una inacción total para combatir las irregularidades que se han producido :"¿Y esta era la gente que se preocupa por nosotros y que está trabajando en resolver la situación?", se pregunta Conchi, definiendo así la labor de los sindicatos tradicionales.
Enchufados y caraduras: el pesado juicio en la calle
No hay profesión que no arrastre consigo un sambenito con el que cargar, sin embargo, si hablamos del funcionario la lista de tópicos asociados a su desempeño se eleva a cotas disparatadas. Esta losa acrece si, a vuelapluma, nos referimos a personas que quieren fijar su plaza en la Administración sin pasar la prueba o pruebas que prevé el Gobierno".
"Yo no soy un jeta que quiera quedarme con una plaza en la que me han colocado a dedo y la gente tiene la sensación de que somos unos listos, pero solo queremos que se reconozcan nuestros derechos", expresa Diego.
La incomprensión, según el informático, alcanza también al círculo personal siendo relativamente frecuentes en reuniones familiares frases como "no te quejes que bastante tiempo has estado". Opiniones a las que se combate, comenta, con argumentos: "Cuando explico la situación empiezan a entender, pero de primeras solo se quedan con lo superficial".
La información y campañas de sensibilización son necesarias, expresan Andrés, Diego y Conchi, para "tumbar un razonamiento que aguanta muy poco porque los 'enchufados' de verdad no se encuentran en esta situación. A nosotros no hace falta ni despedirnos, ya que con no renovarnos ni siquiera hubiéramos tenido derecho a indemnización", declara el médico madrileño.
Estos trabajadores aseguran que seguirán manifestándose y peleando una regularización que, enfatizan, no es un privilegio, sino la respuesta a años en los que la Administración ha mirado hacia otro lado.