La OCDE mejora su previsión de crecimiento para España e insta a tomar medidas para garantizar las pensiones

• El organismo reclama una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública
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Un trabajador en una fábrica, en una imagen de archivo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha corregido al alza este jueves sus últimas previsiones económicas para España, aproximándose a la estimación de otros organismos internacionales que apuntan a una rápida recuperación del Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2021 y 2022, si bien ha alertado de que esta senda positiva estará sujeta a algunos riesgos que podrían hacerla frenar a medio y largo plazo, por ejemplo, la elevada deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones.

"Es fundamental que se tomen rápidamente medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", afirma la OCDE en la actualización de las previsiones económicas, donde ha reclamado una estrategia "creíble" de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública. Si no se controlan los gastos en pensiones, sostiene el organismo dirigido por Ángel Gurría, la deuda pública puede dispararse en 2050 al 171 % del PIB.

En su estudio económico de España, la OCDE proyecta que el PIB se recuperará a partir de la segunda mitad de 2021, ya que el despliegue

gradual de las vacunas permitirá liberar la demanda acumulada, mientras que el turismo se recuperará gradualmente. Así, el ‘think tank’ de los países ricos ha incrementado dos décimas su previsión del crecimiento para 2021, hasta el 5,9 %, mientras que en 2022 anticipa una expansión del 6,3 %, frente al 4,8 % previsto anteriormente.

Las cifras presentadas hoy son menos optimistas que las del Gobierno, que proyectaba en abril un crecimiento del PIB del 6,5 % en 2021 y del 7 % para 2022, y también difieren con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calculaba un crecimiento del PIB del 6,4 % este año y del 4,7 % en 2022. En cualquier caso, todos los organismos coinciden en que España liderará el crecimiento y en que la recuperación llegará a finales del próximo año.

No obstante, y a pesar de esta estos datos optimistas, el organismo señala la necesidad de mantener las políticas de apoyo hasta que la recuperación esté consolidada, aunque insiste en que estas deberán estar más focalizadas. Asimismo, considera preciso ejecutar sin demora las ayudas directas anunciadas recientemente para empresas que atraviesan dificultades financieras exclusivamente por la COVID-19, pero que tienen muchas posibilidades de volver a ser rentables en el futuro. "La reestructuración rápida de empresas viables con problemas temporales puede evitar su liquidación injustificada, y debe facilitarse en el ámbito extrajudicial para evitar que los procedimientos se demoren", recomienda.

Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones

En línea con anteriores informes, la OCDE ha vuelto a mostrarse preocupada sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. En su opinión, España necesita implementar con rapidez medidas "adecuadas y socialmente aceptables" para hacer frente a desafíos fiscales, acentuados a raíz de la pandemia, que se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050.

En este sentido, tomando como referencia un estudio de la AIReF, señala que no aplicar el mecanismo de indexación y el factor de sostenibilidad, contemplados en la reforma de las pensiones de 2013, pero cuya implementación se suspendió e 2018, implica un aumento del gasto previsional esperado como porcentaje del PIB del 11,9 % al 15,1 % en 2050.

La organización considera además que el sistema "no reconoce suficientemente las largas carreras contributivas" y no incentiva la prolongación de la vida laboral una vez cumplidos los períodos de cotización correspondientes. Asimismo, insiste en que los incentivos para jubilarse anticipadamente deberían reducirse, ya que la edad promedio de salida del mercado laboral en 2018 fue de 61,7 años, inferior a los 64,6 de media en la OCDE, mientras que defiende la necesidad de un aumento en el número de años de cotización necesarios para obtener una pensión completa.

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Ante este contexto, la OCDE anticipa que el déficit cerrará este año en el 8,6 % del PIB, frente al 11 % de 2020, para reducirse al 5,4 % en 2022, mientras que la ratio de deuda pública, que alcanzó el 120 % del PIB en 2020, apenas bajará este año al 119,7 % y hasta el 117,4 % un año después. En este contexto de debilidad de la economía, la OCDE subraya que la consolidación fiscal debe ser gradual "para evitar un descarrilamiento de la recuperación".

No obstante, dado el elevado nivel de deuda pública estimado, considera necesario que, "una vez encarrilada la recuperación", se anuncie una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo para todos los niveles de la Administración, con el objetivo de dar credibilidad a la sostenibilidad fiscal.

Mejores perspectivas para el empleo

El 'think tank' para los países avanzados también augura unas mejores perspectivas para el empleo en los dos próximos años. La tasa de paro de España se situará este año en el 15,4 %, frente al 15,5 % estimado para 2020, mientras que el próximo año descenderá hasta el 14,7 %, aún por encima del nivel del 14,1 % de 2019.

En su análisis, la OCDE señala que la crisis ha agravado las dificultades que ya existían en España, por lo que corregir los problemas estructurales del mercado laboral puede contribuir a reducir la desigualdad, que ya era elevada antes de la pandemia. En este sentido, recuerda que la pandemia afectó en España de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los poco cualificados y a los temporales.

"La utilización generalizada de contratos temporales incrementa la desigualdad y la pobreza laboral", afirma la OCDE, para la que, si bien el empleo temporal puede ayudar a sectores afectados en el corto plazo, "a medio plazo debe reducirse la dualidad del mercado laboral". De este modo, recomienda que los incentivos a la contratación se dirijan a los grupos más vulnerables y estén limitados en el tiempo, mientras que subraya la importancia de reforzar su vínculo con programas de formación, de tal forma que constituyan un peldaño para acceder a puestos de trabajo más estables.