Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid vuelven a ser los peor evaluados en 2020

• La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierte de la falta de fundamento jurídico en la región
• Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior, destacando la Comunidad de Valencia

Servicios Sociales de Paterna (Valencia) realiza la compra de alimentos a los vecinos en riesgo de infección

La Comunidad de Madrid ha vuelto a estar en 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, a la cola en la evaluación de los servicios sociales con una nota de 3,20 puntos, la misma de 2019, y lejos de la media nacional (5,33), según se desprende del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta asociación publica desde 2012 el índice DEC analizando en cada autonomía los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales.

En su análisis de 2020, el índice vuelve a situar a la región madrileña en el último puesto del país en cuanto al desarrollo de sus políticas sociales con una puntuación de "irrelevante", al tiempo que advierte de un retroceso desde 2015 y de que la falta de fundamento jurídico de los servicios sociales en la región hace que su situación se pueda calificar como "cobertura en riesgo".

"Irrelevante" es la misma calificación que obtiene Murcia (3,20 puntos, como Madrid), Canarias (3,40) y Cantabria (4,65), mientras en el otro extremo País Vasco (7,95) y Navarra (7,90) consiguen sendos "excelentes".

El informe evidencia las diferencias entre territorios

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35). Los 11 restantes empeoran su resultado.

El informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

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Ejemplo de ello es que Madrid y Murcia, las que peor nota global presentan, son las autonomías que carecen todavía de un marco legislativo que reconozca derechos subjetivos en materia de servicios sociales, lo que "priva de fundamento jurídico", añade, la oferta de servicios y prestaciones del sistema.

Además, en cuanto a la integración del sistema de atención a la dependencia en el de servicios sociales, la Comunidad de Madrid dio "un paso atrás al retirar la delegación de competencias en esta materia a las entidades locales, así como la encomienda de gestión, de altas y registro informático de solicitudes, de valoración de nuevas solicitudes y de revisión de grados".

Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites "farragosos" se han incrementado, y "constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan".

El gasto en servicios sociales

Sobre la relevancia económica de los servicios sociales, el gasto consolidado por habitante y año (uniendo gobierno autónomo y entidades locales) fue de 353 euros en 2019 en comparación con la media estatal de 406,3 euros por habitante, por lo que Madrid obtiene una puntuación de 0,5 puntos sobre 1,5.

Un cero sobre 0,8 puntos obtiene Madrid en el porcentaje del gasto en servicios sociales respecto al PIB regional, que fue en 2019 del 1,04 %, el más bajo de los porcentajes regionales y la mitad de lo que destina, por ejemplo, una región como Navarra (2,37%).

Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a servicios sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.

Sin embargo, el porcentaje del gasto en servicios sociales sobre el gasto total ejecutado de las administraciones públicas madrileñas fue en 2019 del 10,51 % (el 9,95 % fue la media estatal), y Madrid obtiene en este indicador una nota de 0,5 puntos sobre 0,7.

El 9,4 % de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia de la RMI

En cuanto a los aspectos positivos, el índice DEC destaca que el 9,4 % de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia de la Renta Mínima de Inserción (RMI) regional, frente al 7,9 % de media estatal y la ayuda a domicilio para mayores la percibe el 9,3 % de la población madrileña mayor de 65 años cuando la media estatal es del 4,9 %.

Algo similar ocurre con la teleasistencia para personas mayores: el 15,6 de las personas mayores de 65 años la perciben en Madrid, frente al 10,2 de media estatal.

Otros aspectos positivos son los hogares y centros de convivencia para personas mayores (con una cobertura del 64,5 %, frente al 44,1 de la media estatal) y los acogimientos familiares para menores, ya que el porcentaje de Madrid es del 57,2 % sobre el total de acogimientos y la media estatal es del 50,4 %.

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Por otro lado, los déficits de Madrid son que la cuantía de la RMI es inferior a la media nacional; el número de plazas residenciales de financiación pública para mayores (1,9 plazas por cada 100 personas mayores, siendo 2,69 la media estatal) y la intensidad de la ayuda a domicilio para personas mayores (una media de 15,3 horas mensuales cuando la estatal es de 20,6 horas).

El último déficit de Madrid que notifica el DEC 2020 es el número de plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 34,3 plazas por cada 100.000 habitantes, lejos de la media estatal (40,7).

Asimismo, el apartado Derechos y decisión política analiza en cada región si existen seis supuestos -y en su caso, los puntúa-, como si se cuenta con una ley de servicios sociales que reconoce nuevos derechos subjetivos y que obligue a concretarlos en una cartera o catálogo, o si el estatuto de autonomía recoge el sistema de servicios sociales como un derecho reconocido a la ciudadanía. Según el índice, la Comunidad de Madrid no cumple ninguno de esos seis axiomas.