El Banco de España plantea abaratar a la mitad el coste del despido y compensarlo con los fondos europeos

• Cifra en 9.000 millones la mochila austríaca, un fondo de capitalización individual con aportaciones de las empresas y el Estado
• Critica la falta de concreción del plan de recuperación del Gobierno a la hora de abordar las reformas estructurales

El BdE advierte de los efectos de la crisis y pide abaratar el coste del despido

El Banco de España plantea corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.

No es la primera vez que el organismo defiende la mochila austríaca, planteada ya en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula su coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos comunitarios.

En su informe anual, el Banco de España repasa los retos estructurales, tras la pandemia de COVID-19, entre los que sitúa la corrección de la brecha en el nivel de protección de los trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato fijo.

Destrucción de empleo

Señala que los temporales, entre los que se incluyen colectivos más vulnerables como los jóvenes o los trabajadores con menor formación, han soportado "de manera desproporcionada" la destrucción de empleo durante las últimas décadas porque su despido es más barato, patrón que también se ha observado en la crisis actual.

Para solucionarlo baraja distintas opciones, como el contrato único con coste por despido creciente, pero analiza en detalle el modelo austríaco porque considera que es menos desigual, incentiva la movilidad, no genera tensiones de liquidez a las empresas y traslada las decisiones del despido a cuestiones de eficiencia y no de costes.

La entidad plantea que las empresas aportarían al fondo individual de cada trabajador 6 días por año trabajado, un importe que sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido. El trabajador podría hacer uso del dinero acumulado en el fondo en caso de despido, para formación o para la jubilación.

Rebaja a la mitad los costes del despido

El modelo de cálculo -que toma datos de 2013 a 2016- asume una reducción del 50 % de los costes actuales de despido y finalización del contrato, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que da lugar a un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones.

Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones.

El Banco de España reconoce que su planteamiento tiene "algunas limitaciones", ya que los datos utilizados son de un periodo de recuperación económica y porque las empresas con más despidos podrían verse relativamente favorecidas.

Además, señala que con este sistema las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse el coste, frente a lo que plantea un sistema de bonificaciones y penalizaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social (bonus-malus) según sea menor o mayor la rotación laboral en cada empresa.

Señales de recuperación

El Banco de España percibe que, de acuerdo con los indicadores de las últimas semanas, se estaría produciendo una recuperación de la economía española, tras el inicio "tan débil" del año por la tercera ola de la pandemia, y espera que se produzca una reactivación relativamente "robusta" a partir del segundo semestre hasta alcanzar los niveles precrisis en 2023.

Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel de PIB, el empleo y las cuentas públicas "pueden perdurar varios años".

Según el Banco de España, el avance del proceso de vacunación y la mejora del entorno exterior han reducido los riesgos que rodean las perspectivas económicas actuales, pero la intensidad de la recuperación económica está sujeta a factores de "incertidumbre".

"Poca concreción" sobre el uso de los fondos europeos

Sobre los fondos Next Generation EU, la institución critica que, por ahora, el grado de concreción del plan enviado a Bruselas parece "relativamente limitado", en el caso de algunas de las principales reformas como la del mercado laboral, pensiones o tributaria. Así, aseguran "que no pueden tener una visión nítida del impacto eventual de las reformas ni del grado de ambición de las mismas", según Oscar Arce.

Aboga por que la selección de los proyectos se haga mediante procedimientos públicos de contratación y con una evaluación de las distintas iniciativas antes y después, que no tendría que abordarse a través de una agencia independiente, ya que, en su opinión, la Administración cuenta con los recursos suficientes.

Además, ve necesario asegurar que no existen obstáculos que dificulten el proceso de reasignación de recursos entre empresas y sectores que probablemente resultará de la implementación del programa.

Agilizar las ayudas a las empresas

El organismo ve "preciso" una implementación "ágil" y más "flexible" de las recientes medidas de apoyo a la solvencia empresarial incluidas en el decreto de 11.000 millones para evitar que el sobrendeudamiento limite el crecimiento de la inversión, haya quiebras, destrucción de empleo y tejido productivo y se pueda contraer la oferta de crédito.

En concreto, el Banco de España recomienda maximizar la efectividad de los fondos y minimizar riesgos de asignación subóptima, además de recalibrar el programa, tanto en cantidad y asignación entre distintas herramientas, si se percibe la necesidad. Además, aboga por complementar estas medidas con otras de fomento de las recapitalizaciones privadas.

En paralelo, considerra que es "necesario" mejorar los mecanismos de reestructuración de deudas, fomentando los sistemas preconcursales, rebajando el papel de los acreedores públicos y diseñando mecanismos concursales específicos para sociedades de dimensión reducida.

"Prudencia" con los sueldos de los banqueros

Hernández de Cos ha reclamado a la banca actuar "con extrema prudencia en políticas de distribución de dividendo y remuneración variable" dado que las entidades siguen beneficiándose de diversas medidas de respaldo publico.

Asimismo, ha señalado que el sector bancario ha mostrado una elevada resistencia frente a la crisis, pero que el impacto de la pandemia aún "no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades" e insiste en reforzar las provisiones.

El gobernador ha asegurado que las mejoras en la solvencia del sector bancario y de la posición patrimonial de empresas y familias "han permitido capear mejor las consecuencias de esta crisis", aunque el elevado endeudamiento y déficit estructural de partida "han condicionado la capacidad de reacción", incrementando la vulnerabilidad del país.

Alerta de la desigualdad

El Banco de España indica que los niveles de desigualdad en la sociedad española, que eran ya "elevados" antes de la pandemia, aumentarán previsiblemente como consecuencia de ella, y ha pedido políticas de redistribución de la riqueza más eficientes.

"El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente", reitera el Banco de España, que añade que el grado de redistribución de estas políticas en España es menor que en la UE.

En concreto, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema.

Mitigar los efectos adversos que supone la desigualdad también exige incrementar la oferta de vivienda en alquiler, lo que contribuiría "a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres". Apunta a una combinación de estímulos fiscales a los propietarios, de mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica y de un mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de vivienda pública en alquiler.

En materia fiscal, ve conveniente una revisión "integral" del sistema tributario para conseguir que la recaudación sea "suficiente" para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer, y en este punto aboga especialmente por la fiscalidad verde y por revisar el conjunto de beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones, exenciones y tipos reducidos) de las diferentes figuras tributarias.