Coches oficiales: cómo se regulan y por qué se prestan a desinformación
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Un probable cambio en el Código Ético de Unidas Podemos con relación al uso de coches oficiales ha generado esta semana atención en redes sociales. Lo propone Ione Belarra, candidata a liderar la formación tras la salida de Pablo Iglesias. Estos vehículos pagados con dinero público son una fuente recurrente de desinformación. Te explicamos cómo se regulan y a quién se asignan.
Hemos visto mensajes que dicen que “Podemos cambia su código ético” para permitir que altos cargos vayan a casa “en coche oficial”. “Mientras que este Gobierno socialcomunista te pide que utilices la bicicleta y el transporte público para reducir la contaminación, Podemos modifica su Código ético (sic) para que sus altos cargos puedan llegar a casa en coches oficiales”, dice un tuit con más de 1.700 retuits. “Esta es na (sic) nueva casta casposa, coche oficial para salir de copas”, dice otro mensaje.
Ese cambio sobre el uso de coches oficiales que mencionan los mensajes figura en la propuesta de Código Ético que presenta la candidatura encabezada por Ione Belarra para liderar Unidas Podemos (página 10). Su documento retira la frase del código actual del partido (página 9) que dice que los coches oficiales “en ningún caso se utilizarán para desplazamientos al domicilio propio o familiar”. La propuesta de Belarra señala en su lugar que el “uso de vehículos oficiales solo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para otros usos no vinculados a lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas”.
Fuentes de Podemos explican a VerificaRTVE que este cambio propuesto en el Código Ético responde a que los servicios de seguridad requieren que los altos cargos se desplacen en vehículo oficial por motivos de protección personal. Esto supone, por lo tanto, un reconocimiento por parte del partido de condicionantes que existen para el uso de estos vehículos y que Unidas Podemos no tenía en cuenta antes de llegar al Gobierno, cuando su postura se expresaba en términos menos flexibles. Las mismas fuentes recalcan que en todo caso el uso sería de los desplazamientos desde o hacia el domicilio por “actos oficiales” y nunca por motivos personales. De hecho, el texto propuesto sigue manteniendo la idea de renunciar a estos coches oficiales siempre que no haya recomendación expresa de las fuerzas de seguridad.
La candidatura de Belarra se votará en la Asamblea de Podemos del 12 y 13 de junio junto con el resto de candidaturas a liderar el partido. Otra de las opciones que se presentan, la de Fernando Barredo, sí mantiene en su Código Ético que los coches oficiales “en ningún caso se utilizarán para desplazamientos al domicilio propio o familiar” (página 10). La candidatura de Esteban Tettamanti no incluye esa restricción en su Documento Ético (página 7).
¿Cómo se regulan los coches oficiales y a quiénes se les asignan?
Como gasto que son, los coches oficiales se prestan a acusaciones cruzadas en el sentido de que se utilizan mal, dilapidando fondos públicos. Las críticas suelen proceder de partidos que están en la oposición contra los partidos gobernantes, y han recurrido a ellas las principales formaciones: (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox). La propia Belarra criticó el uso de coche oficial por parte de Cristina Cifuentes, del PP, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Este tema también trasciende a las redes en forma de desinformación. Por ejemplo, aquí te desmentimos que unos turismos del Gobierno llevados a un desguace fueran nuevos, como aseguraba un vídeo que sugería derroche.
Los vehículos oficiales de la Administración General del Estado están integrados en el Parque Móvil del Estado (PME), dependiente del Ministerio de Hacienda. Las funciones que cumplen son los desplazamientos por “actos oficiales” y “la cobertura de las necesidades que se deriven del ejercicio de las funciones públicas” de cada autoridad, según consta en el artículo sexto de esta orden del Ministerio de Hacienda.
Ese texto legal establece en su artículo tercero que tendrán vehículo oficial el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los secretarios de Estado, los subsecretarios y los delegados del Gobierno. También tienen asignados vehículos oficiales la Jefatura del Estado, los máximos responsables de las Cortes, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo quinto de este decreto de 1999 modificado en 2012.
¿Cuántos coches oficiales tiene el Gobierno?
El Gobierno tiene a su disposición 632 vehículos asignados a directivos y 406 destinados a labores de representación, según consta en la Memoria Anual de 2020 del Parque Móvil del Estado (página 34), que recoge los datos contabilizados hasta el 31 de diciembre. Los vehículos de directivos suponen el 1,73% del total y los de representación, el 1,11%. La cifra de vehículos de representación y de directivos es menor que en 2019, cuando había 414 y 675, respectivamente.
El PME tiene un total de 36.561 vehículos, de los que el 97,16% (35.523) están asignados a “servicios generales” e “incidencias”. Estos vehículos no corresponden a altos cargos gubernamentales e incluyen camiones, autobuses y motocicletas. La Memoria Anual del PME desgrana la flota de vehículos oficiales, con datos sobre su coste y antigüedad y el departamento al que están asignados (desde la página 50 a la 69 del documento).
Al margen de la normativa interna de los partidos, el uso de los coches oficiales está claramente regulado para que sean utilizados en “actos oficiales” y para las “necesidades que se deriven del ejercicio de las funciones públicas”, de acuerdo con la orden ministerial vigente. Esto descarta que cualquier cambio en el código ético mencionado en este artículo esté autorizando su empleo por motivos personales, como sugieren algunos de los comentarios que hemos visto en las redes sociales.