Identifican un nuevo cuerpo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

• Se trata de Jhosivani Guerrero y ha sido hallado en la denominada barranca de la Carnicería, contradiciendo la versión oficial
• Ya son tres los jóvenes identificados de los terribles hechos ocurridos el 26 de septiembre 2014

Foto tomada en 2020 durante las protestas en el aniversario de la desparición de los 43 estudiantes

En tres meses se cumplirán siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Ayotzinapa, cuando según la versión oficial -conocida como la 'verdad histórica'- ofrecida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el 26 de septiembre 2014 policías corruptos arrestaron a los jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Sin embargo, estos hechos ocurridos en la ciudad de Iguala podrían haberse desarrollado de otra forma, según evidencian los tres cuerpos identificados hasta ahora. El último que se ha dado a conocer este martes es el de Jhosivani Guerrero. Sus huesos -analizados por la Universidad de Innsbruck, Austria- fueron hallados en la denominada barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero de Cocula donde la antigua versión oficial sostenía que habían sido quemados los jóvenes.

El anuncio se ha realizado tras una reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional. El año pasado se obtuvo la identificación del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en restos hallados en esta misma barranca del estado sureño de Guerrero. Y además de Christian y Jhosivani, en 2014 fue identificado en otro punto de la zona Alexander Mora. Aún quedan 40 estudiantes de magisterio en paradero desconocido.

Seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

La nueva investigación evidencia incongruencias de la 'verdad histórica'

Con este anuncio son ya tres los estudiantes identificados plenamente por el Gobierno de López Obrador, que al llegar al poder en 2018 reabrió la investigación de lo sucedido y derribó la llamada la "verdad histórica". La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha informado de que los restos analizados de Jhosivani tienen una certeza genética del 99,99 % y no presentan signos de haber sido quemados, tal y como afirmaba la versión oficial del Gobierno anterior.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la identificación de los restos del estudiante Jhosivani evidencia nuevamente cómo se mintió a las familias y a México, recordando que en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "dolosamente pretendieron dar por identificado al mismo joven (Jhosivani Guerrero), sin que los valores de los resultados genéticos fueran suficientes".

Este hallazgo es un indicativo de que la nueva investigación avanza, aunque lentamente. "El Estado mexicano avanza a cuentagotas identificando los cuerpos. Ojalá que estos hallazgos puedan darnos luz sobre los otros 40 estudiantes que todavía no sabemos donde están", ha expresado en una entrevista con Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.

Olivares considera que esta nueva identificación "es un pasito más para dar justicia y reparación a las familias de las víctimas y a las propias víctimas", en un país con más de 88.000 personas sin localizar.

La controvertida resolución del caso

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno mexicano ha emitido órdenes de arresto contra militares presuntamente implicados y persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

El año pasado, un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

Familiares y activistas acusaron entonces a los jueces y a los fiscales de defectos en las investigaciones y sentencias que han dejado libres a presuntos responsables del crimen y han entorpecido la búsqueda del paradero de los desaparecidos.

Aquellas conclusiones se presentaron poco antes de que los mexicanos acudieran a las urnas para elegir 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 cargos locales, por lo que se vio como una maniobra política de campaña.