El juez de Lezo procesa a Ignacio González por las adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal

• Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusados
• También procesa a otras cuatro personas por adjudicaciones de diversos contratos del Canal

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una imagen de archivo.

El juez de la la Operación Lezo, Manuel García-Castellón, ha acordado procesar por un delito de cohecho al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por la pieza relativa a las "posibles irregularidades cometidas" cometidas en adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terreno del Canal Isabel II, su explotación y su gestión, y que tenían como fin "obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines" al exdirigente del PP.

En esta pieza separada número 2, además de al expresidente madrileño, el magistrado García Castellón propone juzgar a su hermano Pablo Manuel González González, al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a José Antonio Clemente, que era socio de Pablo González, y al cuñado del expresidente Juan José Caballero Escudier.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado de la Audiencia Nacional acuerda procesar a esto cinco investigados por un delito de cohecho, mientras que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa para otras ocho personas.

"La actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular" de una empresa del hermano de González y de un cuñado del expresidente "en dos concursos públicos" del Canal "pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados", sostiene el magistrado. De este modo, precisa, obtuvieron entre 2006 y 2012 un beneficio cercano al medio millón de euros, "financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos".

Tercera pieza de Lezo en la que es procesado

Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusados. Ya en abril de 2017 fue detenido en el marco de esta operación y estuvo en prisión preventiva más de seis meses.

Las otras dos piezas son la de la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013, por la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel; la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra del tren de Navalcarnero (Comunidad de Madrid) en 2007, hechos de los que se exculpó al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, aunque no así a su yerno y exconsejero de OHL, Javier López Madrid.

Las obras en el campo de golf

En esta otra pieza, la número 2, sobre la construcción de una cancha de prácticas de golf en el barrio madrileño de Chamberí, se han investigado las presuntas ilicitudes en la adjudicación de las obras en la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel OO, que fue adjudicado en marzo de 2003 a Dragados (antes ACS).

Según el juez, un año después de la adjudicación, González y el que fuera director gerente del Canal Isabel II entre os años 203 y 2009, Ildefonso de Miguel, "con el fin de beneficiar a familiares" del expresidente madrileño facilitaron "la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

De este modo, "convinieron" con Dragados la adjudicación de ese modificado con la condición de que "subcontratara a la empresa Tecnoconcret (en adelante TCT), cuyos socios eran los investigados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González y Juan José Caballero Escudier", estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González.

Ambos, "ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares" con González. La adjudicación a Dragados se produjo el 19 de julio de 2006, "merced a la intervención" de González y De Miguel, explica el auto.

Antes de la concesión del contrato, y "en cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados", el 15 de junio de 2006, Dragados subcontrató a TCT para determinados trabajos "a pesar de conocer" que carecía "de toda capacidad para ejecutarlos". El importe total de los trabajos ascendió a 3,067 millones de euros.

Además, ante "la incapacidad de TCT para ejecutar los trabajos", subcontrató a su vez a las sociedades ONLYGOLF y FIELDTURF ESPAÑA, "acordando con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación", consiguiendo así un beneficio de 381.000 euros, "financiado con los fondos públicos destinados a este modificado". De ese beneficio, asegura el juez, Clemente Marín, Manuel González y Caballero Escudier se repartieron una cantidad cercana a los 267.000 euros mediante 49 entregas en efectivo.

El concurso para la gestión de las instalaciones

El 27 de julio de 2006, el Canal convocó otro concurso para la gestión de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II-Tercer Depósito y entre las diez empresas licitadoras, "acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, esta última, sociedad del grupo DRAGADOS".

"De todos los asistentes a ese Consejo solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT", expone el juez, al señalar que lo ocultaron "para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad GREEN CANAL GOLF y en junio de 2007 subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron el trabajo con ONLYGOLF, reduciendo el canon mensual a 7.941 y consiguiendo así "un beneficio aproximado de 124.000 euros".

En definitiva, según el magistrado, "la actuación conjunta" de los cinco investigados "permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT en dos concursos públicos promovidos por el Canal Isabel II, pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2006 a 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 €, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos".

Ahora el magistrado da 30 días a las partes para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa. En contra del auto, cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.