Una madre y sus tres hijos son desahuciados: ''Solo pido una semana para que acaben el colegio''
- Mónica no ha pagado los 400 euros de alquiler de una vivienda de La Caixa porque "no tiene recursos"
- Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han intentado paralizar el lanzamiento sin éxito
- Un decreto prohibe el desalojo de una vivienda de personas que no tengan alternativa habitacional hasta agosto
Mónica y sus tres hijos han enfrentado esta mañana un lanzamiento en una vivienda de alquiler de Mairena de Aljarafe, en Sevilla. Por su alojamiento, propiedad de la entidad bancaria La Caixa, pagaban un alquiler social de 100 euros que fue aumentado hasta los 400 euros. Esta madre ha contado en 'La Hora de La 1' que no ha podido hacer frente a este nuevo importe por su situación de vulnerabilidad y ha pedido una semana de plazo para que sus hijos pudieran "acabar el colegio". Situación que no ha sido tenida en cuenta por la comitiva judicial que ha acudido al domicilio a ejecutar la orden de lanzamiento impuesta por un juzgado sevillano, ante las protestas de los vecinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mairena y San Juan.
Desahucio sin alternativa habitacional
"A La Caixa le pido que me dejen una semana. Solo necesito una semana para que mis tres hijos finalicen el colegio y pueda recoger mis cosas". Así pedía Mónica la paralización del desahucio de la vivienda en la que lleva residiendo siete años en régimen de alquiler. Esta madre de familia numerosa (tres menores y una mayor de edad) ha contado que este es el cuarto desahucio que ha vivido en siete años. Ante su situación de vulnerabilidad, la entidad bancaria le ofreció un alquiler social de 100 euros durante tres años, que luego ascendió hasta los 400. “No tengo recursos para pagar, me han denegado todas las ayudas”, ha asegurado en TVE.
“Solo necesito una semana para que mis tres hijos finalicen el colegio y pueda recoger mis cosas“
Arropada por vecinos y la Plataforma Antidesahucios de Mairena y San Juan, Mónica y sus hijos han tenido que dejar finalmente su casa. Momentos de tensión se han sucedido durante la mañana entre los agentes de la Guardia Civil y los miembros de la plataforma por el acceso a la vivienda digna que intentaban parar el desalojo a gritos de "fuera del barrio" o "no estáis solos". Los servicios de emergencias sanitarias también se han tenido que trasladar hasta la zona, según ha contado el periodista Carlos González Pizarro.
La comitiva judicial ha accedido finalmente al edificio a través de una puerta trasera para proceder al lanzamiento a pesar de que están prohibidos los desahucios de personas que no tengan una alternativa habitacional hasta agosto.
En TVE hemos podido hablar con los funcionarios que aseguraban que la concejala de Asuntos Sociales sevillana había hablado con Mónica y les había trasladado que estaba dispuesta a dejar la vivienda. Un extremo que tanto la política como la inquilina han negado y que explican como "la argucia legal típica" para sacar a la inquilina de la casa. Poco más tarde, cerrajeros y técnicos cargados con una puerta antiokupas han intentado entrar en el edificio y han sido increpados por las personas allí presentes. Situación ante la que los agentes de seguridad han intervenido. Un portavoz, finalmente, ha comunicado que la familia había sido desahuciada y ha pedido la dispersión de la protesta así como que se garantizara una salida pacífica para Mónica y sus hijos.
¿Desahucios suspendidos?
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que prohibía que no tengan una alternativa habitacional. La medida fue prevista hasta el 9 de mayo (día en el que decaía el estado de alarma) y prorrogada hasta el próximo agosto. La decisión, incluía además la prohibición del corte de suministros básicos como el agua, la luz y el gas.
Sin embargo, más de 30.700 desahucios se han producido con esa protección activa. Solo en el primer trimestre de 2021, se produjeron 10.961 desahucios, unos 121 por día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Ahora, quienes luchan por el acceso al alojamiento digno, abogan por una nueva ley de vivienda que, dicen, frene la especulación y ofrezca vivienda pública y alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad como el de Mónica. En su camino, también que no se suspenda la ley que regula los precios de los alquileres en Cataluña como había previsto esta semana el Gobierno y que, finalmente, va camino del Tribunal Constitucional.
Este desahucio llega en la misma semana en la que un hombre de 58 años se haya suicidado en el barrio barcelonés de Sants tras abrir la puerta de su casa a la comitiva judicial y policial que iba a proceder a desalojarle. El Juzgado no consideró que se encontrara en una situación vulnerable como así acreditaba un informe social.