El Gobierno aprecia "un vicio de origen" en el informe del Consejo de Europa por compararlo con la situación en Turquía

• El texto aborda de manera conjunta el caso de los políticos kurdos encarcelados en Turquía
• La resolución pide excarcelar a los presos del 'procés', reformar el delito de sedición y retirar las euroórdenes

Imagen de archivo en la que aparecen los presos del 'procés' que se encuentran en la cárcel de Lledoners.

El Gobierno "mantiene un reproche general" al informe del Consejo de Europa sobre los presos del 'procés', y aprecia "un vicio de origen" e incoherencias, pues cuestiona la libertad de expresión de los políticos en España e insta al Ejecutivo "a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado este lunes una resolución que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional", así como "la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición" en vigor contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos.

Rechaza que se trate junto al caso de Turquía

El texto, cuyo ponente fue el legislador letón Boris Cilevics, aborda la situación de los políticos kurdos encarcelados en Turquía y de los políticos catalanes en prisión.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores explica que el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad. Además, valora que el texto haya evolucionado desde su redacción inicial a posiciones más matizadas y respetuosas con España.

"Varias de sus recomendaciones -añade- forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, como son la apertura del diálogo o la concesión de indultos".

No obstante, "persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas", advierte el comunicado.

Considera que choca con el principio de separación de poderes

"Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator", lamenta el Ministerio de Exteriores.

El departamento que dirige Arancha González Laya advierte de que las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones, "chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes".

Por otro lado, el Ministerio opina que la resolución consolida la línea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, marcada en el debate del pasado 3 de junio, que reconocía a España como "una democracia vibrante, con un Estado de derecho que funciona, con jueces independientes y con un orden constitucional que es preciso respetar".

"Reconocía también que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y que desafió los mandatos del Tribunal Constitucional", concluye Exteriores.

Reacción de otros partidos

Desde ERC han sido distintas las voces que han aplaudido el informe del Consejo de Europa. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès,considera que la resolución lanza un mensaje "claro" a la Justicia Española.

"Claro mensaje del Consejo de Europa a la justicia española. Marca el camino para revertir la represión y la causa general contra el 1-O. Es oxígeno para la resolución del conflicto político entre Cataluña y España mediante la negociación y la democracia. Cataluña se compromete", ha escrito en Twitter Aragonés.

El PP, por el contrario, ha insistido que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías. La premisa sobre la que se sustenta el informe, ha dicho la diputada Valentina Martínez Ferro, es "falsa" puesto que "en España no hay ningún político condenado por ejercer su libertad de expresión".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el texto del Consejo de Europa está "lleno de mentiras".

"El Consejo de Europa aprueba un informe lleno de mentiras. Otra vez Sánchez tolera que nuestras instituciones queden a los pies de los caballos. Propagandistas de la Leyenda Negra: ni ayer ni nunca podréis con España. Con nuestra soberanía no se juega", ha escrito Abascal en la misma red social.

También el representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado los términos del informe y ha preguntado "quién es un diputado letón para atacar la soberanía jurídica de España". No ha podido intervenir en la Asamblea por la organización del debate, pero ha grabado un vídeo a sus puertas en el que incluso rasga los papeles del 'informe Cilevics'.