Bachelet denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua

• Considera que la crisis imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre
• La alta comisionada para los Derechos Humanos ha lamentado los arrestos arbitrarios y pide "cambios urgentes"

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que, a su juicio, imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...), pero ésta no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", ha señalado la expresidenta chilena en su intervención.

Bachelet ha lamentado que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan arrestado a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían manifestado su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

Arrestos rodeados de "graves violaciones de garantías procesales"

Se ha detenido también a otros ochos líderes políticos (entre ellos cinco mujeres) y dos dirigentes gremiales, "bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias", ha subrayado Bachelet, quien ha insistido en que los arrestos han estado rodeados de "graves violaciones de las garantías procesales".

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, "como en efecto está ocurriendo", ha asegurado la alta comisionada.

Bachelet también ha criticado la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión "no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales", así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

La alta comisionada ha afirmado que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la "persecución selectiva" contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

"Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos", ha subrayado, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.

Pide al presidente Daniel Ortega "cambios urgentes"

Los abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, "generan un clima de temor" que en opinión de la alta comisionada "inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo".

Bachelet ha pedido por todo ello al Gobierno del presidente Daniel Ortega "cambios urgentes", que "implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral".

También ha apelado a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.

Por último, ha reclamado que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, "a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país".