El Gobierno plantea que los contratos temporales sean como máximo de un año

• Supone acabar con los contratos por obra y servicio, que actualmente tienen una duración máxima de 4 años
• La propuesta, a la que ha tenido acceso RTVE, plantea que el despido sea nulo cuando se extingan contratos sin causa

Díaz se compromete a realizar una reforma "sustancial" del contrato temporal

El Gobierno ha enviado a los agentes sociales su última propuesta para modificar la reforma laboral de 2012, con la que pretende atajar la temporalidad regulando la duración de estos contratos a seis meses, ampliable a un año en el caso de contratos por razones productivas. Se trata de un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo que está siendo objeto de debate en la mesa de negociación con patronal y sindicatos, que continúa prácticamente sin avances tras un año de parón por la pandemia.

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Según el borrador, al que ha tenido acceso RNE, el Ejecutivo intentará dificultar que las empresas contraten a trabajadores eventuales por costumbre, y que solo lo hagan por razones productivas, cuando se dé "un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial". De esta manera, las compañías que contratan a personal durante picos de actividad, como el verano o la campaña de Navidad, deberán hacerlo a través de "las modalidades indefinidas específicamente previstas para tal fin". Tampoco se podría utilizar este tipo de contratos para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.

Así, la duración de los contratos temporales no podrá ser superior a seis meses, que, excepcionalmente, por convenio colectivo de ámbito sectorial, se podrán ampliar hasta un año como máximo. A efectos prácticos, supone acabar con los contratos por obra y servicio, que actualmente tienen una duración de tres años, ampliable mediante convenio colectivo sectorial estatal a 12 meses más.

La reforma laboral de 2012 sigue dando que hablar nueve años después de su aprobación por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla su derogación, si bien en los últimos meses han surgido discrepancias en el seno del Gobierno sobre si se hará de forma íntegra o solo incluirá los aspectos más lesivos.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este martes la intención del Gobierno de emprender una “reforma sustancial del contrato temporal”, tal como establecen las recomendaciones de la Comisión Europea, que a su juicio ponen el foco en “un mal endémico” como es el contrato temporal y la precariedad en España. Según ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, su intención es llevar a cabo una reforma “de calado y estructural”, reduciendo la temporalidad de los contratos.

Las empresas deberán explicar las causas del despido

El borrador también pone el foco en los despidos. En este sentido, el Gobierno propone a los agentes sociales que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente, si dicho contrato no está debidamente justificado o no se ha realizado por escrito, y todo ello con independencia de la causa que alegue la empresa para extinguir la relación laboral.

En lo que respecta a las contratas y subcontratas, la empresa principal tendrá más responsabilidad, además deberá asegurarse de que la compañía subcontratada sea solvente y no tnga deudas con la Seguridad Social. Asimismo, en lo referente a la negociación colectiva, el Gobierno plantea que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto al convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior salvo en la retribución, la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.

La propuesta del Ministerio de Trabajo recupera también la llamada 'ultraactividad' que suprimió la reforma laboral de 2012, de forma que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya alcanzado uno nuevo, éste mantendrá su vigencia en ausencia de un acuerdo entre las partes.

Sin avances en la negociación

El Gobierno, la patronal y los sindicatos se han reunido este miércoles para debatir esta nueva propuesta en el marco de la mesa de diálogo social. Según fuentes de la negociación, en estos momentos las discrepancias con las organizaciones empresariales son grandes y el debate es intenso.

La secretaria de Acción sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente, ha señalado que el documento "centra las líneas que pueden reducir la temporalidad en España, pero falta un mayor desarrollo de su contenido". "Además, partimos de la base de que estamos hablando de tomar medidas de envergadura frente a la temporalidad abusiva, lo que requiere entrar en el fondo de la modificación de los contratos temporales, formativos y parciales", ha explicado.

Desde UGT, por su parte, creen que el borrador es un "punto de partida", ya que "es necesario acotar la causalidad de los contratos temporales y hay que buscar fórmulas para acá el empresario no me salga barato contratar de manera fraudulenta". No obstante, subrayan que "la patronal no puede tener derecho de veto". "Esperamos que vayan modificando su posición y que vayamos avanzando en la negociación", recalcan.