Duque despliega la fuerza pública para desbloquear las vías en Colombia

• El mandatario le ha pedido a las autoridades que "desplieguen su máxima capacidad operacional"
• Duque defiende "la protesta pacífica", pero considera "ilegales" los bloqueos

Un grupo de policías deshace las barricadas de los manifestantes en Medellín, Colombia

Las vías de acceso de varias ciudades colombianas llevan bloqueadas 20 días en el marco de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que este lunes le ha ordenado a la fuerza pública desbloquear las carreteras taponadas por los manifestantes.

"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar", ha explicado Duque en una declaración.

El mandatario basa su decisión en el hecho de que en Colombia se permite "la protesta pacífica", pero los "bloqueos en vías, en carreteras, que han afectado a millones de ciudadanos, a millones de campesinos que no han podido sacar sus productos" son "ilegales".

"Hemos visto también la afectación que ha traído para la circulación de alimentos, desabasteciendo ciudades enteras. Este tipo de prácticas son ilegales y están además censuradas en el código penal de nuestro país", expresó el mandatario, que desde hace dos semanas ya había desplegado al Ejército para ayudar a romper los bloqueos.

El Comité Nacional de Paro acusa al Gobierno de "no querer negociar"

El Comité Nacional de Paro (CNP), conformado por sindicatos y centrales obreras, ha acusado de nuevo al Gobierno colombiano de "no querer negociar" ni "brindar garantías" para las protestas sociales, que comenzaron el 28 de abril y han dejado hasta el momento más de 40 muertos.

Así lo ha asegurado en un comunicado el CNP, tras una reunión con la que se busca instalar la mesa de negociaciones para superar la crisis que vive el país con el equipo del Gobierno del presidente Iván Duque, cuyo portavoz, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que se ha "avanzando en la garantía de la movilización pacífica".

"El Gobierno Nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos", expresó el CNP, que ha convocado para el miércoles una nueva jornada de "paro nacional".

Escalada de violencia en el municipio de Yumbo

El CNP asegura que la "verdadera respuesta" del Gobierno a las peticiones que hizo para iniciar las negociaciones fue la "brutal violencia policial desatada desde la noche del domingo" en el municipio de Yumbo, en el suroeste de Colombia, donde ha muerto una persona y al menos 22 han resultado heridas.

Los disturbios en esa localidad, que forma parte del departamento del Valle del Cauca y es cercana a Cali, comenzaron anoche, según las autoridades locales, cuando algunas personas trataron de atacar una estación policial, lo que provocó enfrentamientos entre ciudadanos y derivó en la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Incluso este lunes ha sido reportada una explosión cerca de la sede de la petrolera estatal Ecopetrol, sin que se reporten heridos ni muertos hasta el momento.

"Quiero exigirle al Gobierno Nacional que detenga esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad, contra mi municipio. Nosotros los yumbeños somos gente de paz, trabajadora. Agradezco a los organismos internacionales que han llegado a Yumbo para garantizar la libre expresión en la protesta", ha expresado el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, en una declaración.

Peticiones cruzadas

El Gobierno le ha presentado a los representantes del CNP algunas solicitudes, como que condenen públicamente "los bloqueos y el uso de la violencia en las manifestaciones". "También hemos entregado una solicitud concreta a los organismos de control para que sigan acompañando este proceso", dijo Ceballos, quien defiende que "la voluntad del Gobierno es la garantía del derecho a la manifestación para todos los colombianos (...) Estamos seguros de que hay buena voluntad para seguir avanzando", afirmó el alto funcionario.

Por contra, el organismo que inició las protestas el pasado 28 de abril contra la ya retirada reforma fiscal del Gobierno, también exige, entre otros temas, el cese de la brutalidad policial a la que organizaciones sociales como Temblores achacan 39 homicidios.

Igualmente, claman por el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones; el fortalecimiento de una masiva vacunación, y una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.