El Constitucional anula el decreto que permitió a Iglesias entrar en la Comisión del CNI

• Considera que no se da el requisito de extraordinaria urgencia y necesidad para que el Gobierno recurra a un decreto-ley
• Admite mayoritariamente el recurso de Vox contra el "truco" del Gobierno para "blindar" a Iglesias

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado y declarado inconstitucional el decreto que permitió al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El tribunal de garantías ha adelantado el fallo de la sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, que estima por mayoría el recurso de Vox contra el decreto del Gobierno.

En concreto, los magistrados declaran la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición segunda que figura en el decreto del primer estado de alarma en la que se incluyó a Iglesias en la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley. Y ello, continúa, "obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento". La sentencia ha contado con el voto particular del magistrado Álvaro Conde Pumpido.

El Gobierno defendía la presencia de Iglesias frente al "truco" denunciado por Vox

Vox cargaba en su recurso contra el "truco" utilizado, a su juicio, por el Gobierno para "blindar" a Iglesias, en la comisión del Ejecutivo que controla el Centro Nacional de Inteligencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno,  Carmen Calvo, afirmó que la presencia de Iglesias "tiene poco misterio" y se le incluyó para que el gobierno de coalición funcione "lo mejor posible". El propio Iglesias enmarcó su presencia en la "normalidad democrática".

La comisión está presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI.

Se reúne cada año para elaborar la Directiva de Inteligencia, un documento en el que se establecen los objetivos del CNI para esa anualidad, y tiene también entre sus funciones hacer un seguimiento de su desarrollo. Este documento es secreto y solo tienen acceso a él los miembros de la comisión y el magistrado del Supremo que controla al CNI.