El Congreso aprueba la ley contra el fraude fiscal que prohíbe las amnistías y el pago en efectivo de más de 1.000 ¿

• Se podrán realizar inspecciones tributarias en viviendas por sorpresa siempre que un juez lo autorice
• El colectivo de técnicos de Hacienda echa en falta más contrataciones para perseguir el fraude fiscal

Un fajo de billetes custodiado por la Guardia Civil tras una operación

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sociedades de capital variable o del mercado inmobiliario.

La comisión ha dado el visto bueno a la norma por mayoría, el PP y Vox han votado en contra, con competencia legislativa plena, por lo que pasa directamente al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria. La norma ya había sido aprobada por primera vez en Consejo de Ministros a finales de 2018, pero no llegó a tramitarse porque se convocaron elecciones anticipadas.

Montero: "Hay que hacer un sistema fiscal más justo y progresivo"

De las enmiendas introducidas en el Congreso, destaca la extensión a los particulares de la limitación a un máximo de 1.000 euros de los pagos a empresas o profesionales, cuando en el texto original se circunscribía al ámbito empresarial y profesional. Asimismo, se ha incluido una aclaración del procedimiento para la entrada en domicilios en el caso de inspecciones tributarias, de manera que, tanto si se ha notificado previamente el procedimiento como si se hace por sorpresa, se necesitará una autorización judicial derivada de un acto administrativo que especifique los impuestos y periodos a los que se refiere la investigación.

Esta aclaración legal se ha incluido en el texto después de que en una reciente sentencia el Tribunal Supremo cuestionara que se pueda dar una autorización judicial a un registro por "una corazonada" basada en que un contribuyente tributa por debajo de la media del sector. Se ha endurecido también el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) para garantizar que son realmente sociedades colectivas.

De esta forma, el régimen favorable fiscal de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros. Esto podría evitar que el cupo se complete con los denominados "mariachis" o socios con participaciones irrelevantes, según Europa Press.

Falta personal para perseguir delitos fiscales

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la nueva ley contra el fraude fiscal aprobada en el Congreso de los Diputados no reducirá la economía sumergida porque "no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación". No obstante, Gestha ha reconocido los avances en el proyecto aprobado esta mañana y valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años.

Gestha ha señalado que este proyecto de ley tendrá el mismo "defecto sustancial" de las anteriores leyes contra el fraude fiscal de 2006 y 2012, que no lograron reducir el fraude fiscal al no recoger un refuerzo de las plantillas para luchar contra los grandes evasores. De esta forma, los técnicos aseguran que este proyecto de ley es "menos ambicioso" que la Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% Producto Interior Bruto (PIB) en 2030.

En paralelo, Gestha ha señalado que el fraude será un problema "muy serio" cuando el Gobierno deba aplicar la reforma fiscal que está estudiando un grupo de expertos porque unos 38.000 millones "se evaporan" por el diferencial de economía sumergida respecto a la media de la UE, y cuando se trate de cumplir el objetivo de presión fiscal del 43% en 2050 para financiar el aumento del gasto público en protección social hasta la media de la UE-8.

En este sentido, los técnicos han defendido que antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad y moralidad pública. En este contexto, los técnicos no ven justificado que el Ministerio de Hacienda haya rechazado 'in extremis', entre otras propuestas de enmiendas, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda o el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.

Sindicatos piden más presión a las rentas del capital

El sindicato UGT ha aplaudido el nuevo texto jurídico aunque exige acometer una reforma fiscal integral que amplíe los recursos disponibles "para que se fortalezca el Estado de Bienestar". "Los principios de suficiencia, equidad y progresividad deben ser los pilares fundamentales sobre los que se sostenga nuestro sistema tributario", ha urgido el sindicato a través de un comunicado.

Así es la fiscalidad de una Sicav

En concreto, UGT cree que la progresividad debe hacerse efectiva a todos los niveles, y aquellas personas que ingresan más deben pagar más proporcionalmente. En el IRPF, considera que se debe realizar una revisión de las reducciones y deducciones fiscales con el fin de suprimir las más ineficientes e injustas, así como eliminar el método de estimación objetiva. De igual manera, opina que las rentas de capital deben tributar como lo hacen las rentas del trabajo y, en el caso de los autónomos, se debe eliminar la base máxima en las cotizaciones sociales y hacer que este colectivo cotice por sus bases reales.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, para el sindicato es importante limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones de las que gozan las empresas -sobre todo los grandes grupos y corporaciones- que actualmente permiten que su tipo efectivo sea inferior al tipo de gravamen general.

Además, UGT propone modificar el régimen fiscal de las sicav (Sociedad de inversión de capital variable) y socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) para que tributen en mayor medida. En este sentido, el sindicato ha valorado positivamente las medidas que contiene el proyecto de ley aprobado hoy en el Congreso, que establece una tributación del 15% para los beneficios no distribuidos de las socimis y un endurecimiento de las condiciones de inversión en las sicav para poder beneficiarse de esa tributación del 1%.