El Gobierno amplía a diez años el plazo de devolución de los préstamos ICO usados durante la pandemia

• Se mejoran las condiciones para solicitar una quita de la deuda si se demuestra una caída de la facturación superior al 30 %
• El Gobierno destinará 3.000 millones para la reestructuración de préstamos que cuenten con aval del Estado

El Consejo de Ministros facilita la devolución de créditos ICO

Los préstamos del Instituto de Crédito Oficial podrán devolverse hasta diez años después de haberlos solicitado. El Consejo de Ministros ha aprobado esta prórroga de pago en los préstamos a empresas o autónomos que se han aprovechado de estas ayudas durante los meses más complejos de la pandemia.

Del mismo modo, el Gobierno ha aprobado disfrutar de un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal, una quita que facilitará la devolución de estos préstamos a bajos intereses. La principal condición para acogerse a estas ventajas es demostrar una caída de la facturación del 30 %.

El Consejo de Ministros ha garantizado este martes que mantendrá el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos. Esto permitirá mejorar la solvencia y calidad crediticia de las empresas, según Europa Press.

Además, se destinarán 3.000 millones para que el ICO, principalmente, acompañe los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval del Estado, y los bancos apliquen quitas. La medida permitirá reducir paulatinamente el importe nominal de la deuda y contribuyendo a la solvencia de empresas viables con problemas financieros.

Las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código aunque, con la idea de incentivar la participación de todas las entidades financieras, el Gobierno publicará la lista de las que se apunten y de las que no. A partir de ahora tendrán un mes para comunicar si se suman, lo que las obligará a estudiar la situación financiera de las empresas y autónomos a las que concedieron financiación con aval público y pidan ayuda, además de que tendrán que coordinarse con otras entidades con las que el cliente tenga deudas.

Las quitas deberán pactarse entre banca y empresa

Para la concesión de estas ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado entre el 17 de marzo de 2020 y la aprobación del RDL 5/2021.

La reducción podrá ser del 50 % del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70 % y de hasta 75 % del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70 %. En todos los casos, para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30 % y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en 2020.

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Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo teniendo como límite los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido avales: 2.750 millones para los del ICO; 100 millones para avales de Cesce y 150 millones para avales gestionados por Cersa.

Una ayuda de 11.000 millones de euros

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco de referencia para implementar, en colaboración con las entidades financieras, las medidas de reestructuración que se aprobaron en el real decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, un paquete dotado con 11.000 millones de euros.

Los bancos que se adhieran se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y autónomos que pidan beneficiarse del nuevo marco y que cuenten con financiación con aval público. También a mejorar la coordinación con otras entidades financieras con las que el autónomo o empresa mantenga una deuda financiera con el fin de ofrecer alternativas a los clientes para mantener su solvencia y viabilidad. A estos efectos, se establecen unas reglas de coordinación con mayorías de arrastre entre entidades financieras.

La banca ha concedido 126.000 millones de euros de financiación, con aval público de 96.000 millones de euros, en un millón de operaciones formalizadas, el 98% con pymes y autónomos. "Sin duda, la aprobación del Código va a reforzar la colaboración de los organismos públicos y las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuerce la solvencia de autónomos y preserve nuestro tejido productivo para afrontar en las mejores condiciones la recuperación", ha destacado la ministra Montero.