El Gobierno se plantea retrasar la reforma fiscal más allá de 2023 si no se ha recuperado la economía
- La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende equiparar el régimen fiscal a la media europea
- Tampoco se descarta eliminar el IVA reducido si los expertos consideran que se abusa de él
La reforma fiscal que plantea el Gobierno de España podría retrasarse más allá 2023 para dar tiempo a la economía a recuperarse después del impacto del coronavirus. No obstante, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ve probable que esto pueda suceder dada su confianza en la recuperación.
"La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", ha señalado la ministra en rueda de prensa para presentar los componentes sobre fiscalidad, lucha contra el fraude fiscal y eficacia del gasto público. Según ha explicado Montero, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal de cara al año 2023, sino que hay un objetivo de reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro.
"No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos", ha remarcado la titular de Hacienda. Tampoco se han comprometido con Bruselas ni a eliminar la bonificación del diésel ni los tipos reducidos del IVA, según aclaró Montero, que se refirió en todo momento a las recomendaciones que el Comité de Expertos realice.
La previsión del Ejecutivo es que se recuperarán las cifras de PIB previos a la pandemia a finales del año 2022, por lo que las medidas fiscales contempladas se prevén para 2023, a pesar de que coincida con la celebración de elecciones generales. "Todo está en función de las previsiones de cifras de crecimiento. Si no llegamos a las cifras de recuperación, todo el calendario se movilizará", ha incidido la ministra.
Montero apuesta por acercarse a la media Europea
Del mismo modo, Montero ha avanzado que determinadas medidas podrían abordarse en 2022, año en el que el comité de expertos para la reforma fiscal debe tener sus conclusiones y si así lo aconseja dicho comité. No obstante, aclaró que esto no debe suponer en sí misma una subida de alguna figura tributaria, sino también puede implicar "algún incentivo fiscal o disminuir tipos".
En su opinión, España no puede acudir a la Unión Europea a exigir que ponga un volumen considerable de recursos,140.000 millones, sin que el país acometa "reformas imprescindible" para acercarse a la media europea de presión fiscal y recaudación.
La ministra ha vuelto a recalcar que "en ningún caso" se van a subir impuestos a la clase media o trabajadora, sino que se abordará la progresividad del mismo. "Entendemos que la clase media proporcionalmente paga más impuestos respecto a patrimonios más altos", ha señalado la ministra.
No obstante, sí ha admitido que en lo referido a algunos impuestos, como los referidos a fiscalidad verde o a la salud, afecta a la clase media y trabajadora aunque no persigan un afán recaudatorio. Del mismo modo, la ministra opina que en el caso del Impuesto de Sociedades, las multinacionales y los grandes grupos empresariales pagan proporcionalmente menos que las pymes. "Esta es una situación regresiva e injusta y hay que corregirla", ha insistido.
Se baraja eliminar el IVA reducido
La ministra de Hacienda también ha considerado que se hace un "uso abusivo" de los tipos reducidos del IVA y recomienda su eliminación. "El Gobierno escuchará a los expertos", ha señalado Montero, pero de momento "el Ejecutivo no se ha comprometido con Bruselas a eliminar dichos tipos y no se ha incluido en el Plan de Recuperación".
Montero ha admitido que España "tiene el foco puesto" por parte de Europa en el "uso abusivo" que realiza de los tipos reducidos y superreducidos del IVA, pero añadió a continuación que "ahora mismo" el Gobierno no se plantea nada al respecto. También ha asegurado que el Ejecutivo quiere "escuchar" al Comité de Expertos de la reforma fiscal en esta materia, si bien aseguró que el Gobierno es más partidario de los impuestos directos que de los indirectos.
"Si realmente hay un uso abusivo y así se expresa por parte de los expertos, los vamos a escuchar", reiteró Montero, quien añadió que ella no va a decirle al grupo de expertos "lo que tiene que hacer".