Del GAL al Yak-42 pasando por un ex GRAPO: otros indultos polémicos aparte de los del 'procés'
- Alfonso Armada (23F), un juez de la AN, un consejero del Banco Santander y un 'kamikaze', entre los más controvertidos
- Los indultos del 'procés' tienen a los principales partidos de la oposición en contra y han generado división en el PSOE
El anuncio de Pedro Sánchez de que los indultos a los presos del ‘procés' se aprobarán este mismo martes ha generado una ola de reacciones políticas entre quienes los defienden y quienes los critican. El PP ha acusado al Gobierno de "entregar España a los nacionalistas", mientras que Vox y Cs creen que Sánchez se ha "arrodillado" ante el independentismo y ha engañado a los españoles.
A lo largo de la historia reciente de la democracia española, han sido múltiples los indultos concedidos por el Gobierno y resumimos los que más controversia han generado:
23F: el indulto a Alfonso Armada en 1988
El general Alfonso Armada fue condenado a 30 años de cárcel en abril de 1983 por rebelión tras su implicación en el golpe de estado fallido del 23F dos años antes y, en la Nochebuena de 1988 recibió el indulto por parte del Gobierno de Felipe González.
En esos cinco años había sufrido varios problemas de salud en Alcalá Meco, donde cumplía condena. Armada había pedido el indulto y había mostrado el arrepentimiento hasta en cinco ocasiones y, finalmente, el Ejecutivo se lo concedió alegando razones de salud y dado que el reo había acatado la Constitución Española. Armada vivió hasta los 93 años y, cuando falleció en 2013, los reyes Juan Carlos y Sofía enviaron el pésame a la familia a título personal a través de un telegrama.
Sin embargo, el mismo Gobierno de González rechazó el indulto a Antonio Tejero, el teniente coronel responsable del asalto al Congreso de los Diputados la noche del 23F. Él no lo había pedido personalmente, pero sí la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. El Tribunal Supremo avaló el indulto no por razones de “justicia” sino de “utilidad”, pero el Ejecutivo rechazó indultarle dado que no había mostrado su arrepentimiento por el intento golpista. Tejero también había sido condenado junto con Armada a 30 años de prisión, pero salió con el tercer grado ese mismo año y accedió a la libertad condicional en 1996 tras cumplir la mitad de su condena.
Los GAL: el indulto a Vera y Barrionuevo en 1998
José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad durante el primer Gobierno de Felipe González, fueron condenados junto con otros ocho cargos públicos en el verano de 1998 a diez y doce años de prisión por el secuestro en 1983 del ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con un dirigente de la banda terrorista ETA, en la que fue una de las primeras víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) -agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado contra ETA y su entorno-.
Sin embargo, tan solo permanecieron tres meses en prisión ya que, también durante las Navidades de ese año, el Gobierno de José María Aznar concedió un indulto parcial de la pena, reduciéndola en dos tercios, junto al tercer grado penitenciario.
Indulto al juez Javier Gómez de Liaño en el 2000
El exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño fue condenado en 1998 a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación durante su instrucción como juez del caso Sogecable, por el que procesó a altos dirigentes del Grupo Prisa, a quienes imputaba un presunto delito de apropiación indebida.
En el año 2000, fue indultado por el Gobierno de José María Aznar dentro de una gracia masiva con otros 1.400 presos. Entonces, el ministro de justicia, Ángel Acebes, explicó que aquellas medidas de gracia fueron solicitadas por la Santa Sede en el Año Jubilar a todos los gobiernos como un “signo de clemencia en favor de todos los encarcelados con motivo del Año Santo para una adecuada reinserción de los presos en la sociedad”. El indulto permitió a Liaño volver a la carrera judicial con la condición de no reincorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años.
Un ex GRAPO: indulto a Sebastián Rodríguez Veloso en 2007
Sebastián Rodríguez Veloso había sido condenado en 1985 a 84 años de prisión por pertenecer a banda terrorista -fue miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)- y por asesinar al empresario andaluz Rafael Padura. Durante su estancia en prisión, inició una huelga de hambre en 1990 para reunificar a los GRAPO que duró más de 400 días y quedó postrado en silla de ruedas.
En 1994 quedó en libertad condicional e inició una meteórica carrera como nadador, llegando a lograr cinco medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 y tres en los de Atenas 2004. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le concedió el indulto a cambio del pago de las indemnizaciones pendientes, pese a la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Indulto a un consejero del Banco Santander en 2011
En 2009, el consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de cárcel y a pagar una multa de 9.000 euros por los delitos de acusación y denuncia falsa durante su época previa como presidente de Banesto. Los hechos se remontaban a 1994, cuando Sáenz, para cobrar una deuda, presentó una denuncia falsa por estafa y alzamiento de bienes contra los clientes y empresarios Pedro Olabarría, Modesto González y José Ignacio Romero, a quienes reclamaba unos 3,6 millones de euros actuales. Pese a la falsedad de la denuncia, los tres fueron condenados e ingresaron a prisión.
El Supremo rebajó en 2011 la condena a tres meses de prisión y a una inhabilitación como banquero. Pese a llevar dos años con antecedentes penales, Sáenz continuaba como consejero delegado del Santander cuando el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero acordó el indulto para Sáenz con el informe favorable de la Fiscalía pero no del tribunal sentenciador. El Supremo informó de que no se daban “razones de justicia y equidad” para su indulto.
El indulto para Sáenz finalmente fue parcial y le permitió conmutar la pena de cárcel y también la accesoria de inhabilitación por una multa de unos 6.000 euros. Con él, se eliminaron los antecedentes penales, condición para cumplir con los requisitos de “honorabilidad” que exige el Banco de España a los ejecutivos del sector financiero. Pero en 2013, el Supremo anuló una parte al entender que el Ejecutivo se excedió en eliminar los antecedentes previos a la condena, lo que supuso de nuevo la inhabilitación, sentando con ello un precedente.
Yak 42: el indulto a Ramírez y Sáez en 2012
El accidente de avión del Yak-42 en Turquía en el 2003, que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban tras más de cuatro meses de misión en Afganistán y Kirguistán, así como a la tripulación del avión, fueron condenados tres cargos del Ejército en mayo de 2009. Más allá del cuestionable estado del avión en el que iban a viajar los militares para volver a España, los errores a la hora de la identificación de los cadáveres fueron múltiples. Muchos se repatriaron sin haberles realizado la autopsia de identificación, sin certificado de defunción ni la documentación necesaria.
Hubo tres condenados por falsedad documental. El General Vicente Carlos Navarro fue sentenciado a tres años de cárcel, una multa de 1.800 euros y una indemnización de 300.000 para las familias, mientras que el comandante José Ramón Ramírez y el capitán médico Miguel Ángel Sáenz lo fueron a un año y seis meses y un año de inhabilitación, así como una multa de 900 euros para cada uno de ellos.
En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió el indulto parcial a Ramírez y Sáez pese a la indignación de las familias de los fallecidos. Solo afectó a la pena de inhabilitación, ya que la de prisión había sido suspendida previamente por la Audiencia Nacional y ya habían satisfecho la multa. El indulto no llegó para Navarro, que ya había fallecido.
Doble indulto a cuatro mossos condenados por torturas en 2012
En julio de 2006, los mossos d’Esquadra Joan Salva, Manuel Farré, Fernando Cea y Jordi Perissé confundieron a un ciudadano rumano, Lucian Paduraru, con un atracador violento. Lo esperaron en la puerta de su casa y, sin identificarse como policías, lo golpearon, humillaron y amenazaron con una pistola ante los ojos de la mujer de la víctima, embarazada de tres meses y que también recibió un trato vejatorio. Después, lo llevaron al calabozo y lo liberaron al día siguiente al darse cuenta de que no se trataba del delincuente al que buscaban.
Por estos hechos probados, la Audiencia Nacional condenó a los tres mossos por delitos de torturas, lesiones agravadas y por un delito contra la integridad moral, aunque el Supremo rebajó la sentencia finalmente a cuatro años y seis meses de cárcel para tres de ellos y mantuvo la condena de dos años y tres meses de prisión para Cea.
En febrero de 2012, el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy concedió el indulto parcial y redujo las penas a dos años de prisión, entendiendo que al no tener antecedentes penales no se ejecutaría la pena de cárcel. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decretó su entrada en prisión. Finalmente, el Ejecutivo procedió a un segundo indulto y sustituyó la pena de cárcel por multas de 7.200 euros.
Indulto al ‘kamikaze’ de Alzira en 2012
Es otro de los indultos que más polémica ha generado. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy indultó a un conductor ‘kamikaze’ que cumplía una pena de 13 años de prisión tras causar la muerte de un hombre y herir a su acompañante al chocar frontalmente con otro vehículo después de conducir varios kilómetros en dirección contraria y a alta velocidad por una autopista de Polinyà del Xúquer, Valencia.
El Ejecutivo conmutó la pena de cárcel a cambio de una multa de 4.000 euros. Pero después se desveló que el abogado del indultado era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, trabajaba junto con un hijo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el despacho de abogados de Uría y Méndez que tramitó la petición de la medida de gracia.
Todas aquellas circunstancias suscitaron mucha controversia en relación al indulto. Además, en 2013, el Tribunal Supremo lo consideró “arbitrario”, un año más tarde, el ‘kamikaze’ regresó a la cárcel.
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