El Gobierno vasco y el central sellan el acuerdo para traspasar las competencias de prisiones al País Vasco
- El País Vasco se hará cargo desde el 1 de octubre de la ejecución y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos
- PP+Cs exige que la competencia de prisiones a Euskadi "no se convierta en un traje a medida para los presos de ETA"
El Gobierno vasco y el central han firmado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias el acuerdo para el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, que será efectivo el próximo 1 de octubre tras más de cuatro décadas en las que ha sido el Ministerio del Interior el responsable de las prisiones de la comunidad.
También se han cerrado las transferencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, de manera que, con estos cuatro traspasos, quedarían otras 27 competencias pendientes para culminar el calendario acordado entre ambos gobiernos y dar cumplimiento al Estatuto de Gernika.
En la reunión de la Comisión, celebrada en el Archivo Histórico de Bilbao, se ha certificado el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como en su caso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales. En dicho encuentro han participado, entre otros, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
Euskadi asumirá la ejecución y el seguimiento del cumplimiento de penas
El acuerdo pactado por ambas partes supone que la comunidad asumirá la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Álava) y Martutene (Gipuzkoa), que albergan actualmente a 966 internos y son atendidos por 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora dependerán y cobrarán del Gobierno vasco. Asimismo, éste se hará cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos.
La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por instituciones penitenciarias tras su cierre, de manera que ya no acoge a presos y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.
Asimismo, cuando se construya la prisión de Zubieta el Gobierno vasco devolverá Martutene y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno central en marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.
La valoración económica de la transferencia asciende a 69.949.977 euros. El País Vasco retendrá anualmente (reduciendo el 6,24 % del Cupo) esta cantidad anual de casi 70 millones para financiar las funciones y servicios asumidos. De esa manera, se retendrá esa cuantía sin aportarla al Cupo y la integrará en sus Presupuestos.
Gobierno vasco y central celebran el valor del diálogo
Los mandatarios de los dos ejecutivos han resaltado que los traspasos son una demostración del valor del diálogo y la negociación. "Hoy se viene a cumplir y saldar una deuda y la que lo ha hecho posible es la propia sociedad vasca, que quiere mirar al futuro", ha dicho Iceta, que ha pedido a su vez que "se separe claramente lo que es una transferencia de recursos y personas de lo que es la política penitenciaria", ya que la legalidad seguirá siendo la misma para toda España.
Por su parte, desde el Gobierno autonómico se ha destacado que el traspaso "vuelve a demostrar que el pacto y el acuerdo son la vía más eficaz para avanzar en el autogobierno". Erkoreka ha defendido que "celebramos el éxito que nos acerca un poco más al cumplimiento íntegro del Estatuto. En Euskadi estamos jurídica, anímica y estructuralmente preparados para gestionar las instituciones penitenciarias".
Ni el ministro ni el vicelehendakari primero han querido entrar en polémica sobre si el traspaso va a afectar a los presos de ETA. Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos de la banda terrorista y los continuos acercamientos que se han producido el último año han sido a prisiones cercanas, pero muy pocos al País Vasco.
PP+Cs pide que "no se convierta en un traje a medida" para los presos de ETA
Sin embargo, desde la coalición de PP+Cs han exigido que la transferencia "no se convierta en un traje a medida para los presos de ETA", y ha registrado en el Parlamento regional una interpelación para preguntar este viernes "a qué se refiere el Gobierno vasco cuando defiende un nuevo modelo penitenciario".
El parlamentario Luis Gordillo ha defendido que "los criterios de progresión o regresión de grado deben ser objetivos" y cree que esto "no ha quedado claro en estos meses de negociaciones marcadas por la opacidad y la falta de transparencia". "El acuerdo lleva un mes cerrado a falta de la firma y el Gobierno vasco aún no ha informado al Parlamento ni del contenido, ni de las cuestiones de personal, ni de los medios materiales", ha denunciado.
Covite "vigilará rigurosamente" la gestión
Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha advertido de que "vigilará rigurosamente" la gestión que se realice desde el Gobierno vasco de la competencia de prisiones, con el objetivo de comprobar que "se cumpla la ley con los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas".
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha insistido en que vigilarán "muy de cerca que no se abran las puertas de las cárceles cuando no toque" y ha solicitado este lunes, a través de una misiva, una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, "para acordar un protocolo de comunicación directo con la Consejería y que se nos informe de las decisiones que se tomen respecto a los presos de ETA con total transparencia".
No obstante, desde el Colectivo han trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque, según han destacado, "somos conscientes de que los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas son una minoría".