El Congreso aprueba la Ley de Protección de la Infancia: "Me robaron una parte importante de mi vida"

• La norma sale adelante con 297 votos a favor y la única oposición de VOX
• El texto va en consonancia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

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"Yo no soy abogada, no sé de leyes, pero sí sé que a mí ya me han robado una parte muy importante de mi vida, y eso ni prescribe ni se queda detrás ni se queda delante". Pino Bethencourt sufrió abusos sexuales con ocho años, pero durante muchos años no lo sabía. Ha tardado treinta en recordarlo y otros diez más en poder contarlo.

La Ley de Protección de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores de edad, como son los abusos sexuales. Ahora el plazo empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años y no 18, un cambio que Pino aplaude, aunque se pregunta por qué debe prescribir algo que le ha generado un trauma y que solo ha conseguido recordar con terapia.

Es algo bastante habitual que las vivencias traumáticas se olviden, reconocen los expertos. "El trauma provoca bloqueo y amnesia y en la edad adulta puede haber un episodio que lo desbloquee. Esto sucede porque en la infancia faltan palabras y conocimientos como para encajar algo tan traumático, especialmente si lo hizo alguien muy cercano o conocido", nos explica la psicóloga especializada en violencia de género Sonia Vaccaro.

Por este proceso, que se llama resignificación, y por lo difícil que es para las víctimas contar un hecho así, las asociaciones especializadas habían pedido que el plazo se ampliara hasta que la víctima cumpliera mínimo 40 años. "Es habitual que la víctima tenga también sentimientos de responsabilidad, culpabilidad o de vergüenza que le impiden hablar. Por eso tienen que pasar años, porque durante tiempo siguen sintiéndose responsables. Además, el agresor le puede hacer creer que había un enamoramiento", apunta la profesora de Psicología de la UNED Maribel Alonso.

Los recuerdos, nos dicen, pueden aparecer en forma de imágenes cortadas, de recuerdos vagos que poco a poco con ayuda van conectándose. Y precisamente este mecanismo es lo que a muchas víctimas les hace dudar de su propio relato. "Es que no tienes toda la información, sólo tienes datos sensoriales. Tú no recuerdas toda la habitación en la que ocurrió, tú recuerdas el papel pintado de la pared, el mueble encima en el que estabas o la luz que había esa tarde. Yo además tengo el recuerdo de estar sentada encima de sus muslos peludos, esa sensación la recuerdo perfectamente. También la de estar ahí y pensar en que tenía que salir a cenar y que nadie se diera cuenta de nada", nos cuenta Pino.

Una ley con perspectiva de género

La nueva ley se hace eco de algunas de las demandas que las organizaciones feministas llevaban tiempo reivindicando. Estamos ante el primer texto que hace referencia al falso síndrome de alienación parental, un término que no tiene aval científico y que los expertos recuerdan que es dañino también para la propia infancia.

El texto aprobado este jueves con 297 votos a favor y el único rechazo de VOX recoge que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos y sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".

Tomados en consideración, puntualiza la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, no significa exactamente prohibir. "No se especifican las medidas que se van a tomar para evitar este tipo de valoraciones y castigos que se están aplicando contra las mujeres. La ley digamos que no garantiza y ahora habrá que estar pendientes de cuál va a ser el comportamiento de los organismos y poderes públicos", aclara. La explicación la encontramos, dice, en el respeto que hay al arbitrio judicial, es decir, al margen que tienen los jueces y tribunales para decidir sobre las interpretaciones más correctas de las normas.

La suspensión de los regímenes de visitas, otra reivindicación del feminismo

El texto también recoge que cuando los hijos hayan vivido una situación de violencia en casa "se suspenderán el régimen de visitas, estancia, relación, o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él". Y añade que la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación".

Cuando le contamos los detalles del texto a Yaiza, que ahora tiene 29 años, nos responde: "Es que es mejor no estar en contacto con la violencia y estar ausente de padre que te obliguen a ir a un sitio donde te sientes violentada. Ese padre ya no está ejerciendo como padre".

La madre de Yaiza era víctima de violencia de género y un día decidió que no quería esa vida para sus cuatro hijos. Yaiza tenía unos nueve años, aunque no recuerda exactamente la edad y durante dos años le obligaron a ver a su padre cuando a ella, reconoce, también le maltrataba.

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"Una jueza dictaminó que yo tenía que ir a verle y cuando llegaba el momento mi cuerpo somatizaba y me daba fiebre de más de 40". Cuenta, con una media sonrisa, que no era algo premeditado, pero que también era la única forma de que no le obligaran a irse. Su cuerpo, cree, encontró cómo huir del miedo, de la rabia, de la tristeza o del dolor que sentía cuando llegaba el momento.

Y a todos esos sentimientos, reconoce, también había que añadirle amor. "Yo te prometo que quería estar bien con él, pero eso no implica que se pueda porque para eso las dos partes tienen que querer y saber hacerlo. Hablamos siempre de malos tratos, pero creo que es importante que empecemos a contar también qué es el buen trato", apunta.

Victorias aparte, Soleto, quien considera que estamos ante una ley necesaria y significativa, vuelve a mostrarse cauta. Pide que se den pasos definitivos para que la violencia de género se recoja como un elemento inhabilitante para tener los derechos de la patria potestad y cree que habría que superar ya el debate sobre si esas visitas se deben o no suspender. Reconoce que se ha avanzado en los últimos años, sobre todo en los casos de asesinato u homicidio, pero lamenta que no se está aplicando de manera general.

"Hay que recordar que estas recomendaciones ya estaban en la Ley de Medidas de Protección Integral Conta la Violencia de Género de 2004, pero sabemos por los datos del Consejo General del Poder Judicial que raramente se cumplen", añade. Los datos que destaca Soleto apuntan a que solo en el 3,1% de los casos de violencia de género se suspende el régimen de visitas de los padres que han maltratado a sus mujeres y en poco más del 5% se retira la guarda y custodia a los agresores como medida cautelar de protección de estos menores.

Para Soleto la incorporación de este punto en la legislación nos debería obligar a estar pendientes de que ningún niño sea obligado a mantener contacto con un padre maltratador. Por eso, reclama, son necesarias las herramientas de control.

La formación, otro punto clave

La ley establece que se formará a aquellos profesionales que tengan un contacto directo con menores de edad. Es, para la magistrada Glòria Poyatos, uno de los puntos fundamentales de la norma, aunque cree que debería extenderse a toda la Carrera Judicial al margen de la especialidad.

"En cualquier momento podemos dictar resoluciones o sentencias que tengan impacto directo o indirecto sobre personas menores de edad y desde mi punto de vista no disponemos de la necesaria formación para aplicar la perspectiva de infancia y ponderar también el interés superior del menor como una consideración primordial frente a otros derechos legítimos que puedan concurrir en el debate jurídico", apunta.

Yaiza, que ahora tiene 29 años, tenía unos nueve años cuando se fue de casa junto a su madre que sufría violencia de género AURIOLES MARTÍN

Lo mismo, aunque en primera persona, nos dice Yaiza. El momento del que habla, reconoce, era surrealista. Los protagonistas: ella, su padre y una psicóloga; el escenario: el punto de encuentro que estableció la jueza. Allí, dice, se tuvo que enfrentar a las exigencias de su padre y a la incomprensión de la profesional.

"Mi padre quería cambiarme de ropa y yo no quería que él me cambiase. Yo tenía ya una edad y la psicóloga en lugar de pararle los pies a él me decía a mí que no fuera tan tajante. Tuve que defenderme de mí misma y decir que no por encima de la psicóloga. A mí nadie, menos mi madre, me escuchaba". La nueva ley recoge que los poderes públicos garantizarán que los niños y adolescentes sean escuchados. Es un paso importante pero la clave, recoge Soleto, es dar un paso más y que se les tenga en consideración.

Prohibidas las exploraciones genitales

La ley prohíbe los desnudos integrales y las exploraciones genitales para determinar la edad de los niños migrantes que llegan solos a España, una práctica que, denuncian desde las organizaciones, se realizan incluso cuando el menor tiene un documento oficial en el que se acredita su edad.

Sobre esta práctica el Comité de Derechos del Niño de la ONU llamó recientemente la atención a nuestro país y organizaciones como la Fundación Raíces dicen que son miles los niños que han sido sometidos a estas pruebas invasivas.

Arcange llegó a España con 16 años y reconoce que cuando se la practicaron lo vivió como una violación. Nos dice que le gustaría que ninguna otra niña o niño tenga que pasar por esto. "No es nada fácil", reconoce. Su testimonio nos llega a través de Lourdes Reyzabal, la presidenta de la Fundación Raíces, quien lamenta que se haya desaprovechado esta ley para prohibir las otras pruebas que se hacen a estos niños para saber cuántos años tienen.

"Lamentamos profundamente que no se haya integrado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que se siga sometiendo a este procedimiento a niños y niñas a pesar de tener acreditada su menoría edad", nos dice.

Pino Bethencourt sufrió abusos sexuales con ocho años, pero durante muchos años no lo sabía. cropper

La ley también limita las medidas de contención física en los centros de internamiento para menores infractores. No se podrán realizar a los menores de catorce años ni a las menores gestantes.

Además, en el caso de que se recurra a ellas deberán notificarse inmediatamente a la Fiscalía. Un logro importante, reconocen las asociaciones de derechos humanos, que recuerdan que dos menores han muerto en los últimos años mientras se les realizaba esta práctica. El último, Ilias Tahiri, tenía 18 años y falleció en un centro de menores de Almería.

Otros puntos

La ley obliga a utilizar la prueba preconstituida con los menores de 14 años, de manera que solo tendrá que declarar una vez. Con esta medida se quiere evitar la victimización secundaria y para ello se utilizará una grabación.

Además, obliga a denunciar a aquellas personas que tengan conocimiento de una situación de maltrato hacia un niño o niña y establece que se creará en un plazo de seis meses el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y Adolescencia.