El Tribunal de Cuentas abre una investigación sobre el rescate de Plus Ultra tras la denuncia de Ciudadanos

• Inicia ahora la investigación sobre este asunto con la apertura de la llamada "pieza de acción pública"
• El Supremo ha archivado la querella de Vox contra Pedro Sánchez y dos ministras por la ayuda a Plus Ultra

Un avión de la aerolínea Plus Ultra con material sanitario

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas castigadas por la COVID-19 para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación 'naranja', tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio "contra el escándalo del rescate millonario e injustificado de la aerolínea" para que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de la operación de apoyo.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia ahora la investigación sobre este asunto con la apertura de la llamada "pieza de acción pública", por la que dará traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que analicen si hay indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.

El Tribunal ha indicado que la admisión a trámite de la denuncia "no prejuzga" si puede haber indicios o no de esa responsabilidad.

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Desde Ciudadanos han celebrado que la denuncia "siga adelante" y esperan que el Tribunal determine la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, para esclarecer qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.

La denuncia defiende que hay un "presunto menoscabo" en los fondos públicos

El partido quiere saber qué cantidad de dinero "se ha desviado con este escándalo" y quiénes son los responsables, además de pedir que el dinero sea devuelto a las arcas públicas.

La denuncia defiende la existencia de un "presunto menoscabo" en los fondos públicos tras la concesión a Plus Ultra de la ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por 53 millones, "sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda".

La formación dice que no se investigó por parte de ninguna autoridad a los accionistas "sospechosos" de la empresa "ni por qué la compañía estaba en ruina", además de que la aerolínea que "no era ni estratégica ni viable". También señala que "existían evidencias de maquillaje contable y dudas de que Plus Ultra cumpliera requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias".

El TS archiva una querella contra Sánchez y dos ministras

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, sobre la concesión de fondos de la SEPI a Plus Ultra.

En un auto, los magistrados han desestimado la querella al no apreciar en los hechos denunciados indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de los aforados, al tiempo que declara su no competencia respecto a otras personas incluidas en la querella, por no estar aforadas ante el Supremo.

El auto de archivo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, recuerda la reiterada jurisprudencia de la Sala por la cual la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para investigar unos hechos si la querella que los incorpora, como es el caso, "no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional".

"En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente por los medios de comunicación", añaden los magistrados.

Además, destacan que esa "mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad".

Requieren "indicios sólidos"

Dicen los magistrados que "los hechos relacionados por distintos medios de comunicación social son relevantes, en el sentido penal del término, y podrían ser investigados por los órganos encargados de ello, pero la imputación indiciaria a una persona, aforada ante esta Sala, requiere que existan indicios sólidos de la existencia de un delito y de la intervención del aforado".

Asimismo, resaltan que Vox señala que el órgano competente para aprobar la resolución de las solicitudes de ayuda es el consejo rector de la SEPI, por lo que resultaría preciso una primera investigación sobre personas no aforadas ante el Supremo.

Para la Sala, "la legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno".

Por ello, entiende que "es precisa una mayor concreción de la imputación penal y de las bases indiciarias del hecho y de la participación de los querellados antes de acudir a la jurisdicción, realizando una imputación carente de solvencia indiciaria, a salvo de la mera transcripción y reproducción de noticias de prensa".