La Abogacía del Estado excluye a Pujol de su acusación y pide 25 años de cárcel para su hijo mayor
- Reclama a Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés 7,7 millones de euros por los delitos contra la Hacienda Pública
La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, en un escrito de acusación que no se dirige contra el padre, quien está procesado por los delitos de organización criminal o asociación ilícita.
En su escrito de calificación presentado ante la Audiencia Nacional, la Abogacía atribuye cuatro delitos de falsedad documental, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución al mayor de los Pujol y a su exmujer Mercé Gironès, para quien pide 17 años y medio, al tiempo que reclama 7,7 millones de euros en total de responsabilidad civil. Además, solicita cuatro años y medio para su hermano Josep.
Después de que en julio de 2020 el instructor de la Audiencia Nacional propusiera juzgar a toda la familia por formar presuntamente una organización criminalpara acumular un patrimonio desmedido aprovechándose de su posición privilegiada, y tras el escrito de Fiscalía, ahora ha llegado el turno de la Abogacía del Estado, que no propone pena alguna para el expresidente catalán ni para sus otros cinco hijos.
Delitos contra Hacienda
La Abogacía considera a los tres citados autores de un delito de falsificación en documento mercantil para el que se piden tres años de prisión y multa de 60.000 euros, además de su inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
El delito más grave es el cometido contra Hacienda, por el que se solicita un total de 15 años para Jordi Pujol Ferrusola, tres por cada uno de los ejercicios en que defraudó que son los de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, y multa por el triplo de la cuota defraudada. La pena, de imponerse, supondrá pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de tres años por cada uno de los delitos.
Para su exmujer reclaman por estos fraudes un total de 7,5 años de cárcel, 18 meses por cada delito y multa de 150 % de las cuotas defraudadas y también pérdida de posibilidad de subvenciones. Para Josep, por el fraude a Hacienda en 2010, 18 meses de cárcel y la misma multa y penalidades que a su ex cuñada.
Por blanqueo se piden para Jordi cinco años de cárcel, y multa por la cuota defraudada en los ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2006 e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por dos años. Por estos mismos ejercicios solicitan para Gironès también cinco años de cárcel. Finalmente por el delito de frustración a la ejecución se interesa para cada uno de ellos otros dos años de cárcel y otros 54.000 euros de multa.
Respecto de los empresarios para los que la Abogacía del Estado solicita cárcel por falsificación son concretamente Françes Rober Ribes, Bernardo Dominguez Cereceres, José Barrigón, Gustavo Buesa, Josep Mayola, Luis Delso, Carlos Sumarroca, Josep Cornado, Alejandro Guerro, Carlos Villarrubí, para cada uno de los cuales se solicitan dos años de cárcel y multa de 60.000 euros, y la misma inhabilitación que a los Pujol.
"Prevaliéndose" del cargo de president
El relato de los hechos plasmado por la Abogacía del Estado es similar al realizado por la Fiscalía, por cuanto afirma que "a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003)", para repartirlas entre los miembros del clan sin tributar por ellas.
La abogada del Estado, Rosa María Seoane, atribuye al primogénito y a su madre "la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos", si bien recuerda que esta última ha sido exonerada po rel juez instructor debido a su estado de salud. La defensa presentó un informe médico según el cual padece una "severa demencia".
Andorra era clave en la operativa de los Pujol. De acuerdo con la Abogacía, la familia tenía varias cuentas en bancos del principado donde hacían "continuos ingresos en efectivo", a los que seguían "sistemáticos repartos del dinero" entre las distintas cuentas, bien por transferencia, bien en efectivo. "Lo habitual es que Jordi Pujol Ferrusola fuera el receptor inmediato de las grandes sumas" y después las canalizara hacia los demás.
En una primera etapa, los movimientos de dinero del clan se circunscribieron a Andorra, pero poco a poco cobraron peso "actuaciones transnacionales, dirigidas a garantizar la máxima opacidad, moviendo estos capitales a otras jurisdicciones, algunas de ellas consideradas offshore, o procediendo a su colocación en negocios en terceros países".
Así, la Abogacía apunta a un "uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana", por el cual los continuos ingresos en cuentas del dinero en efectivo que los investigados tenían en España fue a parar a sus posiciones financieras, eludiendo los controles implementados para regular la salida de divisas del territorio nacional.
El informe menciona en su mayoría cuentas bancarias de la familia, pero también observa ingresos directos de dinero en metálico a cuentas de terceros, así como a la "utilización de cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales para proceder al afloramiento de este dinero obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios legales, asegurando el éxito de sus actividades".
Regularizaron su situación tributaria de "forma incompleta" en 2014
En 2014, cerraron estas estructuras fiduciarias. Algunos, indica la Abogacía del Estado, regularizaron su situación tributaria con la amnistía fiscal, incluido Jordi Pujol Ferrusola, aunque "de forma incompleta e inexacta", al tiempo que continuó, incluso con la investigación judicial en marcha, la estrategia de ocultar sus fondos, escondiéndolos esta vez en México.
La Abogacía llama la atención sobre el papel desempeñado por Mercé Gironés como titular nominal de las "sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio", que se usó para ocultar este dinero al fisco español.
El informe de la Abogacía se conoce un mes después del escrito de acusación de Anticorrupción, en el que sí interesaba cárcel para todos los miembros del clan de los Pujol excepto para la matriarca. En concreto, pedía 9 años de cárcel para el expresident y hasta 29 para su primogénito, y, añadía a los delitos el de organización criminal o asociación ilícita. Para el resto del 'clan' las penas solicitadas van de los 17 años a los ocho.
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